La provincialización de los hidrocarburos en la Argentina Por

En la década del noventa y primeros años del nuevo siglo, el programa político y socioeconómico del neoliberalismo argentino fue ejecutado sin contemplaciones. Entre las principales medidas aplicadas a partir de 1989, recordamos: se estableció la igualdad de tratamiento al capital nacional y extranjero, dictándose las normas reglamentarias tendientes a facilitar la remisión de utilidades. Se derogó el requerimiento de la previa autorización del Poder Ejecutivo Nacional para las inversiones de capitales extranjeros en el país. Se desregularon los principales mercados agropecuarios, la disolución de los organismos de control y regulación de mercados y juntas concentradoras, sumado todo a la suspensión y eliminación de los regímenes de promoción industrial y los subsidios a las exportaciones. En materia de comercio exterior, paralelamente a la drástica caída de los aranceles de importación, se encaró un profundo proceso de apertura externa con el fin de desmantelar el modelo de sustitución de exportaciones. Y para coronar la obra destructiva, privatización-desnacionalización masiva de ferrocarriles, teléfonos, aerolíneas, puertos, caminos, transporte marítimo, obras sanitarias, talleres navales, fabricaciones militares, finanzas, acero, electricidad, petroquímica e hidrocarburos.

En relación a estos últimos, el programa de privatización y aniquilación del Estado como gestor, contralor y planificador del sector comienza en 1989 con las Leyes nacionales 16.696 (de Reforma del Estado), 16.697 (de Emergencia Económica) y decretos 1.055, 1.589 y 1.212. Prosigue con la conversión de YPF en sociedad anónima y la fijación de un cronograma de privatizaciones para el sector, para ceñirse en 1992 con las Leyes 24.076 (Privatización de Gas del Estado) y 24.145 (Privatización de YPF SA y Federalización de los yacimientos de hidrocarburos). No obstante haber privatizado las dos empresas claves del sector, el programa petrolero neoliberal hubiera quedado inconcluso sin la reforma a la Constitución Nacional en 1994 y la inserción del artículo 124 que sustenta el aspecto “federal” del dominio jurídico de los hidrocarburos.

Con la privatización periférica, el endeudamiento y saboteo de YPF conducido por Martínez de Hoz a partir de 1976, se avanzó radicalmente hacia la destrucción del sector hidrocarburífero nacional. Carlos Menem dio el golpe de gracia al ahondar la política del ministro civil de Videla, erigiendo su sustento jurídico-constitucional y provincializando el recurso. De esta suerte, el programa neoliberal petrolero quedaría instituido. Sus dos pilares: 1) aniquilación del Estado (desestatización) y 2) provincialización (descentralización-desnacionalización) de los recursos naturales e instrumentos socioeconómicos vitales al desarrollo industrial.
La lección histórica devenida del peor golpe jamás recibido por el liberalismo argentino, la unificación nacional en 1880, había sido asimilada. Diezmar al país era cuestión de combinar la demolición del Estado, la disgregación nacional y la pauperización del interior.

Federalismo de masas y Federalismo de opereta

Frente al fracaso de las tendencias político-ideológicas de Mariano Moreno y Manuel Belgrano, el monopolio del Rey fue reemplazado por el de la oligarquía porteña. Así comenzó la escisión de Buenos Aires del resto de las provincias, escisión que para subsistir y prosperar, requirió enajenar la riqueza nacional a través del control de la aduana. El partido político de esa oligarquía estaba constituido por comerciantes e importadores (apoyados a su vez por los ganaderos) e interesada en el tráfico con Inglaterra y con el comercio exterior en general. Su más ilustre representante, Bernardino Rivadavia, será el auténtico fundador del partido unitario y precursor del mitrismo. Fue entonces en oposición a éste que emergió el verdadero federalismo, precisamente como la expresión y el accionar contrarios al despojo de la riqueza argentina por una sola provincia (la de Buenos Aires). En su lugar, propuso su redistribución equitativa entre todas las provincias confederadas, esto es, entre las masas excluidas y despojadas del interior.

Si el federalismo (de masas) nació justamente en respuesta al unitarismo porteño, invocarlo como mecanismo para la apropiación provincial de un determinado recurso resulta al menos tan absurdo como cínico. Que los hidrocarburos queden en manos exclusivas de la provincia que los contiene (provincialización), como lo hizo la Buenos Aires del siglo XIX con la aduana, es hacer federalismo de opereta, es contribuir a la desintegración territorial y al equívoco de creer que federalismo consiste en el derecho de cualquier gobernador a contraer empréstitos extranjeros, enajenar el subsuelo o hacer de su territorio un feudo inexpugnable.

Avalar esta última posición implica adherirse al modelo de país Unitario-Neoliberal, históricamente opuesto a la industrialización, al nacionalismo democrático y a la participación del Estado como motor indiscutible del desarrollo socioeconómico colectivo (modelo Federal-Nacional ). En este sentido, quizás resulte clarificador observar la genealogía jurídico-constitucional de uno y otro:

Estudiar dialécticamente el antagonismo entre provincialización y nacionalización permite descubrir sus influjos histórico-políticos, antagónicos aunque concurrentes desde 1810. Como se advierte del cuadro, se subrayaron especialmente la reforma de 1994 y las constituciones de 1853 y 1949, pues sintetizan la plataforma ideológica propia de cada modelo. Por ejemplo, existe una clara coincidencia entre el Código de Minería (CM) de 1886, el preámbulo de la Constitución de 1853 y la reforma de 1994.

El CM prohibía al Estado explotar o disponer de las minas, definición presente en la constitución de 1853 que como coherentemente señala Guillermo M. Yeatts (1): “logró sentar las bases para el crecimiento económico creando instituciones fundamentales[…] La propiedad privada, la seguridad de las personas, los límites impuestos a la actividad gubernamental, la libertad de comercio y la supresión de aduanas constituyeron poderosas instituciones que estimularon la actividad adormecida por siglos de legislación colonial”. A propósito, Yeatts cita una muy ilustrativa frase de Roberto T. Alemann: “la sanción de la CN de 1853 es de por sí definitoria de un cambio de rumbo en la política económica; atrás queda la restauración del ideario colonial, el país se organiza como Estado federal y se abre generoso al mundo civilizado […]”. Por su parte, Antonio Hernández, convencional constituyente de la reforma de 1994 y presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, apunta en su trabajo El Federalismo a diez años de la Reforma Constitucional de 1994 que: “[…] el agudo proceso de centralización que sufrió el país, tuvo como uno de sus aspectos más negativos, el avance del gobierno nacional sobre el dominio de los recursos naturales de las provincias”. Para el neoliberalismo argentino, fiel heredero del mitrismo, la centralización (léase unificación nacional) y la actividad gubernamental fueron y son aspectos negativos al normal desenvolvimiento de la república.

Se comprende así la inclinación de esta gente culta por el federalismo de opereta y la privatización de los noventa. Si bien el gobierno menemista arruinó social y económicamente a la Argentina toda, el interior del país fue desvastado sin misericordia. Entonces, la previsible oposición de las masas no se hizo esperar. Renació el auténtico federalismo como reacción espontánea al mitrismo de fines del siglo XX, que trocando caballos y lanzas por neumáticos y palos, alzó herido la voz del nacionalismo popular. Las montoneras de Tartagal y General Mosconi, entre otras, fueron el único freno a la privatización de YPF. Pero sus decenas de miles de desocupados pasaban desapercibidos por los convencionales de 1994, que como Hernández, veían en la reformada constitución “una contundente expresión del fortalecimiento del federalismo argentino” y una derrota definitiva del artículo 40 de la CN de 1949 que había “constitucionalizado el despojo [de los recursos provinciales]”.

Para la cultura mitrista, los despidos masivos, el cierre a gran escala de las empresas estatales, el aislamiento y desvanecimiento del interior, lejos de constituir un despojo significó el fortalecimiento del federalismo.

Defensores de un modelo perfectamente definido, volcaron el espíritu secesionista y liberal de la CN de 1853 a la reforma del ´94, reforma que “legalizó” el programa privatizador y provincializador. En efecto, el artículo 104 de la primera es exactamente igual al 121 de la segunda. El texto común expresa: “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”. Semejante obsequio a las provincias irá acompañado de una recompensa histórica a la opulenta ciudad capital. Con la reforma se fundó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rememorando los objetivos segregacionistas de la primera Constitución bonaerense de 1854 que definía a Buenos Aires como “un Estado con libre ejercicio de su soberanía interior y exterior, mientras no delegue expresamente en un gobierno federal”.(2)

Así pasamos del modelo Unitario-Neoliberal de los Yeatts, Alemann, Hernández, Martínez de Hoz, Roberto Dromi, (3) Menem, etc. al modelo representado por la CN de 1949 y su artículo 40, del cual se abastecerán en su concepto sobre la propiedad nacional (nacionalización) de los recursos naturales estratégicos, las leyes de 1958 y 1967. Como señaló Carlos Tagle Achával: “La Constitución de 1949 implicaba una concepción sobre la actividad privada y la del Estado, en el campo económico, totalmente diferente y de sentido más progresista que la de 1853”. Arturo Sampay, padre de dicha constitución, refiriéndose a ella expresó: “La llamada nacionalización de los servicios públicos y de las riquezas básicas de la colectividad, además de haber sido aconsejada por razones políticas, como la seguridad del Estado, y por consideraciones económicas, como el acrecentamiento de la producción de esas riquezas -ya que para hacerlas rendir un máximo la técnica moderna exige una orientación colectiva y amplia, sólo posible en manos del Estado-, ha sido movida también por la necesidad de convertirlos en instrumentos de la reforma social. Porque la nacionalización o estatización de los servicios públicos -que es lo mismo-, al suplantar el espíritu y la organización capitalista de su gestión, permite fijar el precio y la distribución del servicio, no en procura del lucro privado, sino por criterios de utilidad social[…]”. (4)

En suma, reconocer la contradicción entre los dos modelos referidos y extrapolarla a la disyuntiva provincialización - nacionalización, permite: 1) distinguir la ideología política, el concepto y rol del Estado afines a cada una; 2) recuperar la noción de “federalismo” al quitarle la pátina liberal progresista, atribuyéndole un origen histórico definido y una política económica propia: la de asegurar el desenvolvimiento regional a través de la participación del Estado empresario y garante de la justicia social.

De cómo el federalismo cambió de protagonistas y objetivos

En 1862 el Poder Ejecutivo encomendó al político y diputado de minas sanjuanino Juan Domingo de Oro la redacción y elaboración del Código de Minería. Oro atribuyó la propiedad de las minas a la Nación, no importara el territorio en que se encontrasen. Dicho proyecto, presentado a la comisión revisora en 1863, no fue tratado en el Congreso y quedó aplazado como consecuencia de la oposición de las provincias.

La objeción no se explicaba por cuestiones de federalismo, sino por décadas de desconfianza de los caudillos provinciales hacia la Buenos Aires unitaria. Cabe recordar que coincidentemente a la elaboración del CM, el Gobierno Federal de Mitre -haciéndose eco de las recomendaciones sarmientistas de “no economizar sangre de gauchos” y de “quemar ordenadamente todos los edificios públicos de Paraná”-, (5) endeudaba al país con empréstitos de la banca londinense, abría las puertas de la aduana a las importaciones masivas de manufacturas y a los capitales extranjeros, eliminando cualquier posibilidad de desarrollo regional. Mientras tanto, Vélez Sarfield, padre del Código Civil de 1864, declaraba el principio rector de la política del gobierno: “Buenos Aires es piedra fundamental sobre la cual se construirá la nacionalidad argentina en todas sus relaciones interiores y exteriores”. (6)

La irresolución del enfrentamiento gobierno nacional - provincias trasladada al plano minero demoró una década la redacción del CM, aunque siempre con la condición de que al retomarlo se efectúe sobre la base de Oro pero “debiendo tenerse en consideración que las minas son bienes privados de la nación o de las provincias, según el territorio en que se encontraren.” Finalmente, el CM es reformado en 1886; la provincialización del recurso y la prohibición del Estado a explotarlo o disponer de las minas, sus puntos sobresalientes.

Habrán de transcurrir casi veinte años para que el descubridor del petróleo en la Argentina, el Ing. Enrique Hermitte, propusiera desde 1905 las primeras reformas al CM. Apenas dos años antes del hallazgo, se logró la incorporación de la Ley de Tierras y con ella la habilitación estatal para crear reservas fiscales y explotar los yacimientos por descubrir.

Si las reformas de Hermitte al CM fueron incorporadas con éxito, los próximos intentos tendientes a profundizar la intervención estatal y la nacionalización de los recursos chocará de bruces con una barrera infranqueable. En efecto, entre 1907 y 1922, una sucesión de acontecimientos trascendentales agudizaron la división provincialización - nacionalización: el descubrimiento del petróleo por el Estado en 1907, la creación de reservas fiscales alrededor de los yacimientos, la inauguración de la explotación estatal bajo la Dirección de Explotación de Comodoro Rivadavia en 1910 (antecedente directo de YPF) y la asunción del primer gobierno popular del siglo XX en 1916. Es durante este lapso histórico cuando el concepto de federalismo esgrimido por las elites provinciales del interior, en connivencia con el capital extranjero y con ciertas facciones liberales porteñas, renuncia a su sentido original. Las clases sociales y los objetivos detrás del federalismo habían cambiado.

Casi un siglo de postración, prácticamente nulo desarrollo de las fuerzas productivas y la falta una economía convergente hacia un centro interior fundado en la producción capitalista industrial, engendró en ciertas provincias (sobre todo del noroeste) oligarquías exportadoras contrarias a la unificación nacional. Nada les importaba a sus referentes incorporarse a un mercado centralizado, mucho menos comandado por un gobierno como el yrigoyenista, pues ello implicaba perder los resortes económicos que los alternaba indefinidamente en el poder. Por tanto, la autonomía provincial y el freno al creciente intervencionismo estatal a través de la alianza con el capital extranjero y privado serán sus más preciadas armas opositoras.

La aparición de YPF a partir de 1922 bajo la dirección de Enrique Mosconi y Alonso Baldrich, agudizó el enfrentamiento Nación-provincias a extremos inéditos. Los gobernadores antipersonalistas de Salta y Jujuy prohibieron el ingreso de la petrolera estatal en sus respectivas provincias, favoreciendo directamente a las firmas Standard Oil y Anglo Persian. Como sintetiza magníficamente Yeatts: “una vez más, el único freno a la política estatizante fue el federalismo. Una vez más, durante los debates parlamentarios de 1927 y 1928, en los que se discutió y dio media sanción al proyecto del monopolio petrolero estatal, se repite la existencia de la aproximación entre empresas privadas y elites provinciales, que juntas levantaron las banderas del federalismo y de la defensa de los derechos constitucionales provinciales”.

Esta combinación de antiestatismo y provincialización, sostenida a ultranza por las provincias y las transnacionales de turno, constituye el cimiento de la política hidrocarburífera neoliberal histórica y contemporánea.

El objetivo oculto de la provincialización

Es la propiedad pública del subsuelo (derivada del sistema regalista español) lo que habilita la intervención del Estado, y por ende, su accionar: estatizar y centralizar recursos y mercado. La intervención del Estado en un país federal promueve la unificación de la Nación.

En consecuencia, se puede afirmar que ha sido la herencia española la que actuó como freno histórico a la privatización del subsuelo. Sin embargo, producto del igualmente heredado atraso del sistema mercantilista español y de la victoria relativa del mitrismo durante el siglo XIX (a pesar de la unificación de 1880) las provincias se constituyeron en enclaves desconectados entre sí, sin un mercado unificado que las contuviera y controlara.

Resuelto como siempre y descartando de plano la privatización del subsuelo, el liberalismo argentino supo aprovechar esa debilidad. Trasladó la discusión sobre la conveniencia de la propiedad pública o privada del subsuelo a cuál de los dos ámbitos del Estado le correspondía su dominio, si a la nación o a las provincias. ¿Por qué? Pues porque a diferencia del régimen de tierras, donde el propietario de la superficie constituye un contrapeso más que poderoso frente al avance de una eventual nacionalización, en el régimen de subsuelos -al no existir propietarios interesados en frenar dicho avance-, resultaba perentorio inventar una barrera lo suficientemente poderosa como para neutralizar al enemigo número uno, el Estado Nacional.

Con tal de no ver amenazada su supervivencia, las oligarquías nativas o burguesías comerciales tomarían la posta como obstáculo natural al aborrecible centralismo. La unidad en un frente común de intereses entre el capital privado, los grandes terratenientes nativos y la clase dominante (las más de las veces funcionarios directos o indirectos a través de lazos familiares) harían las veces de pseudo-propietarios privados, de montoneras unitarias contra la amenaza del gobierno central.

En otras palabras, la provincialización no sólo es y ha sido la instancia más próxima a la privatización del subsuelo, sino que significa una privatización encubierta. Esta aseveración resulta irrefutable a la luz de dos hechos: 1) cada vez que pasó por la Casa Rosada un gobierno democrático y popular, las oligarquías provinciales (incluida la porteña) alzaban el sofisma de la federalización para debilitar la acción unificadora y estatizadora del gobierno; 2) la transferencia de la renta hidrocarburífera del Estado al sector privado en los noventa primero pasó por la provincialización de los activos de YPF. (7) No sólo eso, sino que para consumar la privatización se debió entregar la propiedad de los hidrocarburos a las provincias. En este sentido, nadie mejor que Daniel Montamat para sintetizar semejante fraude: ”la necesidad de lograr las mayorías legislativas para aprobar la privatización de la petrolera estatal llevó al gobierno a conciliar sus intereses respecto de YPF con la histórica reivindicación de los Estados (8) hidrocarburíferos sobre la propiedad de los yacimientos. Así surge la ley 24.145 de federalización de los hidrocarburos y privatización de YPF”. (9)

Actualidad

El 3 de enero de 2007 se promulgó la Ley 26.197 que legitima el artículo 1 de la ley de Privatización de YPF SE y Federalización de los yacimientos de hidrocarburos. De ahora en adelante “los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren”.

Las provincias asumen en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración (Autoridad de Aplicación) sobre los yacimientos presentes en sus territorios. Estarán además facultadas para ejercer en forma plena e independiente las actividades de control y fiscalización de las concesiones o contratos de exploración y/o explotación; exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales en materia de inversiones, explotación racional de los recursos, información y pago de cánones y regalías; disponer la extensión de los plazos legales y/o contractuales; y aplicar sanciones de multa, caducidad, etc. conforme el régimen previsto en la Ley 17.319.

Sin hallar parangón en el mundo, en la Argentina se desplazó al Estado Nacional como propietario del dominio original y útil de los hidrocarburos, como autoridad concedente, controladora, fiscalizadora y policial.

La política petrolera argentina depende de Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Pampa, Formosa, Salta y Jujuy, provincias cuya población representa menos del 15% del país (INDEC Censo Nacional de 2001). Las diez cuentan con regímenes jurídicos y la mayoría con empresas de hidrocarburos propias; todas se congregan en una Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI),

Las provincias mencionadas se encuentran en estadios avanzados de negociaciones, licitaciones y prórrogas de las áreas revertidas por el decreto 546/2003, las concesiones otorgadas durante el menemismo y nuevos bloques. Los pliegos permitirán a las operadoras extraer hidrocarburos hasta agotamiento definitivo de los yacimientos, sin importar los márgenes que deje a la provincia o al Estado nacional, ni quién los extraiga ni por cuánto tiempo, pues las elites provinciales ganan cuando ganan las operadoras (el win-win tan promocionado por los gurúes del marketing internacional).

La política depredadora de los noventa recibe nuevo impulso. Nada importa a los miembros de la OFEPHI que el país reciba la más retrógrada participación de la renta hidrocarburífera del globo (36%); tampoco incomoda que las empresas liquiden en el exterior el 70% de las divisas por exportación; mucho menos que se exporte petróleo y gas natural a sabiendas del escaso y difícilmente reversible horizonte de 7 años de reservas. Ni siquiera les preocupa incrementar sus ingresos: ¿subir las regalías (las más bajas de la región) del 12 al 50% (promedio regional)? ¿invitar a ENARSA para juntos alcanzar mejores acuerdos con las operadoras? ¿optimizar el federalismo?.

En este sentido, por ser la concesión de mayor extracción de crudo del país -participó en diciembre de 2006 con un 13,78% y 5% de la producción nacional de petróleo y gas natural, respectivamente (IAPG)-, y de contener aproximadamente un tercio de las reservas comprobadas de petróleo nacionales, no puede dejar de mencionarse la reciente prórroga de la concesión Anticlinal Grande-Cerro Dragón (Chubut) a la empresa PanAmerican Energy (PAE) (40% Bulgheroni y 60% de la inglesa BP) hasta el 2047. ¿Sabía o no sabía la legislatura chubutense que su titular no realizó inversiones de capital de riesgo en exploración en los últimos cinco años? ¿Sabe o desconoce que esta falta es causal de caducidad por incumplimiento de la ley 17.319? De la misma manera, ¿sabrá Néstor Kirchner que puede anular la prórroga por decreto, pidiendo a posteriori la caducidad de la concesión y otorgándola (también por decreto) a ENARSA, sin violar la Ley 26.197? ¿Sabrá el presidente que las reservas de esta concesión equivalen a casi la tercera parte de las reservas certificadas del país? ¿Sabrá el presidente que el potencial del valor del área citada equivale a unos 23 mil 686 millones de dólares (según reservas probadas a US$ 58 el barril WTI, promedio para el primer trimestre de 2007).

Dada la actual coyuntura, poco interesa si las concesiones las otorga la provincia o la Nación, mientras no se abandone de cuajo la política petrolera neoliberal. Al respecto , vale la pena destacar la opinión de José Alfredo Martínez de Hoz, mientras se desempeñaba como ministro de economía de la provincia de Salta (1956-1957): “El 22 de agosto de 1956 los interventores federales de cinco provincias productoras de petróleo firmaron una declaración en cuyo primer punto afirmaban que ''las provincias tienen el derecho pleno de las minas existentes dentro de su territorio. A ellas les corresponde establecer las condiciones de su aprovechamiento, dentro del marco de la Constitución y las leyes''”.

Conclusiones

La Argentina es el único país del mundo que provincializó sus recursos petroleros. Ni en Rusia o México -por nombrar dos países petroleros con superficies mayores a la de la argentina- o Brasil, se da el caso legislaciones o empresas provinciales de hidrocarburos o energía. Ni siquiera en EEUU los estados productores cuentan con legislaciones propias.

La provincialización en la Argentina marcha irresponsablemente a contramano de la tendencia mundial orientada hacia la fusión y centralización de las compañías petroleras y energéticas (estatales y privadas), la aglutinación de naciones en bloques culturales, político-económicos y hasta militares, movilizadas fundamentalmente por factores geopolíticos energéticos. Entre los ejemplos que se destacan vale recordar que Francia evalúa unir su empresa estatal Gaz de France con la estatal argelina Sonatrach para la provisión asegurada de gas natural; la inglesa BP y la rusa Gazprom estudian fusionarse para vender gas natural licuado al mundo. China, Rusia e India consolidan el bloque asiático de la Organización de Cooperación de Shangai, basándose en la complementación de sus recursos energéticos, etc.

En cambio, la Argentina viene pariendo desde 1999 a razón de una nueva empresa provincial por año, con el expreso fin de sacar una migaja de la renta y negociar con monstruos internacionales lo poco que nos resta de hidrocarburos. Y lo que es más grave aún, la provincialización en la Argentina también marcha a contramano del proceso de unificación política y energética en Sudamérica.

La provincialización logró además remover al país de la mesa de negociaciones, colocando en su lugar a provincias que nada pueden hacer ante la opulencia de ingresos y ganancias de las compañías. No sólo eso, sino que comparativamente con la Nación (y las operadoras), sus magros productos brutos geográficos, su escasa población y posibilidades físicas de crecimiento y desarrollo económico auto-limitan sus argumentos a la hora de solicitar mejores condiciones o mayores porcentajes de la renta.

La provincialización conlleva además un anacronismo histórico sumamente perjudicial a la integridad nacional. Se verá de las manifestaciones expuestas a continuación el traslucir de una tibia posición de corte segregacionista, antidemocrática y en exceso neoliberal.

Tomemos como ejemplo las declaraciones emitidas el año pasado por el secretario de Estado de Energía y Minería de Neuquén, Eduardo Carbajo, referidas a la ausencia de su provincia en las reuniones de la OFEPHI y a la problemática de las regalías neuquinas. En relación a la primera expresó: “no asistimos porque consideramos que este organismo funciona en los últimos tiempos como un apéndice del gobierno nacional[…]”. Sobre la segunda: “los neuquinos cobramos en concepto de regalías de todo el petróleo que se va de este territorio el 12% de los 41 dólares que impuso Nación en el mercado interno, y no de 75 ó 76 dólares como lo marcan los precios internacionales”. A lo que agregó: “[…]no podemos dejarlo pasar, porque sabemos de las pérdidas millonarias que esto traería para el país y para las futuras generaciones de neuquinos y argentinos”. (10)

En igual dirección, valiéndose de un acto en Plaza Huincul dedicado a la presentación del plan de inversión de Repsol YPF para el próximo trienio, el ex gobernador de la provincia Jorge Sobisch manifestó su decisión de ampliar las concesiones de los contratos a las empresas petroleras “siempre y cuando garanticen el flujo de inversiones que la provincia del Neuquén necesita para su desarrollo”. Aprovechó luego la ocasión para dirigirse al gobierno nacional: “ENARSA puede venir o no a la cuenca neuquina. Esta es una decisión que tomará la provincia”. El ex mandatario indicó además que “si el gobierno tuviera intenciones de hacer asociaciones con empresas de petróleo, la provincia ya tiene a Hidrocarburos del Neuquén Sociedad Anónima (Hidenesa), creada muchísimo antes que ENARSA”. (11) A propósito de Hidenesa comentó: “Hemos transferido las áreas marginales, los contratos vencidos y por vencer a Hidenesa, para que sea una empresa provincial y no una empresa nacional la que maneje nuestros activos hidrocarburíferos”. (12)

En relación a la política de integración energética regional, Sobisch dedicó una abundante y regular producción periodística al presidente Morales y al “nuevo dictador americano [Chávez] y su amenaza sobre la soberanía energética de Argentina” (Neuquén Hoy - 11/1/07 / Diario La Nación - 15/01/07). Para él, los acuerdos energéticos suscriptos con Bolivia y Venezuela son contrarios al interés nacional por haber sido suscriptos justamente con competidores comerciales… de su provincia. (Neuquén Hoy - 5/4/06). A propósito y para despejar cualquier duda sobre su posición, declaró: “Argentina consume 140 millones de metros cúbicos de gas por día, 75 lo produce Neuquén mientras que Bolivia produce 30 millones, ni la mitad que nuestra provincia. Lo de Bolivia es un disparate y no se han hecho las inversiones”. (13)

De ambos funcionarios se advierte: 1) una clara desvinculación entre lo neuquino y lo argentino. Lo neuquino pasa a ser lo nacional; 2) unitarismo neuquino: lo nacional se subordina al interés de la clase dirigente; 3) exclusión economicista; (14) 3) absoluta conformidad con los intereses de las empresas operadoras, desatendiendo el verdadero interés provincial y nacional; (15) 4) freno unilateral a la participación de la empresa nacional de energía ENARSA; 5) oposición al proceso de unidad energética en Sudamérica, a la diversificación de proveedores, con el agravante de elevar a Neuquén al status de país como Bolivia y Venezuela, declarados competidores de la primera.

Al margen del correcto empleo del concepto de federalismo, la contradicción entre provincias y Estado nacional refleja la irresolución de uno de los aspectos fundamentales del problema argentino: su desarrollo desigual y falta de cohesión, legados de nuestra condición semicolonial y de la balcanización latinoamericana del siglo XIX.

Sólo partiendo de un auténtico federalismo se podrá superar la marginación y la pobreza de las provincias (incluyendo las de Buenos Aires) diezmadas por el federalismo de opereta. Pues es el federalismo popular el único capaz de hacerlo, el único capaz de fortalecer el país contribuyendo paralelamente al forjamiento de la unidad latinoamericana.