Como denunció la Conferencia Episcopal en el 2008 y era de esperar del gobierno neomarxista de Rafael Correa, las uniones homosexuales están siendo legalizadas en Ecuador. Reacción de la Iglesia: sodomización del País

“Las Uniones gay ya son legales. La nueva Constitución abrió el paraguas arco iris que permite legalizar uniones del mismo sexo”, titulaba la revista ecuatoriana Vistazo (03-09-09).

Según el mismo medio, la Fundación Ecuatoriana Equidad acudió a la vía notarial fundamentándose en el texto constitucional redactado a gusto y placer del presidente Rafael Correa, y aprobado por referendum en el 2008. En su artículo 68 la constitución dice: “La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la Ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio”.

Coacción progresista

Sin embargo, no les fue fácil a los homosexuales y al gobierno concretar el atropello. Algunos notarios se negaron y tuvo que intervenir manu militari el Ministerio de Justicia. Gabriela Espinoza, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, declaró que esta dependencia libró un oficio al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. “Se le recordaron las normas constitucionales que obligan al directo cumplimiento de los derechos humanos por parte de los funcionarios públicos, se condenó la actitud sexista y discriminatoria de los notarios, y se advirtió la pena de uno a tres años que prevé el Código Penal”, explicó la funcionaria a Vistazo.

Primera reacción de la Iglesia: sodomización del País

El 26 de septiembre, el Pbro. Alfonso Avilés, Vicario de la Familia de la Arquidiócesis de Guayaquil, en una declaración escrita dirigida a los medios dijo, entre otras cosas: “Yendo al fondo, lo que se pretende con estas legalizaciones es algo mucho más profundo que ‘arreglar situaciones patrimoniales’. Dentro de la ‘agenda homosexual’ está: el cambio de las legislaciones de los Estados con el fin de lograr la aceptación de la cultura homosexual; la corrupción de las mentes, sobre todo de las nuevas generaciones; y la destrucción de la familia como obra de Dios. Estamos asistiendo a un eficaz intento de corromper las costumbres de toda la raza humana, a una ‘sodomización’ global y una ‘gomorrización’ global, que cuenta con el apoyo de todas las instancias supremas del poder mundano: ONU, OMS, UNESCO (…) Y todo ello bajo la ‘justificación’ de la ‘no discriminación’ y del ‘respeto a las minorías’. Pero esto es falso, porque, en primer lugar, no hay discriminación cuando no se le da a una persona los derechos que no le corresponden (una persona joven no tiene por qué sentirse discriminada si se le niega  la pensión de la tercera edad); y el matrimonio corresponde por derecho natural, por disposición divina, a un hombre y a una mujer. Por tanto, no hay discriminación de nada. Y en segundo lugar, una minoría no merece el respeto por ser una minoría, sino porque sea justa su reivindicación. Y lo que pide esa minoría -equiparar la unión homosexual al matrimonio- no es justo, pues ni tienen los mismos fines (procreación), ni tienen los mismos componentes (hombre y mujer)”.

“La Conferencia Episcopal Ecuatoriana -continúa la declaración de Avilés- ha sido clara en manifestar su rechazo de cualquier regulación de las uniones homosexuales, a través de su Presidente, monseñor Antonio Arregui (Arzobispo de Guayaquil), en la carta abierta que él escribió a todos los católicos para salir al paso de la mala interpretación que se dio a la propuesta del Episcopado ecuatoriano sobre el tema: ‘No puede hablarse de matrimonio ni de familia en las uniones que puedan formar personas homosexuales. Esas uniones o asociaciones son contrarias a la naturaleza y, de suyo, estériles. No puede haber un ‘matrimonio homosexual’ ni una ‘familia homosexual’. La moral cristiana considera la práctica homosexual como un grave desorden moral incompatible con la vida de fe, porque contrasta con la ley natural y los mandamientos de la Ley de Dios’”.

Avilés concluye la declaración diciendo: “Si el Gobierno no sale al paso de estos hechos, oponiéndose, no puede negar que están contribuyendo a la ‘sodomización’ y ‘gomorrización’ del País, por muy ‘católicos’ que se proclamen”.