Los episodios de violencia en Villa Soldati vuelven a poner en tela de juicio a la política nacional de migraciones, que continúa brillando por su ausencia. Los ciudadanos ilegales procedentes de naciones limítrofes con prontuario rara vez son deportados, al tiempo que se convierten en mano de obra para vendedores de tóxicos, punteros políticos, candidatos y gremialistas. Escenario que se construye para conveniencia de los gobiernos de La Paz , Lima y Asunción (y en el cual también Mauricio Macri es cómplice). En simultáneo -y mientras los porteños concentran la mirada en Soldati-, el comandante boliviano de frontera Willy Gareca (felicitado en privado por el presidente Evo Morales) ha retornado a su puesto y volvió a protagonizar incidentes en la provincia de Salta.

LA INMIGRACIÓN ILEGAL, LOS TRAFICANTES DE DROGAS, LA EMBAJADORA DE BOLIVIA Y LA IZQUIERDA VIOLENTA VUELVEN A TORCERLE LA MANO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y AL ESTADO NACIONAL

por Matías E. Ruiz para el Informador Pública

El tristemente célebre capítulo de violencia en Villa Soldati ha sido de gran utilidad, a los efectos de darle las pinceladas que faltaban al deleznable legado de Estado ausente que le han obsequiado los Kirchner a los argentinos, desde su llegada al poder.

En aquella zona abandonada del sur de la Capital Federal convive una mayoría de vecinos que -desde hace ya un tiempo- se han vuelto rehenes de minorías confeccionadas a base de inmigrantes ilegales con antecedentes y traficantes de drogas. Los indocumentados -esto no constituye misterio alguno- provienen mayormente de naciones limítrofes como Paraguay y Bolivia, y también Perú. Por desgracia, en medio del desastre, los medios de prensa tradicionales aportan una cuota importante al desconcierto y la desinformación generalizada, englobando a todos los participantes bajo el mote de “vecinos” del barrio.

Por si el caldo no se encontrara al borde de una franca ebullición, hacen su entrada en escena los personajes de siempre, en las figuras siempre cuestionadas de Hebe Pastor de Bonafini y su fiel socio, el “magistrado” Roberto Gallardo -marxista declarado y admirador de Ernesto Guevara y Stalin-. Gallardo y su colega femenina en el fuero Contencioso Administrativo, Elena Liberatori, han montado una fenomenal carrera subidos al prejuicio y odio ideológico contra el Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, aún cuando este último nunca se encuentra exento de cometer las más coloridas torpezas.

El tándem de personajes política y socialmente liquidados contabilizados en el párrafo anterior se ve ahora condimentado con la embajadora de la República de Bolivia en la Argentina , la Señora Leonor Arauco, quien ha exigido disculpas públicas a Macri en relación a sus declaraciones sobre los eventos de Soldati. En una suerte de berretín derechohumanista, Arauco se ha mostrado ofendida porque -en su solitaria opinión- las expresiones del Jefe de Gobierno porteño son de corte xenófobo y alimentan el odio contra los inmigrantes. En su patética defensa de ese “inmigrante” (al que siempre presupone inocente de toda culpa y cargo), María Leonor Arauco Lemaitre parece olvidar que la República Argentina , por obra y gracia de su inepta dirigencia, no solo jamás retorna a los indocumentados bolivianos a su país de origen sino que a la totalidad de ellos les brinda mayores garantías que a nadie para cobijarse en la violencia y la marginalidad. Lo propio sucede con los ciudadanos que arriban del Perú. Más violentos que los similares altiplánicos, los peruanos sin DNI configuran un verdadero problema en barrios del sur de la Capital Federal y particularmente en la zona de Abasto y San Telmo. Constituyen la punta de lanza de la toma de casas para transformarlas en verdaderos aguantaderos desde donde se comercializan estupefacientes y se planifican asaltos violentos contra comercios y robos a transeúntes desprevenidos. En muchos casos, incluso se han detectado pequeñas células de la guerrilla Sendero Luminoso operando en las villas porteñas. Y, por cierto, cada sector de la Ciudad Autónoma concentra las operaciones de una comunidad diferente. Los dominicanos y colombianos ilegales han optado por establecerse mayormente en los ahora tenebrosos bloques que dan forma al barrio de Constitución. Regentean organizaciones clandestinas de alta peligrosidad, que se alimentan no solo del comercio de cocaína y paco sino también de las utilidades que arroja la prostitución callejera. Este breve compendio de información no surge de una vívida imaginación: se originan en informes confeccionados por la propia Policía Federal Argentina y por asociaciones que combaten y denuncian el tráfico de drogas en el país. De tal suerte que la Señora embajadora de Bolivia y sus colegas deberían tener a bien informarse primero. Su grado de falta de información y tendencia a tergiversarlo todo, sin embargo, caerían por su propio peso, apenas alguien le recuerde que el comandante de frontera boliviano Willy Gareca ha vuelto a las andadas en territorio argentino recientemente. El deleznable uniformado no solo fue repuesto en la comandancia de frontera del país vecino, sino que fuentes reservadas reportan que fue personalmente felicitado por Evo Morales, indeseable aliado político de Balcarce 50. A estas alturas, solo puede concluirse que la Señora embajadora aprueba la explotación que organizaciones mafiosas y ciertos empresarios de la industria textil ejercen sobre sus conciudadanos residentes en la Argentina. Lo que sea, pues, para que Migraciones no devuelva a estas personas a la nación norteña; no vaya a ser que se disparen allí los índices de desocupación, violencia y desempleo. O tal vez esta siniestra operativa sea parte de un acuerdo bien guardado entre ambas naciones para que continúe fluyendo el gas hacia nuestra geografía... Como fuere, la postura de la embajadora boliviana no comienza a cotizar mejor, especialmente si Aníbal Fernández sale a defenderla, acusando este último a Macri de los mismos pecados de “xenofobia”.

A la postre, el primer y último damnificado en este maloliente cenagal de corrupción, comercio de drogas e inmigración ilegal resulta ser el porteño promedio que tiene la mala fortuna de residir en cercanía de las bases de operaciones de estas verdaderas células del crimen organizado transnacional. Mauricio Macri y su socio político Enrique Rodríguez Larreta intentan ahora encumbrarse como los paladines del combate contra el delito y la ilegalidad. Sin embargo, ambos omiten informar acerca de un detalle de color. Porque el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (antes Comisión Municipal de la Vivienda o C.M.V.) viene valiéndose desde tiempos inmemoriales del aprovechamiento político de departamentos y unidades habitacionales que han quedado bajo su control, a consecuencia de que los deudores de créditos del Banco Ciudad no han podido cancelar las sumas que la institución bancaria les otorgara oportunamente.

En barrios como Belgrano, por ejemplo, es común que siniestros operadores del Instituto de Vivienda (cuyo Presidente y primer responsable político es hoy el Sr. Omar Abboud) otorguen llaves y acceso a las unidades a ex residentes de asentamientos precarios, muchas veces con prontuario policial. A corto plazo, estos recién llegados -que, por cierto, jamás abonan expensas ni gastos- se convierten en un auténtico dolor de cabeza para sus infortunados vecinos. Replican los malos modos que traen como bagaje, acometiendo robos y amenazando o bien perturbando adrede a quienes viven en su mismo piso. Toman por asalto bauleras, se hacen de bienes ajenos y todo aquello que tengan al alcance de la mano. El modus operandi de los nuevos “vecinos” consiste en ingresar a las viviendas en horarios nocturnos, para luego llenarlos de numerosos ocupantes, por lo general, niños pequeños y personas con movilidad reducida. Como es obvio, el objetivo es bloquear cualquier posibilidad de desalojo. Porque -como cualquier vecino de Buenos Aires sabe- expulsar a personas que se instalan en propiedad privada no es sencillo: las leyes están hechas a la medida del “okupa”. Los casos bajo mención se convierten en problema generacional pues los consorcios no tienen siquiera la discrecionalidad para elevar denuncias al ámbito judicial para dar por tierra con el ocupante ilegal. Ese proceso debe ser iniciado por el IVC que, desde luego, jamás lo hace. El Presidente del Instituto de la Vivienda y su directorio, su Presidente Omar Abboud, y los directores Marcelo Viegas Calcada, Martín Gonzalo Garcilaso y Martín Moyano Barro son parte de la terna de funcionarios que deben abundantes explicaciones por esta cuestión tan perjudicial para el verdadero vecino. En paralelo, le será muy difícil a Mauricio Macri y Rodríguez Larreta autodeclamarse héroes del combate contra todo lo que es ilegal. Ni siquiera han sabido ponerles coto a los cartoneros quienes -a toda hora del día- se apropian de espacios públicos, calles y avenidas con inexplicable impunidad. Como siempre, ser “pobre” es la excusa perfecta para destruirlo todo (aunque los “pobres” porten, a veces, teléfonos móviles).

El alcalde porteño también elude mencionar que Desarrollo Social se ocupa de abonar dinero contante y sonante a los indocumentados que toman terrenos con violencia. El resultado es el ya conocido: los “expulsados” terminan comunicándose con sus familiares en Perú o Bolivia para incentivarlos a que viajen hacia la Argentina y ocupen terrenos o viviendas ya que, eventualmente, terminarán cobrando también de los dineros que deberían utilizarse para mejorar la calidad de vida de los porteños. Es que nuestro país, en su generosidad, se ha convertido en el mundo del revés. Se premia al delincuente, en detrimento del ciudadano que abona sus impuestos como se le pide. Y todo ello sucede mientras el Jefe de Gobierno no deja de imponer incrementos en las contribuciones obligatorias de aquellos ciudadanos que dice defender. La hipocresía y la ineptitud, a flor de piel.

Detrás de todo, son el político y el gremialista quienes vuelven a mostrarse como actores necesarios en esta dantesca tragicomedia. Para el reciente acto del camionero Hugo Moyano en River Plate, se conoció de la convocatoria de no menos de veinte mil ciudadanos de países limítrofes que carecían de documento de identidad. El objetivo era llenar el estadio, sin importar los métodos ni el recurso humano utilizado. Caravanas de inmigrantes ilegales son despachadas incluso a ciudades del Partido de la Costa o bien el interior, en muchos casos para que voten por el candidato oficialista en alguna elección. Esta práctica perversa está siendo utilizada como nunca desde el arribo del kirchnerismo, que suele mostrarse dispuesto a todo menos a perder. Resulta ineludible referirse también al caso del ex intendente de Dolores, don Alfredo Meckievi, quien de buena gana aceptó recibir oportunamente a “vecinos” de Fuerte Apache, pocos años atrás. Dolores supo ser una ciudad tranquila, en donde sus residentes eran ajenos a episodios relacionados con delitos y violencia. Hoy, el panorama ha cambiado: los otrora recién llegados comenzaron a concentrar redes de tráfico de drogas y a monopolizar la violencia derivada de esa práctica. Resultó ser que, entre bambalinas, uno de los principales interesados en la presencia de los peligrosos individuos era un conocido concejal local del Frente para la Victoria. De profesión abogado, el personaje se ocupaba de sacar de prisión a aquellos ex habitantes de Fuerte Apache que eran capturados in fraganti por la policía local. Actualmente, el inmigrante sin papeles constituye la fuerza de choque obligada para oscuros intereses políticos en donde se entremezclan invasión de terrenos o propiedades, comercialización de cocaína, marihuana y paco, presencia en actos “multitudinarios”, apaleo programado de referentes opositores y fábrica serial de votos para favorecer a tal o a cual aspirante. De ahí que, muchas veces, los politiqueros de rigor exhiban contactos en oficinas públicas donde se tramitan DNIs. En los últimos días, El Ojo Digital ha reportado sobre una sospechosa situación en donde individuos con actividades de difícil rastreo llevaron habitantes de asentamientos con prontuario y personas “sin papeles” a Pinamar con fines aún desconocidos. Lo propio ha sucedido ya en otras ciudades de la zona. Lo preocupante es que localidades como la mencionada y otras suelen exhibir al menos un treinta por ciento de sus hogares y propiedades desocupados la mayor parte del año.

Los protagonistas de todo el entuerto intercambian mutuamente acusaciones de xenofobia o de rampante incapacidad. Suena ridículo cualquier intento de trocar la defensa de los intereses nacionales por acusaciones de racismo puro cuando no está en ninguna agenda la expulsión amplificada y sin sentido de inmigrantes ilegales, como si se tratara de un hobby. El objetivo es darle la bienvenida a todo recién llegado que verdaderamente demuestre intenciones cabales de desarrollarse y trabajar, evitando de paso devaluar el significado de la ciudadanía argentina, obsequiándola a cualquiera. Resulta un ejercicio condenable el garantizarle documentación, servicios de salud y educación gratuita al mal elemento -que lo hay- proveniente de las naciones vecinas y no tanto.

Pero tal vez el problema no subyazca meramente en la cuestión deontológica, sino en esa realidad tan ambivalente como repudiable, a saber, que la dirigencia argentina -políticos y gremialistas- se alimenta cada vez más de la explotación integral de los inmigrantes. Muy probablemente, esta necesidad predatoria que exhiben punteros, piqueteros, pretendidas “organizaciones sociales” y sus altos mandos en el poder sea el argumento más contundente para explicar las dificultades que existen a la hora de brindar solución al interminable problema.

En lo que respecta a los sucedáneos de Villa Soldati, ya se contabilizan tres muertes, en virtud de la violencia ejercida entre elementos que nada tienen que ver con la Policía Federal ni la Policía Metropolitana. Dos de los fallecidos exhibieron -de acuerdo a pericias- heridas producidas por munición procedente de armas “tumberas” ( 8 mm ). Variable ignorada convenientemente en las declamaciones de los familiares de las “víctimas” y aquella carísima emisión oficialista en la tevé pública que se da en llamar “6, 7, 8” .

En las últimas instantáneas publicadas por la prensa, sale a la luz material en donde se observa a los mismos “okupas” portar armas de fuego y disparar. El delito no deja de ser delito, sin importar que lo cometa un ciudadano argentino o extranjero, un ocupante ilegal o la Presidente de la Nación. Para el caso de los indocumentados, existe claro consenso en la opinión pública a la hora de exigir la expulsión del mal elemento que pretende hacer de la Argentina un espacio para delinquir. Cuestión que nunca estaría de más hacerle entender a Pastor de Bonafini, Aníbal Fernández, la embajadora de Bolivia Leonor Arauco y al declaradamente inepto y distraído Jefe de Gobierno Mauricio Macri. Es dable suponer que los mencionados ya se encuentran lo bastante maduros como para asimilar la idea de que la ciudadanía pretende exactamente lo opuesto a todo lo que ellos declaman. Lo que se exige es reprimir al delincuente con todo el peso de la ley para -a fin de cuentas- poder vivir en paz.