JERUSALÉN. El informe del Ministerio de Salud habla de «cosas terribles con las que es imposible vivir, y que están en absoluta contradicción con los cometidos éticos de la Medicina y de las instituciones de la Sanidad». El espeluznante veredicto se refiere a los resultados de la investigación en curso sobre los supuestos experimentos ilegales desarrollados de forma sistemática durante años en «centenares» de pacientes ancianos sin consentimiento previo por cuatro médicos del prestigioso hospital israelí Kaplan y del geriátrico Hartfeld. El lunes, informa el Jerusalem Post, se sentarán por primera vez ante un tribunal para dar cuenta de la que podría ser la infracción más grave descubierta nunca en la Sanidad del país.

Experimentos genéticos

Se sospecha que las pruebas científicas, entre las que al parecer se encontraban experimentos genéticos y estudios con drogas «no certificadas todavía para su uso por las naciones occidentales», desembocaron en la muerte directa de al menos una mujer que fue sometida a diversos test entre 2000 y 2003, y en la indirecta de otros 12 hombres y mujeres, que fallecieron «durante o inmediatamente después» de los ensayos clínicos.

La acusación a estos doctores -Shmuel Levy, subdirector del Kaplan-Hartfeld; Nadya Kagnasky (ambos detenidos por orden de la Corte de Magistrados de Tel Aviv); Alona Smirnov, bajo arresto domiciliario de cinco días, y un cuarto facultativo que ha sido puesto en libertad- ha conmocionado a la sociedad israelí, que se ha visto sacudida por los indicios de un escándalo que tiene todos los ingredientes de una película de miedo. Indicios, que no detalles para preservar todo lo posible los derechos de las ultrajadas víctimas, de las que sólo ha trascendido que en muchos casos padecían trastornos mentales, que fueron presuntamente aprovechados por los médicos para utilizarles como «conejillos de indias» sin contar con su voluntad.

En el informe sobre el caso, emitido en mayo de 2005 por el entonces fiscal del Estado, Eliezer Goldberg -una de las principales fuentes de la investigación-, figuran los supuestos formularios de consentimiento de siete pacientes afectados, algunos mayores de 90 años y todos con serias deficiencias cognitivas, que se han encontrado «firmados» con las respectivas huellas dactilares de los ancianos, que se teme fueron impresas sin que los enfermos se enteraran de ello. Paralelamente, constan otros dos formularios referidos a dos mujeres de 91 y 101 años respectivamente, igualmente «rubricados» sin la presencia de ningún familiar o representante legal.

«Homicidio culposo» por negligencia, fraude, falsificación y obstrucción de la investigación, además de abuso de la falta de salud de las víctimas con agravante de lesiones y violación de las obligaciones estatutarias, son los cargos de los que deberán responder los imputados. Aunque su conducta no es la única que aparece en entredicho en esta trama, que se destapó a raíz del testimonio de un facultativo, el doctor Avner Shahar, que denunció al departamento de Salud haber sido trasladado del hospital Harzfeld -donde trabajó entre 1996 al 2003- a ejercer en un distrito diferente «por quejarse de las prácticas que veía en el geriátrico, incluidos innumerables experimentos llevados a cabo de forma inapropiada».

La investigación indica que la comisión que se encargó de las pesquisas hizo frente a «mentiras extremadamente graves y a muchos intentos de encubrir la verdad» por parte de «altos funcionarios de la Administración» del centro médico Kaplan, que el informe advierte fueron «coordinados por adelantado» para mentir o amenazados si hablaban más de la cuenta. También se critica con dureza al comité hospitalario de Helsinki -encargado del control de experimentos con humanos, y establecido en los centros israelíes con arreglo al Acuerdo de Helsinki firmado en 1964 en respuesta a los experimentos de este tipo registrados durante la Segunda Guerra Mundial- y al que se acusa en este truculento episodio de haber fallado en su «mandato de proteger el interés público».

Actuación vergonzosa

Se reprocha que el equipo de vigilancia actuó de manera «vergonzosa», permitiendo que los médicos realizaran test que nunca debieron ser aprobados, en vez de exigir cambios en los procedimientos que redujeran al mínimo el daño potencial a los pacientes.

Junto a ello, ni siquiera el propio Ministerio de Salud sale ileso en este tejido presuntamente delictivo, a saber, por las conclusiones del auditor del Estado que reprocha a esta instancia, y no sólo al hospital, «una larga lista de descuidos y continuas negligencias respecto a su papel de supervisión de los experimentos», y particularmente a la Administración.

En concreto, haber tardado «ocho años en emitir un informe pidiendo que se establezcan reglas (sobre los experimentos científicos en humanos) y castigos para quien las violen», que en junio todavía no habían entrado en el Parlamento.