I

Hay mentiras que superan todas los mejores esfuerzos dialécticos y documentales que puedan oponérseles y se proyectan en el tiempo hasta convertirse en “verdades” inconcusas colectivamente aceptadas. Una de ellas consistiría en el descalabro que habría sufrido la educación universitaria y nuestro desarrollo científico a raíz de la renuncia “masiva” de docentes e investigadores provocada por la famosa “noche de los bastones largos”. Años y años repitiendo la misma fábula han logrado que se termine aceptándosela en todos sus detalles y en todas sus consecuencias. Dejando de lado la valoración moral de las causas que produjeron los hechos, estamos seguros que lo mismo ocurrirá con el tema de los 30.000 desaparecidos, aunque no excedan los 8.000 y hasta es posible que tal cantidad siga reduciéndose a medida que vayan “apareciendo” gradualmente otros desaparecidos, como Carmen Argibay, por ejemplo, la recientemente designada miembro de la Corte Suprema de Justicia a instancias de Kirchner, una defensora del matrimonio entre homosexuales, partidaria del aborto y de la despenalización del consumo de estupefacientes.

Que la izquierdas exhumen cada dos por tres el episodio de la “noche de los bastones largos” para mantener vivas y en alza sus banderas revolucionarias y propagandísticas, vaya y pase. El desapego a la verdad en que viven, que forma parte de su inveterada patología y absoluta inescrupulosidad, hace que no nos conmuevan sus trinos. Forman parte del paisaje en que se mueven y al que estamos ya acostumbrados. Pero que un Ministro de Educación, tan luego de educación, se apropie de la fábula y la integre al arsenal de los “contenidos pedagógicos” de su cartera en función del cargo que ocupa es algo más que poco serio: es repugnante.

En efecto, en su edición del sábado 6 de agosto, el diario La Nación incluye en su página principal un artículo de Daniel Filmus titulado Una noche demasiado larga que recoge todos los lugares comunes de la susodicha fábula, a saber, que el gobierno militar clausuró en 1966 “un proyecto científico y educativo de excelencia” que venía desarrollándose en un “marco institucional y participativo”; que el rector, decanos, consejos directivos, profesores y estudiantes con “lucidez y valentía” dieron una “gran lección” ética en una declaración en defensa de la autonomía avasallada y de la plena vigencia de los principios democráticos”; que fueron desalojados a “palos, patadas y gritos” por “soldados enardecidos”; que hubo 400 heridos y detenidos y que todos los decanos de la Universidad de Buenos Aires, 1400 docentes y 300 científicos “debieron abandonar el país”; que se destruyó la Clementina, primera computadora de la universidad, en un acto de “irracionalidad ”de valor simbólico; que como consecuencia “terrible” de todo esto se retrasó el progreso del país; que el desalojo inauguró una “escalada de violencia irracional” y un proceso que degradaría las bases de la educación pública; que el “saber, la democratización del conocimiento, la reflexión crítica y la dignidad son siempre una usina de libertad incompatible con los regímenes dictatoriales”. No podía faltar una alusión a Manuel Sadosky, “referente indiscutido de la comunidad científica”, antes de un cierre a toda orquesta, superficial y a todas luces falso: “Nuestro desafío, como autoridades, docentes, investigadores y ciudadanos, es estar a la altura de ese legado y trabajar cotidianamente para reconstruir un sistema educativo de excelencia que siente las bases del progreso e irradie los valores democráticos y morales que ellos supieron sostener y que los niños y jóvenes argentinos merecen”.

Veremos a continuación, aunque muy brevemente, quiénes eran y qué clase de “valores democráticos y morales” sostuvieron y legaron las “víctimas” de aquella mítica “noche de los bastones largos”.

Un análisis del artículo de Filmus, a despecho de que se trata, por su contenido, poco más que un panfleto, más digno de un dirigente estudiantil reformista en plena campaña agitadora que de un funcionario responsable, siendo, por lo tanto, despreciable por su inconsistencia, debería ser sometido a lo que los viejos metodólogos de la historia suelen recomendar en sus manuales, esto es, a un examen heurístico para determinar las fuentes de su “conocimiento”. Este paso previo en atención a que el Ministro debía transitar en 1966, cuando ocurrieron los sucesos que interpreta del modo que hemos visto, tal vez los primeros años del ciclo secundario, y que, en consecuencia, no pudo ser un testigo ni presencial ni inteligente. Seguidamente, identificadas las fuentes, habría que aplicarle las reglas propias de la crítica de “autenticidad” y de “veracidad”. Pero, pensándolo bien, es demasiado para tan poca cosa, de modo que solamente ensayaremos algunas apostillas a su artículo para matizar la valoración de la epopeya que nos quiere presentar y poner al mismo tiempo en sus justos términos la fantasía urdida en torno de las fatales consecuencias que habría traído un aporrreamiento circunscripto y unas renuncias limitadas.

II

Parece conveniente efectuar antes un sumarísimo pantallazo histórico para ubicar en contexto preciso la “noche de los bastones largos”. La propaganda de las izquierdas nos describe una realidad universitaria brillante, “un proyecto científico y educativo de excelencia” que el golpe militar del 28 de junio de 1966 habría clausurado violentamente. Quienes transitamos las aulas durante los años anteriores a aquel episodio no nos tragamos ese rugoso sapo y podemos afirmar, con serenidad y espíritu objetivo, que el meneado “proyecto de excelencia” sólo está en la cabeza de los sobrevivientes y beneficiarios de aquellos momentos de la vida universitaria argentina, que manejaban discrecionalmente. También en la de sus discípulos y herederos actuales, entre los que se cuenta Filmus, que por entonces era, sí, él, un puro proyecto. El sectarismo ideológico, el desorden en los claustros, el patoterismo, la arbitrariedad cotidiana, la violencia ejercida por las agrupaciones estudiantiles con apaleamientos y algún asesinato de por medio (¿quién no recuerda el caso de Hernán Spangenberg?), y el adoctrinamiento para engrosar la incipiente guerrilla, que ya había asomado en Tucumán y otros lugares, era el verdadero rostro del meneado “proyecto de excelencia”. Claro que no es lícito ni justo meter a todas las Facultades de la UBA en la misma bolsa. La virulencia del activismo de las izquierdas se manifestaba de distinto modo en diferentes ámbitos, pero en todas abría un ancho camino, con el amparo y el estímulo de algunos docentes, para el ejercicio de la violencia revolucionaria de signo ideológico marxista. La experiencia cubana era el modelo y la presencia aún vigorosa de la URSS en el escenario mundial una perspectiva inquietante para los que avizoraban un peligro en semejante maridaje.

En este marco, que no hay que perder de vista para ponderar adecuadamente los hechos, muchas voces se alzaron en el país reclamando poner freno al desquicio universitario. No pedían una mera intervención: “resulta pueril creer que desempolvando a algún señorón de la galería de las inutilidades, e invistiéndole como interventor, se solucionarán los problemas”. Y los problemas se resumían, en la opinión de ese cronista, en tres palabras; “anarquía”, “desorden”, “mediocridad”. Se pretendía extirpar el mal mediante una reorganización de fondo. Según los más lúcidos críticos, había que refundar una universidad para la Nación, comenzando por liquidar un sistema tripartito que no tenía precedentes en el mundo entero y poner la institución en manos exclusivas del cuerpo docente, erradicando la politización de los claustros. La autonomía universitaria era un absurdo. Debía considerarse, en todo caso, en el sentido de “libertad de cátedra”, pero jamás como un fuero que asegurara a la universidad su extraterritorialidad en tanto era parte de la administración de un gobierno que la sostenía con su presupuesto. No se ponía en duda la libertad de acceso al estudio, pero se abominaba del electoralismo universitario.

Sin embargo, desde dentro y desde fuera de la universidad, otros sectores de opinión reclamaron su intervención. Recordamos el acto público que se realizó el 6 de julio de 1966 en la Facultad de Derecho convocado por la Agrupación Libertad de Filosofía y Letras, el Frente Independiente de Ciencias Económicas, el grupo Acción de Ingeniería, el Movimiento Social Cristiano de Derecho, el Movimiento Universitario de Centro Auténtico de Derecho, los Sindicatos Universitarios de Universidades Privadas y otras entidades estudiantiles. Finalmente, casi un mes después del golpe, el 29 de junio se dictó la ley 16.912 que disolvió los consejos académicos y superiores y determinó que los rectores de las universidades nacionales y los decanos que estuvieran en el ejercicio de sus cargos prosiguieran en el desempeño de sus funciones hasta que se estableciera un régimen definitivo para la Universidad. La reacción fue inmediata. Varias dependencias universitarias fueron tomadas. Impartida la orden de desalojo, la acción policial fue severa en exceso y hasta innecesaria allí donde se presentó mayor resistencia: la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Nacía la fábula de la “noche de los bastones largos”. Fábula, no porque no hubieran bastones largos, que los hubo y se usaron, pero no por “soldados enardecidos”, como afirma irresponsablemente Filmus, sino por la Policía Federal por orden del Ministerio del Interior. Fábula por todos los aditamentos que se le agregaron para convertir un hecho ciertamente indeseable en una hecatombe nacional.

III

El 16 de agosto de 1966 asumió el doctor Luis Botet como Rector-Interventor de la Universidad de Buenos Aires. A raíz del hecho, que venía a dar al traste con el verdadero “proyecto” de convertir al organismo en un foco intelectual activo de la revolución utópica que se concebía para Latinoamérica toda tras las huellas de las experiencia cubana, los docentes más comprometidos e identificados con esos propósitos pretendieron paralizar la vida universitaria presentando sus renuncias a los cargos docentes y presionando a otros colegas para que los acompañaran. Esperaban una reacción en cadena y para ello estimularon huelgas universitarias, publicaron solicitadas y promovieron pronunciamientos desde el exterior. Pero fracasaron. Entre los renunciantes, la mayoría eran modestos Ayudantes de Cátedra y Jefes de Trabajos Prácticos. Las dificultades para que las Facultades pudieran re-tomaran su ritmo con la cobertura de los cargos vacantes fue superada sin grandes inconvenientes. La mayoría del cuerpo docente quedó en sus pues-tos. ¿Por qué habrían de solidarizarse con quienes en 1955 habían expulsado a docentes por el sólo hecho de ser peronistas, sin considerar sus méritos y antecedentes científicos? ¿Con qué autoridad convocaba la FUBA, que en 1955 había apoyado a un gobierno militar que derrocó mediante un golpe a un gobierno constitucional, interviniendo los sindicatos a los cuales ahora se les pedía apoyo?

Cabe preguntarse aquí cuántos docentes e investigadores renunciaron. Según Filmus, 1400 y 300 respectivamente, que “debieron abandonar el país". Se excedió en la mentira, pero se comprende. Es la misma táctica que se emplea con el tema de los “desaparecidos”. Falseando las cifras se pretende darle mayor relieve y dramaticidad. Las estimaciones más confiables dicen que renunciaron entre un 5 a un 8 %, es decir, una insignificancia. Houssay dijo en el Directorio del CONICET: “la mayoría de los profesores universitarios no han renunciado”. Sabemos que muchos de los renunciantes, engañados o llevados por una solidaridad circunstancial, pronto se arrepintieron y volvieron a sus cátedras, o cambiaron de domicilio, con lo que quiero decir que cambiaron una universidad por otra, bajo el mismo “gobierno dictatorial” al que acusaban de avasallar a la universidad. Muy pocos se fueron al exterior. Y por si no se recuerda, no fueron echados, simplemente renunciaron por propia voluntad al perder el control de la universidad.

De esencia liberal al fin, el gobierno del general Juan Carlos Ongañía, que en la ilusión de muchos prometía ser verdaderamente “revolucionario” y “nacional”, diluyó la reclamada reconstrucción de la universidad para reducirla a la solución administrativa de un “problema”. Se cumplió el vaticinio de unos pocos: la Revolución Argentina desempolvó al señorón de la galería de inutilidades para resolver el “problema” universitario. El renunciante decano de la Facultad de Ingeniería de La Plata declaraba el 10 de agosto que “ahora creo que la decisión del gobierno no pretende destruir a la Universidad”, y el ministro Martínez Paz daba seguridades de la “plena estabilidad de los profesores”.

La Universidad, contra  lo que se piensa, fue cobrando paulatinamente su antigua y peor fisonomía. Se reintegraron muchos profesores y las labores de los sectores de izquierda recomenzaron, crecieron y se agudizaron hasta hacer explicable los sucesos de la universidad durante la presidencia de Cámpora, que no hizo otra cosa que exteriorizar brutalmente lo que se fue gestando a muy pocos meses de la “noche de los bastones largos”.

IV

Los que se presentaron como víctimas de la dictadura militar no fueron otros que los victimarios de 1955. Hay que recordar de qué métodos se valieron porque parece que se ha perdido la memoria de lo que fue aquello y hasta los peronistas mismos se suman solidarios hoy a los ayes de quienes los persiguieron despiadadamente empleando toda clase de recursos ilícitos.

Una larga carta al doctor Arturo Frondizi, Presidente de la Nación, fechada el 12  de mayo de 1958 y firmada por profesores de la UBA, entre las que destacamos al insospechado Jorge A. Taiana, resumía la situación así: 

“Entienden los señores profesores que en la Universidad se han violado elementales normas éticas y de convivencia humana al despojar, sin forma alguna de juicio y sin posibilitar el ejercicio del sagrado derecho de defensa, de cátedras y cargos conquista-dos en concursos públicos y ajustados a positivas normas legales.

“En esa avalancha de atropellos e irregularidades sin nombre ni precedentes, no se han respetado ni merecimientos, ni fama ganada con el sacrificio de vidas consagradas a la ciencia y a las nobles especulaciones del espíritu, ni antigüedad en la docencia de muchos años. [...].

“Se dispusieron, señor Presidente, cesantías en masa de profesores, resueltas por simples funcionarios sin categoría universitaria; eliminaciones que no tuvieron jamás aprobación formal del Poder Ejecutivo y que fueron sancionadas sin sumario, ni juicios ni defensa. Esto puso en evidencia que cerradas y antidemocráticas discriminaciones ideológicas, religiosas y políticas y cuando no intereses personales, fueron los únicos motivos determinantes de aquéllas. La prueba está en que la mayor parte de los profesores (dejando de lado los que renunciaron ante la violencia de hecho o el desquicio reinante) aún ignoran las razones de su separación, y existe la grave sospecha de que éstas no se encuentran determinadas ni documentadas en protocolos o actas oficiales de ninguna especie. Por lo mismo, ha sido inútil la tramitación de cualquier recurso por falta de un mínimum de garantías.

“El reemplazo de los catedráticos desplazados mediante concursos entorpecidos por una serie tortuosa de inhabilitaciones, impugnaciones y agraviantes distingos morales y políticos, aparece como formando parte de un plan deliberado para hacer cosa juzgada en lo que primero fue despojo y después propósito de consagración definitiva.

“El hecho de que fuera eliminado más del noventa por ciento del personal docente, y que después se abrieran concursos para cubrir las cátedras que así quedaran vacantes, y se estableciera a renglón seguido una inhabilitación para todos aquellos profesores que lo hubieran sido desde 1946 y permanecido en la Universidad en esa época, configura una descarada maniobra para apoderarse sin escrúpulos de esas cátedras. Parecería, señor Presidente, exageradas nuestras palabras, pero las propias disposiciones con que se intentó legalizar tales presudocompetencias se encargan de confirmarlas.

"En efecto, y en primer lugar, los profesores reemplazantes fueron elegidos en última instancia por comisiones asesoras, reclutadas entre personas de reconocida filiación ideológica antinacional, ciegamente inclinados a un innoble revanchismo, lo que las hacía incompetentes para poder seleccionar con ponderación a los futuros profesores por sus méritos científicos.

“En segundo lugar, se utilizó un sistema odioso de impugnaciones mediante juntas de egresados y alumnos cuidadosamente digitados. Pero esto no fue suficiente. El entonces Interventor de la Universidad, señor Romero, autorizó a los interventores de las facultades a eliminar de los concursos, de oficio, a los presentantes cuando éstos hubieran sido simplemente profesores con anterioridad al 16 de septiembre de 1955. Se autorizaron demasías de grupos estudiantiles, representantes de minorías en la Universidad, que habían gestionado e impuesto, como es de público conocimiento, la designación de dicho señor Romero. En este orden de cosas, declararon impugnable a todos los profesores que en la época anterior habían permanecido en sus cátedras aunque sus nombramientos dataran de muchos años atrás. Por este solo hecho se los consideró incursos en una 'adhesión pasiva' al gobierno abatido, aunque no hubieran realizado actos de adhesión política.

“Todo este clima de exageraciones y falsedades, encubría un deliberado propósito: eliminar una generación de profesores que no servía a la ideología extremista de quienes intentaban suplantarlos o que no pertenecían a camarillas antinacionales de donde éstos provenían.

“Se designaron –como ha ocurrido en numerosas facultades del país- profesores sin título universitario habilitante y sin la más remota vinculación con la Universidad Argentina, contraviniéndose con ello normas legales y reglamentarias que en todas las épocas fueron respetadas escupulosamente”.

La carta pedía la anulación las “medidas represivas” y señalaba que, sin haberse derogado las leyes 13.031 y 11.297,

“quienes habían tomado el comando de la Universidad, precedidos de actos de fuerza y asalto al recinto mismo del Rectorado y a las demás facultades, lo que había sido previamente planeado, expulsaron a profesores y dictaron medidas que importaban una flagrante trasgresión a las disposiciones en vigor. [...].

“Se ha cometido coacción moral y física para obtener renuncias; se ha ofendido con términos lesivos e injustos y, por supuesto, impropios del ámbito universitario, a personas conocidas y respetables. En otras palabras, Excelentísimo Señor, y para abarcar íntegramente este espectáculo inconcebible de atropellos y vejámenes, debemos francamente declarar que no se ha dejado en pie norma ética o legal alguna para, por esta expedita vía de impunidad, agraviar o sancionar a quienes no participaran de la ideología de los que, encaramados en la Universidad, quisieron hacer de ésta y para aquélla, un reducto exclusivo e inexpugnable, sostenido con desatada violencia y en medio de un verdadero caos docente y financiero, donde la jerarquía y el orden, esenciales en las altas casas de estudio, han quedado totalmente abolidos”.

Todas las brutalidades responsablemente descriptas por los eminentes profesores que firmaron la carta nos eximen de la tarea de aportar más datos para la calificación moral de las personas que se apropiaron de la UBA y la gobernaron hasta 1966. Sus tropelías no tienen punto de comparación con aquellas que supuestamente los tuvieron por objeto.

V

Llegado aquí parece oportuno delimitar geográficamente el episodio denominado la “noche de los bastones largos” porque se ha pretendido darle una escala que no tuvo. La trifulca, en rigor, se circunscribió a la Universidad de Buenos Aires y dentro de la misma no a todas las Facultades sino a las más altamente politizadas e ideologizadas, esto es, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la Facultad de Filosofía y Letras. Esto empequeñece la dimensión del supuesto descalabro y retroceso que habría sufrido la ciencia y la educación, a menos que se piense que la ciencia y la educación solo tienen como recinto exclusivo y excluyente a la Universidad de Buenos Aires y que el 5 u 8 % de sus cultores representaban la totalidad. Decimos esto porque las viudas, supervivientes y herederos de ese “holocausto” criollo le dan proyección nacional a un fenómeno que fue capitalino. Tan es así que muchos de los renunciantes simplemente cambiaron de recinto para proseguir con sus actividades en la docencia y en la investigación dentro del país. Hace poco escribimos sobre el caso de un director actual del CONICET que se alejó por su propia voluntad en aquella ocasión, afincándose en Córdoba para seguir allí normalmente con sus tareas y carrera ascendente. El caso de Juan J. Giambiagi, por ser una figura emblemática de la izquierda, es especialmente destacable como ejemplo. No sólo permaneció en el Directorio del CONICET, que era un organismo dependiente del “dictador” repudiado por la comunidad universitaria, sino que también fue invitado a ingresar a la Carrera del Investigador y, a propuesta de Antonio E. Rodríguez, se incorporó como docente en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Figurará en la lista de los que dieron, según Filmus, una “gran lección” ética?

VI

Los mismos que tomaron por asalto a la Universidad y ejercieron en ella toda clase de violencias contra los docentes peronistas en 1955, aquellos mismos interventores que se rasgaron en 1966 las vestiduras por la intervención, han conseguido convertir un hecho anecdótico en una categoría con valor simbólico. Nos referimos a la Clementina, una computadora cuya destrucción vendría a ejemplificar, según palabras de Filmus, la “irracionalidad” que se impondría a todo el país. Así dicho, la destrucción habría sido obra de los militares. Sin embargo, la verdadera historia es bien distinta. La hemos contado en detalle en un artículo titulado Los olvidos de don Manuel y la ignorancia de Nora Bär. Como no queremos repetir lo que documentamos allí, ensayaremos una síntesis. Con respecto a Manuel Sadosky, “referente indiscutido de la comunidad científica” en la opinión de Filmus, señalamos:

1. Que su calidad de científico importante es un invento de sus camaradas a partir de la publicación de un manual sobre Elementos de cálculo diferencial e integral, que es manual de divulgación.

2. Que antes que a la verdad científica, Sadosky, el “maestro”, hizo prevalecer su fidelidad al Partido Comunista de obediencia soviética –al que pertenecían las principales cabezas de la reacción universitaria de 1966– diciendo que la “eliminación” de las teorías de Mendel le parecía “inobjetable” y que las verdaderas eran las de Michurin desarrolladas por Lisenko, conclusión a la que había llegado la Academia de Ciencias de la URSS (Ciencia e Investigación, abril de 1949).

3. Que como Secretario de Ciencia y Tecnología del gobierno de Raúl Alfonsín desató, junto con Carlos Rafael Abeledo, una persecución política e ideológica en el CONICET solo comparable a la de 1955, la que está documentada en dos gruesos volúmenes por el Comité Argentino contra la discriminación de investigadores científicos.

En cuanto a la legendaria computadora Clementina, podemos decir:

1. Que la compra de la Computadora Electrónica a válvulas estuvo enteramente a cargo del CONICET presidido por don Bernardo Houssay.

2. Que el CONICET concedió subsidios para capacitar en el exterior al personal que iba a instalarla y utilizarla.

3. Que en 1966, cuando Sadosky renunció a la dirección del Instituto del Cálculo, los científicos que actuaban bajo sus órdenes sabotearon a la Clementina robándole un sinnúmero de válvulas, según los atestiguaron los ingenieros Julio Kun y Benjamín del Sastre, quienes pudieron repararla para que pudiera seguir prestando servicios.

¿No es lícito preguntarse dónde está el “maestro” y de qué lado la “irracionalidad” de que habla Filmus?

VII

Como señalamos en otro capítulo, los promotores de las renuncias masivas en 1966, que no fueron tales, pretendieron arrastar, igual que a la CGT, al CONICET en su repudio a la intervención de las Universidades. Pero no lo consiguieron. Tal vez haya que encontrar en este hecho el origen de la profunda antipatía y resentimiento que desplegaron en acciones contra el organismo toda vez que se les presentó la oportunidad en el futuro.

El 2 de agosto de 1966 se reunió el Directorio a pedido de varios miembros como consecuencia de los acontecimientos producidos en la UBA, que afectaban también al CONICET en la medida en que sus científicos eran a la vez universitarios. Ese mismo día, Houssay había sido recibido en audiencia por el general Juan Carlos Ongañía. Había ido a título personal. De la entre-vista dejó el siguiente relato, recogido en el Acta 187:

"El señor Presidente de la Nación lo atendió con mucha cortesía y amabilidad, y le expresó que el deseo esencial es que no haya intromisión política en la Universidad y que termine la indisciplina causada por el gobierno tripartito; que por ello se había pensado en modificar el Estatuto, con la idea de que la universidades fueran lugares des-tinados al estudio y al trabajo tranquilo. El Dr. Houssay le respondió que mucha gente opinaba lo mismo, que compartía ese criterio, y que si pensaba reformar el Estatuto le sugería que solicitara la opinión de una comisión de gente conocida por su experiencia. El señor Presidente de la Nación consideró útil el procedimiento, ya que en esa forma no aparecería como una medida impuesta, sino como el resultado de un estudio realizado por especialistas. El Dr. Houssay le señaló que, a su juicio es un principio fundamental que la universidad debe funcionar con libertad académica y autonomía universitaria. Por la primera los docentes tienen derecho a investigar, discutir y expresar sus ideas científicas con absoluta libertad e independencia. Por la segunda, a la Universidad, o sea sus profesores, corresponde gobernarse con autonomía para establecer estatutos, reglamentos, carreras, promociones y otorgamiento de grados o título profesionales o docentes. El señor Presidente de la Nación le expresó que en ese sentido no había ninguna duda y que estaba de acuerdo. También destacó el Dr. Houssay la preocupación existente entre muchos jóvenes, y la sensación de la inseguridad espiritual producida por el temor a las destituciones y cesantías. El señor Presidente de la Nación afirmó, categóricamente, que no las habrá; fue terminante en ese sentido. Seguidamente el Dr. Houssay dijo que los incidentes producidos eran lamentables, desgraciados y reprobables. El señor Presidente de la Nación respondió que sabía que esos hechos habían perjudicado a todos, pero que se daría a publicidad un comunicado aclarando los hechos que, según lo que se le había informado, se debieron a provocaciones, insultos y piedras arrojadas desde las ventanas de una Facultad, por lo cual los policías debieron actuar. El Dr. Houssay subrayó que había solicitado la audiencia pensando en el presente y en el futuro: el presente es que la Universidad funcione normalmente y el futuro que progrese. El señor Presidente de la Nación expresó que una vez aprobado el nuevo Estatuto, la Universidad funcionará y el futuro será de progreso ya que se la apoyaría económicamente. El Dr. Houssay manifestó que era más fácil destruir que reconstruir, concepto que fue compartido por el Señor Presidente de la Nación. El Dr. Houssay reiteró la preocupación existente entre muchos jóvenes, ante la posibilidad de que tuvieran que emigrar. El señor Presidente de la Nación sostuvo que no se justificaba tal actitud, ya que habría seguridad para todos”.

La posición del doctor Houssay quedó claramente expresada durante la entrevista. Al Directorio le informó que a quienes lo consultaban sobre la actitud a tomar, les aconsejaba no renunciar antes de ver si había o no garantías de libertad académica, posición compartida por Alfredo Lanari, quien dijo que el Consejo debía pedir que no se aceptaran las renuncias por el peligro de que la Universidad quedara desmantelada (lo que no ocurrió). El director que se manifestó más airado fue Giambiagi. Dijo que en ese momento tenía “la sensación de que todo estaba perdido”. Hablaba en general, pero su preocupación, según confesó, era personal y la de su grupo. Se lamentaba de la herida que había sufrido Varsavsky y dijo que no había visto a ningún policía herido. Palabras seguidas por la aclaración de Lanari de que un médico del Hospital Policial le había asegurado que “las heridas de la policía eran muy leves”. Agresión mutua, entonces.

Todos los que hablaron estaban afligidos por los sucesos y, con evidente exageración, por el porvenir de la ciencia. Santaló entendía que había que tomar una “posición intermedia para cuidar los centros donde se trabaja" y opinó que el CONICET debía proseguir con las gestiones iniciadas por el doctor Houssay pero en el ámbito de la Secretaría de Educación. A petición de varios, se resolvió que el organismo fijara su posición ante los hechos ocurridos mediante una declaración cuyo texto, que redactaría Cardón, quedaría bajo la aprobación del Presidente.

Aprendida al Acta que glosamos, la declaración del CONICET constaba de cinco puntos que sintetizamos así:

1. Reconocía la facultad del gobierno para modificar el régimen universitario y expresaba el deseo de que se desterrase de la Universidad todo “factor de perturbación” que la aparte de su misión específica, que es “la búsqueda y transmisión de conocimientos, la formación de profesionales e investigadores y la difusión de la cultura”.

2. Invitaba a que en la tarea de “corrección y perfeccionamiento" se procediera con prudencia. Sólo con “orden”, “tranquilidad” y “respeto” se lograría superar los males existentes y aseguraría la continuidad de una fecunda labor científica y docente.

3. Lamentaba y repudiaba los hechos ocurridos en algunas facultades. La violencia contra profesores y alumnos implicaban “un verdadero agravio”.

4. Expresaba su preocupación porque tales hechos podían provocar el alejamiento de científicos calificados y la desintegración de grupos y centros de investigación, lo que significaría un prejuicio. Por ello aconsejaba que no se aceptaran las renuncias.

5. Consideraba que el nuevo régimen universitario debería ser estudiado con el asesoramiento de persones de reconocida autoridad y debería asegurar “la plena vigencia de la libertad académica, el respeto individual y la estabilidad del personal docente e investigador y la no subordinación de la Universidad a factores políticos o ideológicos”.

El comunicado reflejaba fielmente el pensamiento del doctor Houssay, cuya opinión sobre la decadencia de la universidad y contra el sistema tripartito de gobierno es bien conocida. También las preocupaciones de algunos miembros del Directorio expresadas en actas. Eran sensatas y prudentes para las circunstancias, pero por supuesto no colmaron las expectativas de las izquierdas que redoblaron sus presiones sobre el CONICET en su pretensión de arrastrarlo en su repudio a la intervención.

El Acta de la reunión 188 del 19 de agosto nos informa de la visita del Houssay al doctor Luis Botet, a quien le expresó el pensamiento del Consejo según los términos del comunicado y el deseo de que debían ser rechazadas las renuncias presentadas. Botet le aseguró que estudiaría todos los casos uno por uno y que se expediría antes de fin de mes.

El tratamiento de la renuncia de Risiari Frondizi a una Comisión Asesora que integraba motivó que algunos directores refutaran sus términos. Parece que el renunciante criticó al Consejo por no haber condenado los sucesos ocurridos, lo que no era cierto y el propio Houssay se encargó de demostrarlo. La renuncia se aceptó.

“En cuanto a que el gobierno no pueda modificar los estatutos Universitarios, el Presidente recuerda que fue después de una tal modificación, hecha por el gobierno en 1955, que el Profesor Frondizi fue designado Rector de la Universidad”.

 Buena parte del Acta de la reunión siguiente, que fue el 30 de septiembre, se refiere a la renuncia presentada por Juan E. Roederer al Centro Nacional de Radiación Cósmica. Sus miembros consideraban que no estaban dadas en la Facultad las condiciones adecuadas para desarrollar sus investigaciones y pidieron el traslado del Centro. Sometida a consideración la renuncia.

“El ingeniero Gandolfo expresa que la renuncia contiene conceptos que el Consejo no puede aceptar, ya que los profesores e investigadores renunciantes han sido invitados a reincorporarse a los cuadros universitarios, pero algunos han insistido en sus renuncias. En consecuencia, el clima que se presenta no es tan incierto ni categórico como se insiste en afirmar en algunos círculos”.

Era cierto y también lo que Giambiagi aclaró: aunque a él se le había invitado a retirar la renuncia, no fue así en todos los casos y entonces se había procedido con criterio discriminatorio, razón por la cual la reiterarían.

“En cuanto a las gestiones realizadas, el Dr. Houssay aclara que lo primero que hizo fue hablar con el delegado del Rector en la Facultad de Ciencias [Bernabé Quartino], quien dijo que conocía la capacidad del Dr. Roederer y el interés del Centro, que debía seguir funcionando, y que a su director se le había dado absoluta libertad para disponer de las instalaciones. Con respecto al convenio, manifestó que no había ninguna modificación. Destaca el Dr. Houssay que en ningún momento el Dr. Roederer le anticipó que proyectaba renunciar a la dirección del Centro, a pesar de haberlo visto en varias oportunidades”.  

La reunión del Directorio del 14 de octubre, última que consideraremos, es harto interesante. El día 6 el doctor Houssay, junto con Burkart, Gandolfo y otros científicos habían visitado al general Ongañía para llevarle varias preocupaciones, entre ellas “la necesidad de crear institutos nacionales de investigaciones” para evitar la dispersión y emigración de científicos, pero no pudieron tratar el tema porque no estaba en agenda.

Para nuestro propósito, el pasaje más interesante y esclarecedor del acta de esa reunión es el que transcribimos a continuación:

“El Dr. Houssay expresa que abundan las críticas al Consejo; ha habido una serie de hechos desagradables y penosos, y que existe la creencia que el Consejo puede resolverlo todo. Eso muestra confianza, pero no constituye una actitud justa. Entiende el Dr. Houssay que existe una campaña organizada para desprestigiar al Consejo, que encuentra fácil receptividad en algunos medios que han visto con buenos ojos el conflicto en la Universidad y desearían que el Consejo estuviera involucrado en el mismo. El Consejo no puede estar continuamente produciendo declaraciones. No es que haya indiferencia en su seno por el alejamiento de investigadores, a quien él aconsejó no renunciar, además de pedir al Gobierno que no aceptara las renuncias presentadas. Hay que pensar en los intereses permanentes del país, en la carrera científica en las universidades y en el futuro de la investigación. Los que están en las universidades deben tratar de mantenerlas, reformarlas y corregirlas. La mayoría de los profesores universitarios no han renunciado”.

VIII

Después de lo que hemos narrado en forma documentada, el lector imparcial habrá advertido cómo han caído, uno por uno, los componentes de la fábula urdida con el nombre de “noche de los bastones largos”. No hubo éxodo masivo, no se expulsó a nadie, no tuvo proyección nacional, no colapsó ni la educación universitaria ni la ciencia, la Clementina fue saboteada por algunos renunciante, y los únicos emigrados fueron los más comprometidos con el verdadero “proyecto” de las izquierdas, que fue el de ideologizar los claustros y formar cuadros revolucionarios. La mayoría de los docentes y científicos no apoyaron la protesta, cuyas cabezas visibles estaban moralmente inhibidas por los excesos cometidos desde 1955 en adelante. Y el CONICET, pese a las presiones recibidas, prosiguió imperturbable su marcha ascendente sin que se le restara apoyo económico, generando un sordo resentimiento en las izquierdas universitarias, ese sí, “irracional“, por usar una palabra grata a Filmus.