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LOS
PRIVILEGIOS DE LOS POLÍTICOS, A COSTA DE LA MISERIA DE LOS ESPÃNOLES
por
Pensamiento Hispánico
El
Congreso se niega a acabar con la pensión de oro de los parlamentarios.
La
próxima reforma de las pensiones traerá un importante recorte para todos
los trabajadores españoles. Bueno, para todos no. Los parlamentarios han
votado por mantener su privilegiado sistema.
La propuesta de Rosa Díaz ha sido derrotada. Ellos no se merecen
lo mismo que el resto de ciudadanos.
La
pasada semana, el Pacto de Toledo (la comisión sobre pensiones que reúne
a todos los partidos con representación parlamentaria) emitió sus
conclusiones sobre la próxima reforma de las pensiones públicas. En el
texto aprobado, se apuesta por una elevación del período de cálculo
y se aboga por elevar la edad real de jubilación. Además, los anuncios
del Gobierno apuntan a que la reforma final incluirá el retraso de la
edad legal de jubilación a los 67 años. Y la mayoría de los expertos ya
han realizado estudios en los que se muestra que ésta no será la última
de los cambios: los jóvenes españoles ya saben que se tendrán que
jubilar a los 70 años y que la prestación será mucho más reducida que
la que cobran sus padres.
Sin embargo, este martes se conocía una buen noticia para estos mismos jóvenes. Hay
una manera de conseguir una pensión digna sin necesidad de ahorrar, ni de
invertir en un plan privado cada mes: sólo hay que hacerse
parlamentario.
Hasta ahora, a muchos les parecía una desvergüenza que los políticos
españoles dispusieran de un sistema de pensiones diferente al resto, pero pasaba
desapercibido entre los numerosos privilegios de los que disfrutan los
parlamentarios. Pero que estos días, con la reforma de las pensiones aún
calentita, el Congreso y el Senado se mantengan en sus trece es algo que
puede enfadar mucho a numerosos ciudadanos.
La secuencia de los hechos
Esta noticia ha saltado ahora, después de que las Mesas del Congreso y el
Senado, que se reunieron este martes en la Cámara Baja, hayan estudiado
algunas de las cuestiones comunes. Entre ellas estaba la solicitud,
realizada hace ocho meses, de Rosa Díaz para reformar el sistema de
pensiones de los parlamentarios e igualarlo al del resto de los españoles.
Pues bien, según informa Efe, ambas Mesas han decidido comunicar a la líder
de UPyD que el sistema de complemento de pensiones de los
Parlamentarios es "válido y adecuado".
Rosa Díaz también reclamaba que éstos pudieran cobrar el subsidio
de desempleo en lugar de indemnizaciones por cese de actividad. En
definitiva, lo que Rosa Díaz quiere es que se eliminen todos
esos privilegios "inalcanzables" para el resto de los
trabajadores.
La
pensión de oro
En realidad, el sistema de pensiones de los diputados es un complemento a
las pensiones públicas. De esta manera, las Cámaras complementan la
paga que les correspondería hasta llegar al máximo legal en la Seguridad
Social. Por ejemplo, si la pensión de un parlamentario, de acuerdo a sus
cotizaciones es de 1.000 euros y el máximo previsto por el sistema en ese
momento es de 2.300 euros, el Congreso se hace cargo de los 1.300 euros
restantes. Los servicios de prensa de las Cortes se esconden detrás de
estos hechos (es un complemento, lo pagan las Cámaras y no la Seguridad
Social, etc...), para tapar lo que es un privilegio evidente costeado con
dinero público y al que no tienen acceso los demás españoles.
Los requisitos
Para obtener a estas ayudas, un parlamentario sólo tiene que tener
cumplidos los 65 años y haber ejercido en las Cortes durante siete años (hay
que recordar que para el resto de los españoles el mínimo cotizado para
tener derecho a una prestación contributiva es de 15 años). No sólo
eso, sino que esos 7 años en las Cortes les garantizan el 80% de
pensión, mientras que 15 años cotizados (que serán 20 ó 25 tras la
reforma) para un trabajador normal sólo sirven para cobrar un 50% de la
pensión que corresponda a su base de cotización.
Además, con 12 años en el Parlamento ya se tiene derecho a la pensión
máxima desde el momento de la jubilación, mientras que los demás
curritos tienen que tener al menos 35 años cotizados (y se habla de
aumentar este cifra a 40) para cobrar esa cantidad.
Prejubilaciones
El régimen de prejubilaciones también es mucho más favorable a los
políticos. Faltaría más, después de una vida dedicada al bienestar de
sus ciudadanos, están tan cansados que se han aprobado a sí mismos la
posibilidad de prejubilarse a los 55 años cobrando el 60% de su asignación,
que en la actualidad es de 3.125 euros mensuales de media (este es el
sueldo base, que es sobre el que se calculan estas prestaciones; el
salario real medio, con dietas y complementos por trabajos en comisiones
es bastante más alto).
Además, un senador o diputado con 60 años, si ha cotizado durante
40, también pueden cobrar el 100% de la pensión, algo no permitido al
resto de trabajadores hasta los 65 por mucho tiempo que hayan cotizado.
Plan privado
También causará sorpresa a algunos saber que las Cortes dedican un
10% adicional del sueldo de cada parlamentario a un "plan de
previsión social". Esto quiere decir que los mismos que hablan cada
día de la "sostenibilidad" del sistema, de su
"solidez" y de la "solidaridad" del mismo tienen
planes de pensiones pagados por todos los españoles y en los que las Cámaras
les ingresan más de 300 euros al mes. Será un buen complemento para esas
pensiones de oro que se han garantizado tal y como explicábamos en el párrafo
anterior.
Prestación por desempleo
Rosa Díaz también había planteado en su propuesta la posibilidad de que
los ex parlamentarios puedan percibir la prestación por desempleo
con los mismos requisitos y cuantías que cualquier otro trabajador. Hasta
ahora no podían cobrar el subsidio del paro. Esto había llevado a las Cámaras,
en un claro gesto de altruismo hacia sus compañeros desempleados (gesto,
con el dinero de los contribuyentes, eso sí) a fijar una indemnización
equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año
de mandato parlamentario en las Cortes Generales y hasta un límite de 24
mensualidades. Esta indemnización, además, se abonará mensualmente.
Es decir, que si un congresista pierde su cargo en la elecciones tras
haber estado 12 años en la Cámara, tendrá derecho a cobrar su sueldo
base durante un año, para que reingrese en la vida civil sin
sobresaltos. Por supuesto, este sueldecillo de nada es compatible
con otros ingresos por trabajos en el partido o en la empresa privada,
aunque no lo cobrarían si acceden a otro cargo público.
No son éstas las únicas ventajas de las que disfrutan nuestros políticos. Los
miembros del Gobierno tienen incluso más prerrogativas (como cobrar
un sueldo al dejar de ser ministro incluso aunque se siga siendo
parlamentario), aunque sería imposible detallarlas todas aquí.
¿La justificación?
Cuando los periodistas preguntan a los políticos el por qué de todos
estos privilegios, la respuesta es que hay que proteger a los
representantes públicos una vez que dejan de ser diputados o
senadores. También se alude a los bajos sueldos de los políticos
hispanos en comparación con los del resto de Europa.
Sin embargo, para una justificación bastante poco sólida. Para empezar, un
político ya sabe lo que cobrará cuando decide presentarse a unas
elecciones. Si le parece poco, que no lo haga y se busque la vida en la
empresa privada, a ver si allí les pagan los 3.125 euros (más dietas y
complementos se van fácilmente por encima de los 4.000 euros) que cobran
los diputados.
En segundo lugar, cabría preguntarse si necesitan más protección contra
el desempleo o la jubilación que el resto de los trabajadores españoles.
Es cierto que cuando un diputado pierde unas elecciones puede verse en el
paro (como un fontanero al que despiden de su empresa). Casi nadie tendría
nada en contra de que cobrase el paro el tiempo correspondiente, como el
resto. Pero, ¿por qué una indemnización especial? En
realidad, los parlamentarios hacen muchos contactos durante el ejercicio
de su función, conocen a mucha gente muy relevante y se dan a conocer en
sus partidos. Además, muchos de ellos tienen excedencias y vuelven a su
trabajo anterior con normalidad. Se hace difícil imaginar que un senador
cesante esté peor y necesite una indemnización más alta que el
fontanero del ejemplo.
Este tipo de explicaciones idealizan a los políticos como unos
trabajadores desinteresados, que dejan pasar grandes oportunidades en el
sector privado para sacrificarse por los ciudadanos. Pero si esto es así
o no, tendrá que juzgarlo cada votante en cada caso concreto, otorgándoles
su confianza y su respeto, no con un sueldo autoimpuesto por votación
(por cierto, en esto las mayorías son casi absolutas; es un tema en el
que el tan anhelado consenso se alcanza rapidísimo).
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