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HISTORIA ARGENTINA Proclama revolucionaria del Movimiento de Recuperación Nacional del General Valle
Las horas dolorosas que vive la República, y el clamor angustioso de su pueblo, sometido a la más cruda y despiadada tiranía, nos han decidido a tomar las armas para restablecer en nuestra patria el imperio de la libertad y la justicia al amparo de la Constitución y las leyes. Como responsables de este Movimiento de Recuperación Nacional, integrado por las Fuerzas Armadas y por la inmensa mayoría del pueblo —del que provienen y al que sirven— declaramos solemnemente que no nos guía otro propósito que el de restablecer la soberanía popular, esencia de nuestras instituciones democráticas, y arrancar a la Nación del caos y la anarquía a que ha sido llevada por una minoría despótica encaramada y sostenida por el terror y la violencia en el poder. Conscientes de nuestra responsabilidad ante la historia, comprendemos que nuestra decisión es el único camino que nos queda para impedir el aniquilamiento de la República en una lucha estéril y sangrienta entre hermanos, cada día más inevitable e inminente. Deploramos que precisamente desde el gobierno se haya cerrado sistemáticamente toda posibilidad de pacificar la República y alcanzar la armonía entre los argentinos, en contraposición con el sentido de responsabilidad, la tolerancia y la paciencia patriótica del pueblo. La Nación entera, y con ella la tranquilidad, el bienestar y la dignidad de los argentinos han caído en manos de hombres y de fuerzas que aceleradamente retrotraen a la patria a épocas de sometimiento, de humillación y de vergüenza. Su acción nefasta ha desquiciado y lesionado profundamente el orden político, económico y social de la República. Este Movimiento de Recuperación Nacional se lanza a la acción revolucionaria con objetivos claros y un programa concreto para restablecer la soberanía y la justicia social y devolver al pueblo el pleno goce de su libertad y sus derechos.
Declara objetivos fundamentales de su acción: En lo político Han violado y desconocido el imperio de la Constitución y de las leyes, sustituyéndolo por un llamado "derecho de la Revolución", que no es otra cosa que el entronizamiento de la arbitrariedad, sin más normas ni vallas que la omnímoda voluntad de los que detentan el poder. Se han avasallado así las garantías y derechos individuales, sustituyéndose a instituciones y personas de la jurisdicción de sus jueces naturales, sometiéndolos a tribunales y comisiones especiales expresamente prohibidas por la Constitución. Se ha perseguido, encarcelado y confinado en verdaderos campos de concentración a miles de argentinos no sometidos a proceso y privados del derecho a la defensa, por razones ideológicas o políticas. Por idénticas razones se ha privado a miles de argentinos de derechos esenciales, como el acceso a los empleos públicos y la participación activa en la vida cívica de la Nación, sin que tan graves penas provengan de la decisión de la justicia y ni siquiera del juzgamiento de la conducta de los inculpados. Como consecuencia de esta arbitrariedad discriminatoria, que divide a los argentinos en réprobos y elegidos, se ha privado de sus empleos a miles de ciudadanos, sin tenerse en cuenta ni su antigüedad, ni su idoneidad, ni su conducta. Se ha excluido de la vida cívica del país a la fuerza mayoritaria con el pretexto de inmoralidades y desviaciones en la conducta de algunos sus dirigentes; verdadera aberración jurídica y moral que podría llevar a la exclusión de todos los partidos, desde que todos padecen o padecieron en algún momento de males similares. Se ha fomentado y organizado desde el gobierno la delación y el espionaje contra personas e instituciones, inclusive contra las Fuerzas Armadas. Se ha impedido la libertad de prensa, uniformada al servicio del gobierno, interviniendo y entregando arbitrariamente los diarios y revistas a sectores políticos minoritarios adictos al mismo, clausurando los desafectos e impidiéndose la aparición de nuevos órganos de opinión independiente. Todo ello unido a la monstruosidad totalitaria de un decreto-ley que bajo penas gravísimas prohíbe a los ciudadanos hasta el uso o empleo individual de palabras, fechas, símbolos, fotografías, nombres y expresiones que se proscriben, configuran los hechos más salientes de un plan siniestro, destinado a ahogar la libre expresión de la ciudadanía, y entronizar en el poder a minorías antinacionales que en su hora enajenaron el patrimonio del país y traficaron con el hambre y el dolor de los trabajadores argentinos. Este desborde de la arbitrariedad ha culminado con la abolición de la Constitución Nacional vigente, sancionada por una Convención Reformadora libremente elegida por el pueblo, con la participación de los mismos sectores políticos que apoyan a la tiranía, Constitución que juraron acatar y defender los mismos que hoy la vulneran y suprimen a espaldas del Pueblo y al margen de su libre voluntad soberana, con el evidente propósito inconfesable de abolir disposiciones como las del artículo 40, que impiden la entrega al capitalismo internacional de los servicios públicos y las riquezas naturales del país, juntamente con otras también fundamentales como las que sancionan los derechos del trabajador y las que estatuyen la función social de la economía y la riqueza. Por un acto arbitrario y despótico se reimplanta una Carta Fundamental ya superada por la realidad política, económica y social de la República, al amparo de cuya imprevisión y laxitud fue posible en otras épocas la entrega del país a las fuerzas internacionales del capitalismo y el sometimiento, el hambre y la humillación de nuestro pueblo. Y para hacer más evidente la burla a la ciudadanía y la prepotencia de la arbitrariedad, ni siquiera se la reimplanta en todo su vigor como norma de convivencia o valla del poder, sino "en tanto y en cuanto no se oponga a los fines de la Revolución", vale decir, en cuanto no se oponga a la voluntad omnímoda e Incontrolada del gobierno. Jamás, en toda la historia, gobierno alguno ha tenido el descaro de hacer semejante profesión de tiranía y despotismo.
Se han tomado medidas tendientes a quebrantar la industria nacional, depreciar la moneda, crear el desaliento en la inversión de capitales útiles, elevar los precios acentuando el desequilibrio entre éstos y los salarios, provocar sectores importantes de desocupación, que llevarán por hambre a los obreros a someterse a la voluntad del capitalismo. Todo ello unido al desprestigio internacional de nuestra economía por el propio gobierno, a la acelerada contratación de empréstitos extranjeros y a la adopción de determinados compromisos anteriores, constituyen etapas de un plan destinado a retrotraer al país al más crudo coloniaje, mediante la entrega al capitalismo internacional de los resortes fundamentales de su economía.
Se han desconocido legítimas conquistas de los trabajadores, se ha destruido la organización sindical —base indispensable de la paz social y del progreso del país—, mediante la intervención a la Central Obrera y a todos los sindicatos. Se ha perseguido, encarcelado y confinado a miles de trabajadores, y se los ha privado arbitrariamente del derecho elemental de intervenir activamente en la vida de las organizaciones a que pertenecen. En síntesis, desde el propio gobierno se ha realizado una acción sistemática tendiente a destruir la organización sindical y anarquizar a los trabajadores, acción que persigue la finalidad inconfesable de debilitar el frente social para posibilitar el camino del sometimiento del pueblo, y con él, del sometimiento de toda la Nación.
Se ha tratado en toda forma de minar su unidad y su armonía y se han desquiciado sus cuadros con la baja o retiro obligatorio de centenares de jefes, oficiales y suboficiales que honraban a la institución por sus virtudes morales y su capacidad profesional. Al mismo tiempo se ha obligado a muchos oficiales al desempeño de funciones civiles incompatibles con su estado militar, creándose hacia la institución un lógico resentimiento y desconfianza del pueblo, difícil de superar, y que es la semilla más criminal que podía haberse sembrado para dividir y anarquizar a la Nación. Esto es, en lo fundamental, el panorama trágico de las horas difíciles que vive la República. La proliferación de conflictos sindicales, los actos diarios de sabotaje en todo el territorio del país y el continuo descubrimiento en toda la República de planes subversivos o actos de insurrección, denunciados por el propio gobierno, no son (como él pretende, para encubrir su responsabilidad y engañar a la opinión) fruto de la acción aislada de personas perturbadoras, sino síntoma del clima de opresión y subversión en que vive la República y expresión evidente del espíritu indomable y de la decisión del pueblo de reconquistar su libertad. Tan grave estado de cosas impulsa nuestra determinación y nos decide a recoger el clamor unánime del pueblo, antes de que la República desemboque en una lucha fratricida que terminará por destrozarla.
I - En lo político Restablecer el Estado de derecho mediante la vigencia plena de la Constitución Nacional y el imperio de la justicia en un ambiente de real libertad y pura democracia. Consolidar la soberanía popular mediante la realización de elecciones generales en todo el país en un plazo no mayor de 180 días, con plenas garantías para todos los partidos políticos en el proceso electoral y preelectoral, incluida la utilización con iguales derechos de todos los medios de expresión y difusión. Prescindencia absoluta del gobierno en materia electoral y fiscalización de los comicios por las Fuerzas Armadas. Libertad efectiva y absoluta de prensa para todos los sectores de la opinión. Amnistía general y derogación de todos los decretos y medidas discriminatorias dictados por razones ideológicas o políticas. Libertad de todos los presos políticos y sometimiento a la justicia competente de los que hubiesen cometido delitos comunes. Reincorporación de los empleados y obreros eliminados arbitrariamente por razones ideológicas o políticas. Levantamiento de las interdicciones a personas y empresas e intervención de la justicia en los casos de violación de las leyes en vigor. Rehabilitación de los partidos políticos privados de personería v plena libertad para la formación de nuevas fuerzas, dentro de las normas establecidas por la legislación vigente.
Revisión de las medidas de carácter económico y financiero que pudieran lesionar los intereses nacionales. Revisión de las medidas económicas y financieras que afectan seriamente el desarrollo de las actividades productivas. Restablecimiento de la plena ocupación y adopción de medidas para contener el alza del costo de la vida.
Devolución del gobierno de los sindicatos a los trabajadores y elección por los mismos de las autoridades de la Central Obrera en un plazo de 45 días. Libertad inmediata a todos los dirigentes y obreros detenidos por razones políticas o gremiales. Renovación de los convenios de trabajo, de común acuerdo entre los trabajadores y empresarios, mediante los procedimientos determinados por la legislación vigente al 20 de setiembre de 1955. Derogación de los decretos y medidas discriminatorias que impiden a miles de obreros su participación en la vida de los organismos gremiales.
Reestructuración de las mismas con vistas a las necesidades de la defensa nacional. Reincorporación de jefes, oficiales y suboficiales que poseyendo valores profesionales y morales hayan sido dados de baja o retirados por razones políticas o ideológicas. Mantenimiento de los actuales cuadros con la única excepción que determinen los tribunales y organismos competentes que establece la ley.
Respeto y cumplimiento de todos los convenios, pactos y compromiso internacionales concertados por el país dentro de las normas constitucionales y legales. Suspensión de la ejecución de aquellos compromisos contraídos en violación de tales normas, a fin de que oportunamente sean considerados por las autoridades legalmente constituidas por los órganos y procedimientos que estatuye la Constitución Nacional. Sosteniendo tales principios y comprometiendo ante el pueblo de la República el fiel y estricto cumplimiento de los objetivos señalados, el Movimiento de Recuperación Nacional toma las armas, en defensa de la patria, decidido a pacificar la nación por el camino de la verdadera libertad, en el respeto de la Constitución y la Ley. No hacemos cuestión de banderías porque luchamos por la patria que es de todos. No nos mueve el interés de ningún hombre ni de ningún partido. Por ello, sin odios ni rencores, sin deseos de venganza ni discriminaciones entre hermanos, llamamos a la lucha a todos los argentinos que con limpieza de conducta y pureza de intenciones, por encima de las diferencias circunstanciales de grupos o partidos, quieren y defienden lo que no puede dejar de querer y defender un argentino: la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria, en una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Buenos Aires, 9 de junio de 1956
¡¡¡Renace la Patria!!! http://www.encuentro-nacional.org
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