Primero denunciaron a Francisco de Narváez, luego a Claudia Rucci, después a Felipe Solá, finalmente a Mauricio Macri. Cualquier estudioso de la estadística de mediocre conocimiento sabe que es imposible que lo antedicho no viole la ley de las casualidades.

    Más allá de la ironía, no hay manera de que tanta cantidad de denuncias en tan pocas horas sea algo meramente casual, especialmente estando tan cerca de las elecciones legislativas del 28 de junio.

    Sorprende cómo la Justicia trabaja de manera tan eficiente cuando se trata de indagar a la oposición política y demora tanto a la hora de juzgar los eventuales delitos de funcionarios oficiales. Sólo por mencionar un caso -la verdad es que casi no existen funcionarios kirchneristas que no estén salpicados en algún expediente penal-, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, posee una veintena de causas judiciales en su contra que duermen el sueño de los justos.

 Ni hablar de los expedientes que involucran al matrimonio Kirchner y de los cuales no se conocen avances sustanciales en los últimos años. Por suerte para el oficialismo, la mayoría de esas causas terminarán siendo cerradas por prescripción temporal.

    Sin embargo, cuando se trata de los referentes de la oposición, los jueces parecen más prestos que nunca a la hora de agilizar sus fojas judiciales, especialmente aquellos que ostentan sus cargos en el fuero Federal, cuyos sueldos son engrosados por los millonarios fondos de la ex SIDE.

    Esto último, sumado a la presión que ejerce el Consejo de la Magistratura de la mano de personajes de la talla de Carlos Kunkel y Diana Conti, explica el alineamiento casi castrense de la Justicia para con el oficialismo.


El tiro por la culata

    Para que una operación política sea creíble, debe tener visos de probabilidad y cierta coherencia. En el caso de De Narváez se hizo todo de tal manera que, los mismos referentes que en un primer momento pidieron que el candidato del PRO-Peronismo se bajara de su propia candidatura, hoy lo apoyan y piden que el juez Federico Faggionato Márquez sea destituido. Tal es el caso de ciertos integrantes del radicalismo, los cuales en un primer momento descreyeron de la inocencia de De Narváez y actualmente admiten que la embestida contra su persona es una burda operación de prensa. El mismísimo Enrique Olivera, por caso, aseguró que la operación es idéntica a la que le hicieron a él en el año 2005.

    Para tristeza del kirchnerismo, hasta el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández opinó que la indagatoria al candidato colombiano es "dañina e innecesaria". Y el colmo llegó de la mano del secretario general del Ejecutivo bonaerense, José Scioli, quien se pronunció a contramano del discurso oficial y también cuestionó la citación judicial de De Narváez. "Me parece que esto embarra el comicio, no me parece bueno para la democracia y no es lo que la gente está buscando", dijo el funcionario.

    La indignación puede percibirse por doquier. "La verdad que no me gustaba De Narváez y de hecho no iba a votarlo, pero después de ver lo que está haciendo el kirchnerismo, me decidí finalmente a votarlo", confesó hace unas horas el colega Héctor Yemmi a este cronista en pleno set de televisión.

    Es lo mismo que pasará con muchos de los votantes indecisos: en la medida que el oficialismo persista en sus sucias operaciones, su preferencia se inclinará en favor del PRO-Peronismo.

    Como decía mi abuela, "la gente mastica vidrio, pero no lo traga".


Periodismo servicial

    No sólo lo peor de la Justicia ha mostrado su cara: lo más corrupto del periodismo vernáculo también se ha sumado a la operación sucia del Gobierno. El pasquín oficial Página/12 -otrora un diario prestigioso y hoy satirizado en el ambiente periodístico como el Boletín Oficial 2- ha hecho su aporte a la miserabilidad humana. Primero fue Horacio Verbitsky, quien publicó sin cambiar una coma los artículos que gentilmente le proveyó el jefe de prensa de la Aduana, Pedro López. Luego apareció la pluma de una periodista "todo servicio" -nunca mejor el término-, Nora Veiras, con supuestas primicias extraídas del expediente de Faggionato Márquez y la reproducción de correos electrónicos privados de De Narváez. Todo aportado por las oficiosas usinas de la ex SIDE.

    Un paréntesis: ¿cómo es posible que a Página/12 el juez de Campana le permita ver la causa judicial de marras y a otros medios no? Peor aún, ¿no debería Faggionato Márquez hablar a través de sus sentencias, como todo funcionario judicial, especialmente en el marco de un expediente que se nutre sólo de declaraciones reservadas?

    Es increíble la cantidad de recursos a los que ha apelado el kirchnerismo para llevar adelante su lamentable operación política, no midiendo los costos -económicos y de los otros- que esto conllevará a futuro. Se han usado recursos del Estado, se ha apelado a la utilización de espías oficiales y se han contratado oportunos hackers para intervenir los correos electrónicos de los candidatos de la oposición.

    Nada ha quedado librado al azar y todo tiene que ver con todo: los fondos de la ex SIDE son los que adornan a la mayoría de los jueces Federales; a su vez, los periodistas que operan a favor del gobierno cobran del mismo organismo; y los que hacen hackeos y seguimientos de los candidatos de la oposición, son agentes de esa misma dependencia.

    ¿Quién paga por todo ello? el Estado, es decir, la sociedad toda. Una vergüenza total.


Concluyendo
   
    Todo lo que sucede en estos días, fue oportunamente anticipado por Tribuna de periodistas. Se publicó inclusive que las denuncias irían recrudeciendo a medida que se acercara el 28 de junio y se detallaron los señalamientos puntuales que se harían contra De Narváez, Felipe Solá y Mauricio Macri.

    Todos esos datos provinieron de fuentes oficiales, tanto de Casa de Gobierno, como de tres ministerios de gran relevancia oficial. Todos los informantes coincidieron en decir que, lo que vendría, era parte de oportunas "operaciones políticas" con la intención de "dañar la imagen de la oposición". El comentario no deja lugar a dudas respecto a la intencionalidad de las denuncias de estos días.

    Sin embargo, lo más importante no tiene que ver con este último punto, sino con la mácula que quedará en el ámbito político a partir de estos sucios incidentes. El estereotipo de la sociedad sobre aquellos que se relacionan con el mundo político-partidario, no suele ser de lo más elogioso y, luego de los acontecimientos de las últimas semanas, la valoración social se volverá aún más negativa.

    Por eso, cuando todo esto pase, ¿quién reparará el daño que se ha provocado a la poca credibilidad política que existía hasta hoy?