Desde el principio de la historia argentina existió la corrupción.
Incluso los extranjeros señalan a la corrupción como una
característica típicamente argentina. Desde los años del
contrabando del puerto de Buenos Aires o aquel tiempo en que Garay
hacía un "indiscriminado" reparto de tierras. La
corrupción, mal que nos pese, es una realidad que siempre hemos
vivido.
Es crónica ya conocida que en la Argentina existe por cada ley su
correspondiente manera de infligirla. En los últimos cuarenta años
en la política argentina, ha existido este factor y mal que mal,
Algunos se han conocidos y se han juzgado, otros no.
Las causas por corrupción a funcionarios de un gobierno, por lo
general, se esclarecen y aceleran luego de que determinado
gobierno ya ha terminado. Así se va produciendo una especie de
encubrimiento político y jurídico.
Entonces, el principal problema de la Argentina no es ni la
pobreza, ni la inseguridad, ni la negligencia. El principal
problema de la Argentina es la justicia.
El gobierno alberga una minoría importantísima de gente con una
riqueza poco justificada, generalmente relacionada a casos de
corrupción, cuyas causas están archivadas en la ineficiente
Oficina Anticorrupción (OA). Esto produce que los funcionarios de
primera línea del gobierno estén tranquilos en los asientos de
sus escritorios.
Los expedientes secretos K
Una nota de investigación de diario La Nación
se encargó de revisar los archivos judiciales de la oficina
anticorrupción. Los archivos reparten datos sobre funcionarios
que están complicados en causa de corrupción o malversación de
fondos:
Quienes tienen más causas acumuladas son: Ricardo Jaime,
secretario de Transportes quien lidera el ranking de la corrupción
con seis causas. Luego lo sigue su compañero -y amigo- Julio de
Vido con cuatro causas y el Jefe de Gabinete, el perspicaz Alberto
Fernández, con tres causas, entre otros.
Un dato curioso: hasta el propio presidente tiene causas por
corrupción.
Sin avances importantes en las investigaciones, salvo el caso Skanska
y el caso "bañogate", son ya más de 100
funcionarios del gobierno los que están manchados por distintas
irregularidades monetarias. Entre ellos aparecen los nombres más
mediáticos del Gabinete: tienen causas abiertas los ministros Ginés
González García, Aníbal Fernández, Nilda Garré, Alicia
Kirchner y el ex canciller Rafael Bielsa.
En la misma línea, los señalados por las investigaciones más
importantes son funcionarios que ya no forman parte del actual gobierno:
Fulvio Madaro, ex interventor de Enargas, Felisa Michelli, ex ministra
de economía y Nestor Ulloa, ex titular de Nación fideicomisos.
Los procesados son sólo tres, ex funcionarios con cargos
inferiores en la AFIP y uno de la Anses. También están imputados
45 integrantes de las Fuerzas Armadas: el brigadier Carlos Rodhe,
ex jefe de la Fuerza Aérea, y Roberto Giacomino, ex jefe de la
Policía Federal, entre otros.
El que se lleva todos los premios es el ex secretario de
Agricultura Miguel Campos, hoy asesor en la Jefatura de Gabinete,
es el único funcionario de primera línea del gobierno de
Kirchner. Recordemos que hace poco se le dictó falta de mérito
en una causa por irregularidades en la distribución de la
"cuota Hilton".
También aparece el nombre del presidente Kirchner. Figura como
imputado en una causa por el empleo de automóviles entregados por
empresas según el sistema de comodato. Esta especial causa la
dirige el juez Daniel Rafecas: "es una practica habitual que
venia de otros gobiernos" comentó oportunamente alguien del
juzgado. Si es una tontería ¿Por qué ningún medio se atrevió
a contarlo?
En la misma causa están imputados Julio de Vido, Aníbal Fernández,
González García, Bielsa, el vocero Miguel Núñez y otros ocho
funcionarios.
El jefe de Gabinete está imputado en una causa por una reasignación
de partidas para la entrega de subsidios a la empresa de trenes Metropolitano,
en otra similar en la que se benefició a Southern Winds y
en un expediente en el que se investiga si le ofreció un cargo al
diputado Eduardo Borocotó a cambio de pasarse al kirchnerismo.
Los "enemigos íntimos" Alberto Fernandez y Julio de
VIdo comparten la causa sobre subsidios a la empresa ferroviaria Metropolitano
y una reasignación de partidas para la entrega de subsidios a
la misma empresa.
El juez Rodolfo Canicoba Corral los había sobreseído, pero el
caso fue reabierto y quedó a cargo de Ariel Lijo.
También, los ministros están imputados por las increíbles
facilidades que le dieron a la compañía aérea Southern Winds
(SW), implicada en el caso de las narcovalijas.
Pero aún hay más: aparecen el ex secretario de Cultura, Torcuato
Di Tella, por anomalías en la contratación de una consultora, y
el ex subsecretario de Vivienda Luis Bontempo, por cambios de
partidas en el Plan Federal de Viviendas.
En el expediente sobre la manipulación de los índices del Indec,
están imputados el secretario de Comercio Interior, Guillermo
Moreno; la directora del organismo, Ana María Edwin; la directora
del índice de precios, Beatriz Paglieri, y otros tres empleados.
También, son investigados el ex director del Occovi, Claudio
Uberti, su ex empleada Victoria Bereziuk junto con el presidente
de Enarsa y Exequiel Espinosa en las causas sobre el ingreso de
800 mil dólares de la mano de Antonini Wilson.
La secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, es investigada por
irregularidades en el manejo de fondos. Escándalo que desenmascaró
diario Clarín un día después de que, a través del
decreto 2898, se designó a Alberto Fernández como director
titular en la empresa Papel Prensa SA representando el
26.2% de las acciones del Estado. Fernández calificó el hecho
como "terrible operación política".
También está imputado Juan González Gaviola, el ex interventor
del PAMI y actual superintendente de AFJP, por una sospechada
compra de sillas de ruedas.
Al ex director del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (Incaa) Jorge Coscia lo investigan por presunto
enriquecimiento ilícito al igual que el embajador de México,
Jorge Yoma.
Por la contratación aparentemente irregular de una empresa
publicitaria, se investiga al presidente de la Lotería Nacional,
Armando López, y a otros ocho funcionarios del organismo.
Situación ya conocida: las causas por lo general se resuelven o
se aceleran al dejar el poder los funcionarios de turno. Entiéndase
que, si el día de mañana Cristina asume como presidente, las
causas prácticamente quedarían en la nada.
Un ejemplo conocido es el del ex presidente Carlos Menem, cuyas
causas fueron iniciadas meses antes de que dejara el poder en
1999.
En abril del 2003, por caso, la Oficina Anticorrupción ya había
procesado a 23 ex funcionarios del menemismo de cierta relevancia
y cerca de cien de menor rango. Actualmente el menemismo y el
kirchnerismo mantienen una insólita semejanza: tienen a los
dos presidentes imputados por causas judiciales de corrupción. ¿Casualidad?
Concluyendo
Ya lo analizó Raúl Scalabrini Ortiz en El
hombre que está solo y espera donde hizo referencia al miedo
-desconocido en este caso- que tiene el hombre frente ese
"leviatan" conocido como Estado. "El Estado debe
temer a la gente, no la gente al Estado", dice el autor.
"No te metas", suele decir el ciudadano argentino. El
"No te metas" es, verdaderamente, una pauta de la
idiosincracia porteña, pero no es un consejo dirigido a
rectificar resoluciones personales. Nadie dice "No te
metas" a quien va a presentar la renuncia de su cargo,
"No te metas" es una prevención trascendente, no doméstica.
Quiere recordar: "No te metas en un asunto que no es tuyo y
es privilegio del Estado".
"No te metas, que si te va bien no te lo agradecerán y si te
va mal se reirán de vos", parecería decir la frase.
El argentino finalmente no hace nada porque está convencido de
que su movilidad sería nociva para los demás y estéril para la
Nación, en quien delegó sus atribuciones.
Mas allá de ir señalando con el dedo quién hizo las cosas bien
o mal, en razones de conceptos totalmente opuestos, deberíamos
embarcarnos en una noción distinta al "no te metas".
No es menor el hecho de ser el segundo país más corrupto de
Latinoamérica -primero está Ecuador- según la organización Transparency
International (TI).