Denunciar un hecho presuntamente delictivo implica, para países civilizados, el acto de responsabilidad humana más alta de un miembro de un pueblo. Es el único modo cívico de resignar la venganza por mano propia, y colocarla, confiadamente, en manos del Príncipe, quién decidirá con Justicia y proveerá que la convivencia sea posible.

    Es un regalo, es un aporte para que la Comunidad se beneficie de ella.

    Es la lucha ética por excelencia.

    Es la condición más sublime para la conservación del bien común.

    Recibirla, es hoy la razón de ser de un gobierno democrático y la base misma de su existencia como estado moderno.

    Cuando en la Argentina, hablamos de denuncia, casualmente, el interesado en que no prospere, o que no se sepa, es por motivos inconfesables ese mismo Príncipe.

    Para prevenir "ataques indeseados en el futuro" se ha encargado de colocar una suerte de concepto automático, que la Sociedades Latinoamericanas ya lo asumió. Se trata de que los denunciantes son una especie de villanos, indomables, anarquistas, zafados, antisociables, cuya sola intención es "desestabilizar los gobiernos", e "impedir la gobernabilidad".

    En la Argentina, cuando denunciamos, con una sonrisa sarcástica nos piden que presentemos pruebas. Cuando lo hacemos, nos dan las espaldas, hacen silencio y por debajo nos tratan de locos.

    Pero locos, bien locos...como una suerte de Superman, de Hombre Araña, o cualquiera de esos personajes, justicieros y valientes pero locos, pervertidos, irrazonables como eso de andar volando y pisando las tejas de los vecinos y pretendiendo no sé qué cosa, cuando todo el mundo sabe que el Hombre no vuela ni se puede pegar y caminar por las paredes.

    Pero veamos, de modo directo y con casos específicos, el camino que tiene que padecer alguien cuando denuncia, una especie de camino desde el descubrimiento hasta la impunidad.

    Para ello, de modo sintético veamos el caso de Tucumán, que presenta características realmente terroríficas, no sólo del encubrimiento de niños muertos por desnutrición con estadísticas similares a las del INDEC, sino impunidades de homicidios y cientos de otros casos, como éstos:

    Denunciamos penalmente la existencia de 75 casas de explotación comercial sexual de niños, niñas y adolescentes: luego de una observación física, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, nos envió Cédula Judicial diciéndonos que no existía explotación sexual de menores en estos sitios, y que tan sólo se podían observar bares controlados y autorizados sus funcionamientos con aprobación municipal.

    Para mostrar la mentira, en noviembre del 2003 nos metimos dentro de los burdeles y mostramos en un programa de televisión hacia toda la Argentina, como se explotaba en cámara a niños, niñas y adolescentes. El revuelo, generó que se allanaran 12 de los llamados prostíbulos infantiles, con niños y niñas y el apresamiento de tres proxenetas. Luego de ese tiempo, fueron sobreseídos por la Cámara de Apelaciones, quién fundamentó su libertad en que los videos de las cámaras ocultas eran montajes hechos por nosotros. Al día de la fecha prospera un juicio de los proxenetas, por injurias, calumnias y daño moral contra la Provincia de Tucumán. Por supuesto, hoy continúan abiertos, pero cambiaron la modalidad por que entendieron que era un peligro tener las nenas en el lugar. Ahora, el cliente las pasa a retirar del propio domicilio de los padres.

    Denunciamos tres bandas de fabricación de pornografía infantil: miembros de dos de las tres bandas estuvieron 48 horas demorados a pesar que los mismo niños y niñas filmados, corroboraron nuestras denuncias ante los funcionarios Judiciales. El otro, un conocido proxeneta de Tucumán, que sacaba fotografías a niñas y vendía dichas imágenes, prevenido por la policía, hizo desaparecer las pruebas y nos inició un juicio por daños y perjuicios. La condena, en mi carácter de Presidente de la Fundación Adoptar fue de las llamadas Probation, con trabajos comunitario. Elegí, cambiar, pañales de bebés de la Sala Cuna durante seis meses, condena a punto de iniciarse en su cumplimiento efectivo y que por supuesto me honra.

    Detectamos 1.024 abusadores de niños, tan sólo en el Gran San Miguel de Tucumán, con nombres, apellidos y domicilios, datos éstos brindados por los mismos niños, niñas y adolescentes abusados, que nos denunciaron a través de la línea 102 que administrábamos. De todos ellos, tan sólo uno fue citado a declarar y llevado a juicio. La sentencia final expresó que "las excoriaciones vaginales de Ayelen de 5 años, que certificaba la médica del Hospital de Niños, no pudieron probarse por cuanto la niña, el día que se denuncia, anduvo mucho tiempo en bicicleta."

    Detectamos y denunciamos un antropófago: denunciado por los propios hijos diciéndonos que les mordía y se tragaba la carne de sus glúteos cuando se portaban mal. La Trabajadora Social dependiente de la Dirección de Minoridad y Familia de Tucumán en su informe expresa: "he conversado personalmente con el agresor, quién me explicó que estaba pasando un momento difícil por que se estaba separando de su mujer, pero pude comprobar que ya está en tratamiento psiquiátrico. Habiendo llegado en el momento del almuerzo probé la salsa con albóndigas, estaba muy rica, lo que demuestra rasgos de protección del padre denunciado". La denuncia dos días después fue ratificada por la Directora de la Escuela donde asistían los niños.

    Denunciamos que se abusaban a niñas y adolescentes de Institutos de Recepción de la Provincia, incluso que por ello hubo una niña con intento de suicidio: Inmediatamente recibimos un llamado telefónico de la Directora de Minoridad y Familia diciéndonos: "Tienen que tener cuidado con las denuncias que hacen, por cuanto a las chicas sólo las tocan, no las penetran."

    Proyecto de Ley de Registro de Abusadores: presentamos ante la Cámara Legislativa de Tucumán, un proyecto para la creación de un Registro de Abusadores. Aunque la Cámara Legislativa, por unanimidad la sancionó como Ley 7.810, el día 04.10.2006, el Poder Ejecutivo de Tucumán, jamás la Reglamentó, razón por la cual, la ley no tiene vigencia y la decisión del Poder Legislativo, quedó birlada en sus derechos constitucionales.

    Muerte de dos niños en el Instituto Roca: denunciamos que en un Receptor de Menores, bajo la tutela del Poder Ejecutivo Provincial fallecieron dos niños por aplicación de drogas no aptas para el consumo humano. Su directora responsable, Dra. Susana Viale, fue condenada en primera instancia por homicidio culposo. Una vez que fue elevado su expediente a Juicio Oral, se encuentra cajoneado hasta el día de la fecha. Por esta denuncia, nos arrebataron salvajemente la línea de los niños (102) que habíamos traído inéditamente a Tucumán, la cual en la actualidad funciona para atención de ancianos.

    Denunciamos la violación seguida de fallecimiento de una niña: en el domicilio particular de la Jueza Dra. Marta Estela Paz. Ya que el expediente estaba perdido, pudimos reconstruirlo. Pedimos la reapertura del caso por nuevas pruebas y nos fue denegada. Pedimos Juicio Político a la Cámara Legislativa de Tucumán el 13.04.2009, nunca ni siquiera fue llamada a declarar. Aunque presentamos todas las pruebas incluso la media tipo can can con semen que la niña tenía puesta al momento de la muerte en el domicilio de la Magistrada, todo sigue igual y la funcionaria continúa desempeñándose como Jueza de Familia y Sucesiones de la Cuarta Nominación de la Jurisdicción Capital, del Poder Judicial de nuestra Provincia.

Denunciamos penalmente el tráfico de bebés en el sureste de Santiago del Estero: A pesar de los nombres y hechos que denunciábamos, los cuales pueden verse en nuestra página Web, con la desaparición de un promedio de 12 bebés por semana, todos fueron sobreseídos sin siquiera haber sido llamados a declarar.
En cambio, María Gerez, la única mujer añatuyense, que se animó a acompañarnos en la demanda declarando que María Rita Baseotto hace 20 años le quitó su hija recién nacida, fue encarcelada por 188 días y violada por todos los policías de la jurisdicción. Luego de este período fue puesta en libertad por falta de mérito.

    Queríamos hacer con este relato, no completo por cierto, una especie de síntesis y preguntarnos: ¿qué ganamos con denunciar, presentar pruebas, iniciar acciones judiciales, provocar leyes específicas y hacer funcionar nuestros sistemas de roles y misiones como Organizaciones no Gubernamentales?

    Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Debemos seguir trabajando en esto que elegimos hacer. Tan sólo es cuestión de copiar como trabajan las Madres y Abuelas antológicas de este país, que no sólo sirven para mostrar como se defienden los Derechos Humanos en este país, sino también para recibir sumas millonarias, como subsidios sin rendición de cuentas, que a nadie interesan, a pesar que sean subvenciones incomprensibles e irritantes y para colmo, de los que creen que son dineros que les pertenecen a Ellos... al Príncipe.