El asesinato de Rucci y los delitos de “lesa humanidad”

OPERACION EXTRAVIO

Aparentemente para mejor recuerdo del excepcional dirigente asesinado hace 35 años, compañero José Rucci, todo a lo largo y lo ancho del país se desarrolla hoy un operativo a través del cual el enemigo atenta contra la soberanía de la nación y compromete gravemente su futuro histórico El señuelo es la noble figura del compañero caído, miserablemente asesinado por miserables. Y en el operativo anti-nación se envuelven instituciones tan caras al Movimiento Nacional y tan entrañadas en el legado de Perón al pueblo argentino como la CGT, nada menos.

Porque mientras Rucci estuvo a su frente, la CGT supo defender los intereses de los trabajadores, de la política y doctrina de Perón y de la nación misma, todo a la vez, con eficacia ejemplar. En cambio ahora se compromete públicamente (ver La Nación, 13/9, p. 11) a solicitar por vía parlamentaria y judicial que el crimen de que José fue víctima sea declarado de “lesa humanidad”.

¿Qué es la “lesa humanidad?

Cuando hace suya esta figura jurídica, una nación cede su poder de juzgar, según sus propios tribunales y leyes o mejor convenga a su destino político, todos los delitos que en su territorio se cometan. Acepta una jurisdicción internacional que la obliga a declarar a algunos imprescriptibles y posibilita que, incluso después de siglos, sean juzgados por tribunales supranacionales subordinados a organismos mundialistas, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Corte Penal Internacional establecida por el Tratado de Roma, donde Soros, por ejemplo, tiene abundante injerencia.

Esto quiere decir que si a una institución o particular –munido de fondos que no dejarán de proveerle– iniciara juicio primero a la nación española por el real o supuesto genocidio de su conquista contra los aborígenes, y luego a las naciones independientes de América que fueron herederas políticas de aquélla nos encontraríamos con que:

1) El delito real o supuestamente cometido hace más de 5 siglos no prescribió y su caso puede ser abierto.

2) Su juzgamiento puede quedar a cargo de tribunales internacionales financiados y dirigidos por intereses vorazmente codiciosos de nuestros bienes y tierras.

3) Al vaivén de esos intereses, nuestras naciones podrían quedar así condenadas a ceder partes decisivas de su territorio y recursos, a reales o supuestos descendientes de los genocidados. Y claro que las nuevas regiones así establecidas; con sus bienes; quedarán entonces más al alcance de los dueños del mundo, y nuestras naciones así mutiladas mucho más indefensas de lo que están.

Negocio perfecto pues para Soros o Kissinger, para los intereses que gobiernan el mundo, un negocio cuya posible realización se acelera cada vez que se declara de “lesa humanidad”, como quiere la CGT, cualquier delito que sea. Mientras como particularidad vigente en Argentina, es jurisprudencia aquí que sólo son de “lesa humanidad” delitos en los que esté comprometido el Estado. O sea que éste, y por lo tanto el pueblo argentino, será el que obligatoriamente pague los platos real o supuestamente rotos.

Deudos de ex guerrilleros real o supuestamente desaparecidos fueron beneficiados ya con jugosos resarcimientos –sustraídos al erario público y por lo tanto a todo nuestro pueblo– en virtud de esta figura jurídica. Con ella se persigue además a Isabel, seguramente con la pretensión de involucrar a Perón mismo y de favorecer, además de su descrédito, el número de los deudos beneficiables, considerablemente. Sólo que estos detalles no deben impedir la visión del todo: cualquier acontecimiento de la historia argentina y americana podrá ser así juzgado y sus actores condenados, con consecuencias como las detalladas a propósito de la conquista. Ya la CIDH condenó por un caso de 1970 a Panamá a pagar 190.000 dólares. Pero los casos a juzgar no acaban con esto y la extorsión sobre los escasos bienes panameños queda allí tan indefinida y gravemente abierta como aquí.

No es de extrañar entonces que La Nación, en su editorial de hoy, celebre alborozada la decisión pro-mundialista de Moyano y los suyos. Festeja con ello una claudicación del Movimiento Nacional y de las tres banderas de Perón tan magníficamente defendidas por José, donde la soberanía sin desmedros es el fundamento de todo lo demás.

Operación extravío

Observemos por lo demás que tal claudicación es parte de un operativo cuidadosamente orquestado. Vienen sucediéndose mails y páginas internéticas que, movilizando loables sentimientos, reclaman, bajo pretexto de castigo al delito indignante, se arríen las banderas por las que José y el general dieron su vida. Un periodista, inveterado enemigo del país, entrevista en su programa televisivo dominical a los equivocados hijos del dirigente asesinado, para que conmoción afectiva y confusión se agudicen. Otro publica en una poderosa editorial, bajo el nombre de “operación traviata”, un libro profusamente promocionado que a espesar iguales sentimiento y confusión apunta. Pero no nos dejemos engañar: operación traviata quiere decir operación desviada. Y esto califica no a la que terminó con la vida de José, aquélla logró el objetivo buscado, sino a ésta, la ahora en marcha, por la que el movimiento nacional se suma a los criterios políticos y jurídicos del mundialismo.

Los dirigentes sindicales comprometidos en el desvío deberían tener presente la sentencia del general: “El pueblo marchará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”. Pero tal vez no sea necesario que les dé su merecido el pueblo. Quizá los mismos que se ocuparon de Rucci o de Vandor, reserven para unos cuantos de ellos, por otras razones, el mismo destino, una vez que la desviación en marcha quede consumada. O quizá los condecore Soros. En todo caso, preferimos no estar en su pellejo.