El gobierno argentino presentó la cancelación anticipada de la deuda con el FMI como un acto soberano de alcance histórico. Kirchner afirmó que el país recupera autonomía y se desembaraza de las inspecciones del Fondo. Pero en los hechos bendice a un acreedor privilegiado. Primero eximió al FMI de la quita aplicada con el canje al resto de los bonistas y ahora le asegura el cobro total y adelantado de la deuda. Kirchner implementa un postulado de la derecha -cumplir con el Fondo- redoblando el discurso progresista. ¿Su iniciativa incrementará la independencia económica del país? ¿Comienza la etapa de la redistribución?

SOBERANIA Y AUTONOMIA.

En los últimos tres años y medio el FMI cobró 45.000 millones de dólares de sus grandes deudores. Rusia saldó sus compromisos, Turquía pagó el 40%, México transfirió grandes sumas y Brasil resolvió cancelar todos sus pasivos. Argentina no adopta, por lo tanto, una decisión exclusiva ni sorprendente.

Kirchner insinúa que su acción fue coordinada con Lula, pero no puede explicar la coincidencia de ímpetus soberanos de tantos países y gobiernos diferentes. Esta simultaneidad obedece a la presión ejercida por el FMI para reducir su elevada exposición financiera. Las últimas crisis lo indujeron a sustituir la promoción del endeudamiento por medidas de protección de su capital. Por eso Bush le negó a Kirchner una mediación para establecer negociaciones con el organismo y retomó la tradicional dureza hacia el defaulteador argentino.

Quiénes presentan la cancelación con el FMI como una jugada original de Kirchner olvidan que un alto funcionario de ese organismo (A. Singh) propuso el año pasado un plan para instrumentar la misma decisión. La decisión adoptada es por eso coincidente con los propósitos explícitos del Fondo.

No era necesario pagarle a los banqueros para liberar la política económica de sus controles. Las supervisiones del FMI estaban suspendidas desde que hace dos años el organismo comenzó a cobrar los vencimientos. La simple continuidad de estos pagos garantizaba la misma autonomía que se logra adelantado las cuotas. Pero los funcionarios argumentan que ahora existe mayor grado de libertad en tres terrenos: el manejo de las cuentas públicas, la estrategia macroeconómica y la redistribución del ingreso.

SOLVENCIA FISCAL Y AJUSTE.

Para sostener el pago anticipado de 9.810 millones de dólares el estado argentino deberá aumentar su solvencia fiscal. Nadie ha puesto en duda esta necesidad, pero los oficialistas ocultan su relación con la operación de cancelación. Sugieren que el ahorro público forzoso que rige en el país es un dato natural de la economía o un remedio para curar la indisciplina de los argentinos.

El sobrante fiscal se engrosará con los nuevos aportes del fondo anticíclico que gestó el conservador Lavagna y consolida la progresista Micelli. Este superávit servirá para compensar la disminución de reservas utilizadas para pagarle al Fondo. Los efectos monetarios inmediatos de la reducción del respaldo en divisas que tiene la moneda nacional son inciertos. Pero es evidente que se buscará un mayor sostén fiscal para contrarrestar la menor cobertura en dólares de los pesos en circulación.

Seguramente el Banco Central recibirá un nuevo título público a cambio de las reservas aportadas para concretar el mega-pago. Cuándo ese papel sea volcado al mercado le brindará a los banqueros locales otra oportunidad de beneficios especulativos. Sus negocios con títulos pesificados alientan el aumento de la tasa de interés y fueron la inversión financiera más rentable del año 2005.

Los pasivos que se cancelan con el FMI representan apenas el 9% de la deuda total y excluyen compromisos semejantes con el BID y el BM. La hipoteca que el país afronta luego de la nueva operación supera los 116.000 millones de dólares (o 139.000 millones de acuerdo al cálculo). Estas obligaciones imponen la continuidad del ahogo fiscal, con o sin auditoria del FMI.

El ahorro que realiza el estado sobre las espaldas de la población se mantendrá también para recomponer las reservas con la adquisición de las divisas que genera el excedente comercial. El mismo ajuste será necesario para brindar respaldo a los créditos externos que se negocian con Venezuela, España u otros prestamistas internacionales. Habrá que ver si el costo de estos compromisos es inferior a los créditos que se le abonaba al Fondo. Por lo pronto, el ahorro de 1000 millones de dólares que publicita el gobierno como resultado de la operación, es muy dudoso. Algunas estimaciones reducen ese monto a 300 millones y otras lo cuestionan por completo.

CAPITALISTAS GANADORES Y PERDEDORES.

La decisión del gobierno beneficia a un sector capitalista contra otro. La precancelación de la deuda con el FMI favorece a los exportadores, industriales y banqueros locales en su conflicto con los acreedores externos y las empresas privatizadas. El Fondo actuaba como lobbista del segundo grupo contra el primero.

El choque entre ambas fracciones ha dominado el escenario económico desde la devaluación. El FMI exigía reducir el tipo de cambio para aumentar el excedente en divisas girado al exterior, en contraposición a los exportadores que prefieren mantener alta la cotización del dólar, para recibir más pesos por los bienes que venden fuera del país. El Fondo también operaba como vocero de las empresas privatizadas extranjeras, que reclaman incrementos de tarifas inmediatos, en oposición a los grupos industriales que han lucrado con el abaratamiento relativo de los servicios públicos. El FMI exigía, además, negociar y pagarle a los acreedores foráneos que no ingresaron al canje (holdouts), contra las conveniencias de los bancos locales que acaparan los grandes pagos del Tesoro.

Kirchner resolvió bloquear las presiones revaluacionistas que canalizaba el FMI porque defiende los intereses de la burguesía local. Pero su decisión no elimina el horizonte de aumentos tarifarios, ni tampoco cierra las tratativas futuras con los holdouts. Apuesta con fuerza al sostén del tipo de cambio alto, olvidando las presiones inflacionarias que genera ese pilar del modelo exportador.

En el conflicto que opone a los capitalistas favorecidos con los afectados por la cotización del dólar no está en juego ningún interés popular. El discurso oficial identifica “autonomía nacional” con las conveniencias de los banqueros, industriales y agroexportadores, como si el grueso de la sociedad perteneciera a ese grupo. Al quedar eliminadas las supervisiones periódicas del FMI este sector tendrá más poder para ajustar las decisiones del Ministerio de Economía a sus necesidades. ¿Pero en algún terreno aumentará la influencia de los trabajadores, la clase media o los desempleados?

EL BLOQUEO A LA REDISTRIBUCIÓN.

El pago al FMI no inicia una etapa redistributiva. Los propios centroizquierdistas siempre afirmaron que ese rumbo contradecía la mejora del ingreso popular (“se cumple con el Fondo o con el pueblo”, “se paga la deuda externa o la interna”). Además, no existe un solo indicio de mejoras para el grueso de la población.

El momento de iniciar la redistribución es cuándo existen fondos disponibles. Estos recursos abundan en la actualidad como resultado de la reactivación y los altos precios internacionales de las exportaciones argentinas. Si las sumas generadas en este marco son utilizadas para cancelar pasivos con el Fondo, no queda dinero para los oprimidos. Hasta ahora el gobierno retaceaba los gastos sociales, argumentado que necesitaba reservas para confrontar con el FMI. Pero ha utilizado esos recursos para pagarle al Fondo.

Con esta medida inaugura de hecho su gestión la ministra Micelli. Ese curso confirma que a pesar de sus diferencias de estilo y pasado que la separan de Lavanga profundiza la gestión de su antecesor. Ese camino impide la redistribución porque exige reforzar la solvencia fiscal, que en Argentina es sinónimo de ajuste. Felisa ha eliminado ese término de su vocabulario, pero no de su acción práctica.

La continuidad del ajuste se verifica en el congelamiento de los salarios. Han desaparecido las mejoras, que a cuentagotas se disponían por medio de los decretos oficiales. En pleno rebrote inflacionario, no hay tampoco incrementos para el 63% de los jubilados que cobran haberes de indigencia, ni aguinaldo para los desempleados que perciben 150 pesos. Esta convalidación de la miseria fue justificada en las últimas semanas como una acción tendiente a frenar la escalada de los precios, como si el ingreso popular fuera el causante de la inflación. Ningún funcionario reconoce públicamente que los pagos al Fondo consolidan la miseria. Todos ocultan ese nexo y difunden la impresión que será gratuito cancelar ese pasivo.

Los 9.810 millones de dólares que el gobierno destina al FMI son sustraídos de los salarios, la educación, la salud y la obra pública. Este importe fue precedida por tres años de pagos al organismo, que superaron ampliamente lo desembolsado durante los gobiernos de Duhalde, De la Rúa, Menen y Alfonsín. Si se suma lo abonado al BID y al Banco Mundial, Kirchner terminará girando a esas entidades unos 25.000 millones de dólares. ¿Cuántas mejoras populares, gastos sociales y emprendimientos de inversión pública se podrían haber concretado con esa monumental cifra?

El pago al FMI repite la norma inequitativa que prevaleció durante el canje. Se relega a los pequeños acreedores (bonistas, jubilados, ahorristas) a favor de los grandes banqueros. Como esta elección es insostenible con argumentos progresistas, el oficialismo ha comenzado a resucitar los viejos planteos neoliberales. Varios ministros hablan de “mostrar al mundo que Argentina es un país creíble” y “respetuoso de sus contratos”. El mismo mensaje que aturdió a la población durante los 90 (“recuperar la confianza externa”) reaparece subrepticiamente, junto a nueva versión de la teoría del derrame (“con inversiones llegará el empleo y la mejoras del salario”). Todos parecen olvidar que cumpliendo con los banqueros no hay redistribución.

LEGITIMIDAD, SOLIDARIDAD Y MANIOBRAS.

El gobierno siempre consideró perniciosa la deuda que ahora le paga el FMI. La legitimidad de ese pasivo fue abrumadoramente cuestionada porque una parte de los préstamos sostuvieron el blindaje y el megacanje que negoció Cavallo. Es sabido que con ese dinero se financió la fuga de capitales que precipitó el derrumbe del 2001y que otros créditos del organismo encubrieron las bicicletas de los financistas locales.

En lugar de borrar las huellas de estos delitos cancelando un pasivo tan dudoso, el gobierno debería investigar cómo fueron gestados y distribuidos esos préstamos. Kirchner afirma que el FMI es coresponsable del modelo regresivo de los 90, pero premia al acusado. Su actitud es complemente esquizofrénica. Denuncia y beneficia al principal artífice del desastre financiero que padeció el país.

Lo que permite sostener esa hipocresía es la duplicidad de los políticos justicialistas, que aplaudieron el default y ahora ensalzan la precancelación. Pero más relevante es la cobertura que brindan muchos progresistas a las maniobras del presidente. Antes objetaban la actitud de los gobiernos que prometían “pagar la deuda con dignidad”, pero luego se convirtieron en abogados del “desendeudamiento con dignidad”. Ahora explicarán que la cancelación los pasivos del FMI es un acto supremo de patriotismo.

La decisión de Kirchner recibió los esperados elogios de Lula que está embarcado en la misma operación. También Chávez ha proclamado su apoyo y prometió adquirir más títulos públicos de Argentina. Ya absorbió 1000 millones de dólares y podría suscribir otros 3000 millones. La compra de estos bonos no es un acto de solidaridad con el pueblo argentino, porque contribuye a la acción de un gobierno que utiliza esos recursos para compensar el dinero girado al FMI. Venezuela participa de hecho en una triangulación que recicla el endeudamiento general del país.

El FMI solía prestar con garantías de ajuste fiscal antipopular que Venezuela no exige, pero tampoco objeta. El valor de mercado de los bonos que compra implícitamente depende de la continuidad del superávit. Estos préstamos no facilitan ninguna medida de redistribución en Argentina y abren serios interrogantes para Venezuela. ¿Son acaso la inversión más acertada y prioritaria? ¿Favorecen las transformaciones sociales que requiere la profundización del proceso bolivariano?

La triangulación financiera en marcha no guarda ninguna coincidencia con el proyecto de conformar un frente de deudores contra el FMI. Chávez igualmente considera que se avanza hacia la formación de un banco regional (Bansur) que aglutinaría todas las reservas de Sudamérica. Propone por ese camino disputarle al FMI el rol de prestamista estratégico en la zona. Pero estos propósitos contradicen un pago que legitima el mayor fraude del Fondo.

La decisión de adelantar los pagos al FMI tiene más significado político que económico. Apunta a fortalecer la autoridad de Kirchner y a reforzar su estilo de gestión ejecutivo y prescindente del Congreso. La medida se implementará a través de una sesión de emergencia en ambas cámaras, que recuerda los ultimátum de fin de año que presentaba Cavallo.

Los legisladores que acaban de aprobar el presupuesto ahora deberán modificarlo. Además, votarán entre gallos y medianoche varios cambios muy delicados en las atribuciones del Banco Central. Estas modificaciones reinstauran los aspectos normativos de la convertibilidad que se requieren para concretar el pago al FMI. Una decisión trascendente para el país se materializa sin realizar ninguna popular.

La derecha local ha quedado desconcertada frente a un gobierno centroizquierdista que le sustrae su bandera de cumplir con los acreedores. Por eso trata de disfrazar con críticas superficiales su aprobación de la medida. En cambio los progresistas -que siempre cuestionaron las transferencias de fondos al FMI- enfrentan la disyuntiva de preservar sus convicciones o sumarse a la maniobra oficial. Ya se vislumbra una división entre ambas actitudes, aunque muchos evitan tomar partido y sugieren que “ahora se verá si hay redistribución”.

Los prescindentes omiten que el pago al Fondo no es tan neutral, ni indefinible. Existen elementos suficientes para caracterizar si la medida facilita o bloquea el camino redistributivo. Kirchner tomó distancia de la política económica promovida por el FMI para sostener el proyecto de la burguesía local. Y este sector capitalista se opone a cualquier mejora social favorable a los trabajadores, los desocupados y la clase media.

No hay que disimular las conclusiones. Los efectos de pagarle al Fondo son negativos para la mayoría popular. Y el gobierno cuenta con expectativas favorables hay que decir la verdad, sin eludir pronunciamientos, ni atemperar el tono de los cuestionamientos. Con temores y complicidades no se construye la igualdad social y el bienestar popular.