DENUNCIAN A ALTOS FUNCIONARIOS  POR ASOCIACIÓN ILICITA

Los periodistas Adrián Salbuchi y Enrique Romero, conductores del programa EL TRADUCTOR RADIAL, patrocinados por el Dr. Juan Gabriel Labaké, presentaron hoy una denuncia, que quedó radicada en el Juzgado Federal Penal Nº 10, a cargo del Dr. Julián Ercolini, contra el Dr. Néstor Kirchner, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, el Dr. Alberto Fernández, el Arq. Julio De Vido, el Ing. Ricardo Jaime, el Dr. Sergio Acevedo, el Sr. Rudy Fernando Ulloa Igor, la Lic. Felisa Miceli, el Sr. Ricardo Velasco, alias “Pacha”, el Sr. Ricardo Lospinnato, la Sra. Alessandra Minnicelli de De Vido, el Lic. Claudio Moroni (la SIGEN), el Lic. Martín Pérez Redrado (conocido como Martín Redrado), el Sr. Miguel Pesce  (BCRA), el Dr. Oscar Parrilli, los responsables de las empresas Gotti S.A., Austral Construcciones S.A., Diagonal Sur Comunicaciones S.A., CONARPESA y PESCAFINA, el Sr. Enrique Eskenazi, “y contra las otras personas, sean ellas funcionarios oficiales o no, que, luego de la correspondiente investigación, resultaren responsables de la presunta comisión del delito de asociación ilícita agravada previsto en el art. 210 bis del Código Penal, y de los delito de cohecho y tráfico de influencias (art. 256 y siguientes del CP), en concurso real (art. 55 del CP) con el de defraudación agravada por ser contra el Estado (art. 174, inc. 5), y otros”.   La Causa lleva el número 18.209/05

Al fundamentar su grave denuncia, dicen que “No es común ni buen síntoma que un ciudadano denuncie al presidente de la Nación y a varios de sus más estrechos colaboradores por el gravísimo delito de asociación ilícita. Algo muy lamentable debe estar sucediendo en nuestro país como para que se llegue a ese extremo. Y, en efecto, algo muy lamentable está sucediendo”. Y agregan: Al parecer, “la corrupción de los funcionarios oficiales ha calado hondo y vino para quedarse. Las expresiones populares referidas a los gobernantes de “roba, pero hace” y de “total… todos roban”, hoy alarmantemente difundidas, son signos de una peligrosa descomposición de la moral colectiva y de un conformismo suicida ante ella, que amenazan las bases más profundas de nuestra sociedad nacional. Nada es viable en una nación cruzada por la corrupción y aletargada por la resignación popular frente a esa lacra”…

Continúan los denunciantes afirmando que “ El pueblo cree que ya no hay remedio simplemente porque observa la aparente complicidad, o silencio de los más altos poderes de la República frente a hechos escandalosos de corrupción. Nuestra sociedad nacional necesita urgente e indispensablemente un juez que produzca una “mani pulite” argentina.

Y prosiguen: “No existen ya esperanzas de que la regeneración moral de la República comience por el Poder Ejecutivo. Al contrario, ese Poder es el principal sospechado de corrupción. Tampoco se puede esperar una reacción saludable del Poder Legislativo, sumida como está la mayoría de sus integrantes en la obediencia acrítica hacia el Ejecutivo. Pero bastaría que un solo juez cumpla con su deber para que la situación dé un giro copernicano.”

Terminan su alegato, diciendo: “Buscamos un juez argentino que inicie el indispensable proceso de redención moral de la Argentina”.

Salbuchi, Romero y Labaké basan su denuncia fundamentalmente en las revelaciones de Roberto Lavagna sobre cartelización de la obra pública; en los dólares de Santa Cruz fugados el exterior; en las últimas notas periodísticas que escribió Julio Nudler poco antes de morir; en un trabajo de Guillermo Cherasny sobre el Banco Nación-Micheli-“Pacha” Velasco; en un estudio sobre los antecedentes de Alberto Fernández y Claudio Moroni cuando dirigieron la desregulación del mercado asegurador; en los casos Southern Winds, CONARPESA y PESCAFINA y su vinculación con el narcotráfico; en la venta de los bancos de Santa Cruz y Santa Fe al grupo Ezkenazi; en el “extraño poder” que muestran Julio De Vido, Ricardo Jaime y Rudy Fernando Ulloa Igor; en, la impunidad que demuestran los nombramientos de la esposa de De Vido, y de Claudio Moroni en la SIGEN, y de Lisandro Salas en Coordinación Técnica; la designación de Martín Redrado y Miguel Pesce en el BCRA; y las denuncias de la Dra. Elisa Carrió, del Dr. Juan Carlos Iglesias, del Dr. Carlos Alberto Bralo y del periódico PERFIL.

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2005. 

Adrián Salbuchi           Enrique Romero          Juan Gabriel Labaké

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