LA
REBELION POPULAR DERROCA A LUCIO GUTIERREZ |
Otro país latinoamericano se ha puesto en pie de guerra este año. Tras las movilizaciones en Bolivia contra el presidente Carlos Mesa por su política de ataques a los trabajadores, de privatización y de connivencia con las multinacionales del petróleo que saquean los recursos del país, le ha tocado el turno tambien a Ecuador. Lucio Gutiérrez, elegido con el 55,5% de los votos en noviembre de 2002, ha caído frente al movimiento de las masas trabajadoras y campesinas. Suspendido en el aire durante meses, con una representación de cinco escaños en el parlamento (de los cien que lo componen), con un ridículo 7% de apoyo popular entre los 13 millones de ecuatorianos que habitan el país, enfrentado a sectores de las capas medias y a las masas pobres que han salido a la calle masivamente al grito de “Fuera Lucio”, su caída no es más que la crónica de una muerte anunciada. La explosión social del 2000 le dio a conocer y le llevó a ser popular entre los sectores más desfavorecidos. La adopción por parte del entonces presidente, J. Mahuad, de la dolarización de la economía ecuatoriana a finales de 1999 y de todo un paquete de medidas que significaban un empobrecimiento aún mayor de la población (más del 60% ya en la pobreza) culminó con la insurrección popular del 21 de enero de 2000, al frente de la cual se encontraba la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y que derrocó al gobierno de Mahuad. Sin embargo, debido a la falta de una política revolucionaria consecuente y a pesar de tener el poder en sus manos los dirigentes de este movimiento plantearon que no era el momento de terminar con el capitalismo y transformar la sociedad y permitieron a la burguesía hacerse nuevamente con el control. El coronel Lucio Gutiérrez, se dio a conocer entonces por negarse a reprimir a los trabajadores y campesinos y ponerse del lado del descontento popular. Una vez que las aguas volvieron a su cauce fue encarcelado. Fruto de la presión de la movilización y previa renuncia a su carrera militar, fue liberado. Fue entonces cuando junto a otros oficiales forma un partido político, “Sociedad Patriótica 21 de enero”, para presentarse a las presidenciales del 2002.
Estos son los antecedentes que permiten entender la actitud que tuvieron
en esas elecciones las masas pobres hacia Lucio Gutiérrez. Un personaje
que no era del todo fiable para la burguesía ya que en una nueva oleada
de la lucha de clases podría optar por basarse en las capas populares y
retar a quienes llevan siglos gobernando para el beneficio de unos pocos. Sin embargo, rápidamente,
Lucio Gutiérrez se decantó por ser un fiel y sumiso aliado del
imperialismo norteamericano. En el 2003 pactó con el FMI un programa de
ajuste brutal: congelación salarial hasta el 2007, 120.000 despidos en el
sector público, no reconocimiento del derecho de huelga en el sector público,
el aumento del precio del gas en un 375%, privatización del sector eléctrico,
petrolero, teléfonos, agua, etc. Las huelgas en distintos sectores han
estado presentes durante todo su mandato y en las elecciones municipales
de octubre de 2004 sufrió un fuerte revés electoral con un escaso 5% de
los votos. Gutiérrez entró rápidamente en el
redil capitalista cavando su propia tumba.
El 26 de enero y el 16 de febrero se producen manifestaciones de 100.000
personas en Quito y Guayaquil, las dos principales ciudades del país, que
muestran el tremendo malestar que se vive. Al frente de éstas se
encuentran el alcalde de Quito, Paco Moncayo, de la socialdemócrata
Izquierda Democrática (ID) y el de Guayaquil, Jaime Nebot, del derechista
Partido Social Cristiano. Mientras los manifestantes exigen claramente la
salida de Gutiérrez, los alcaldes insisten una y otra vez: “No queremos
que se vaya. Sólo queremos que rectifique”. Su objetivo es bien
distinto al de los manifestantes. En realidad, estos alcaldes tratan de
apoyarse en un movimiento fuerte en la calle para defender su posición y
sus privilegios. Quieren hacer fuerza para negociar con el presidente su
cuota de influencia en la judicatura que se ha visto mermada o eliminada,
con el cambio de jueces en el CSJ, en beneficio de otros sectores de la
burguesía ecuatoriana. Los trabajadores y campesinos ecuatorianos no
pueden confiar lo más mínimo en estos dirigentes, sus intereses en esta
lucha no son los mismos. La visita en marzo del director general del FMI, Rodrigo Rato, a Ecuador no fue ningún detalle. Al día siguiente hubo una movilización de decenas de miles de personas en Quito para rechazar sus planes (despido de 5000 empleados públicos, recorte del gasto social, eliminación de subsidios y la apertura de los sectores petrolero y energético al capital privado). Todo esto en un país en el que el 20% de la población más rica, tiene el 60% del Producto Interior Bruto, mientras que el 25% más pobre recibe el 4% del PIB; en el que los índices de desempleo y subempleo alcanzan el 46% de la población activa, o en el que el 45% de la población no dispone de agua potable.
Tras esta visita y cediendo a las presiones de Rato, Lucio Gutiérrez,
envió al parlamento, con carácter de urgencia, un dardo envenenado para
campesinos y trabajadores: la Ley Orgánica de Racionalización Económica
del Estado, más conocida como “Ley Topo”. Un nuevo ataque salvaje que
pretende privatizar la seguridad social, las eléctricas, flexibilizar el
mercado laboral y la entrega de pozos petroleros muy rentables del Estado
a las multinacionales. El viernes 15 de abril se produce un punto de inflexión. Ante el ascenso de la movilización, el presidente rodeado de militares (aunque con alguna ausencia significativa, que hace pensar en las primeras divisiones en el ejército) anuncia a través de la televisión el estado de emergencia “con el objeto de paralizar o neutralizar la movilización social que amenaza con desbordarse y terminar con Gutiérrez”, se recortan los derechos de reunión, manifestación, se permite a las autoridades registrar las casas sin orden judicial, etc. A la vez anuncia la disolución de la Corte Suprema de Justicia. Con esta medida intenta calmar los ánimos de sus opositores en el parlamento, de los sectores de la burguesía descontentos con su actuación y, por otra parte, busca aterrorizar a los sectores populares que se vienen manifestando ininterrumpidamente durante toda la semana y si es necesario reprimirlos en sangre su protesta. De hecho, ya ha empezado a organizar grupos de choque como el grupo “Cero corrupción”, al estilo de las bandas stalinistas, para provocar enfrentamientos y justificar la intervención del ejército e, incluso, un golpe militar. En los alrededores de Radio La Luna un grupo de unos 40 provocadores intenta atacar las instalaciones, pero la intervención de miles de personas contra ellos lo impide. Miles y miles de manifestantes salen a las calles desafiando el estado de emergencia, el ejército no actúa y en menos de 20 horas se anuncia el levantamiento del estado de excepción y la celebración de una sesión extraordinaria del congreso para el domingo 17 de abril para que el congreso ratifique el cese del CSJ (lo cual no quiere decir que se vuelva a reabrir el caso de los ex presidentes corruptos).
Es evidente que el presidente sale derrotado en esta pulseada. Al retroceder
dio un mayor impulso al movimiento popular que, además, percibe más nítidamente
la debilidad del gobierno. Sectores de las fuerzas armadas estaban incómodos
por la actuación del presidente, la embajadora de EEUU en Ecuador tuvo
que llamar a la prudencia y al diálogo al presidente al igual que la
Conferencia Episcopal Ecuatoriana y, el vicepresidente, Alfredo Palacio,
salió públicamente criticando el estado de emergencia. La burguesía ya
estaba buscando recambio a un presidente que olía a cadáver político.
El vicepresidente, que durante el último año se había ido distanciando
de Gutiérrez y que ahora le exigía que reconociera “los errores
cometidos o corre el riesgo de enfrentar una disolución de la nación”,
podía ser una buena opción.
Mientras, en un intento por controlar la situación, el congreso nombraba
como nuevo presidente al hasta entonces vicepresidente, Alfredo Palacio.
Como dice el refrán son “los mismos perros con distintos collares”.
Sus primeras declaraciones han sido “hoy han terminado la dictadura, la
inmoralidad, la prepotencia, el terror y el miedo. Aquí no va haber perdón
ni olvido”. Sin embargo, los gritos contra él tampoco se han hecho
esperar. Palacio no es más que otro representante de los capitalistas
cuyos intereses nada tienen que ver con los de los trabajadores y
campesinos pobres de Ecuador. Estamos asistiendo a una nueva maniobra
dilatoria de la burguesía para mantener el poder en sus manos. |
Miriam Municio (Ecuador)