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LA VERSIÓN IRANI DEL ATENTADO A LA AMIA por Seprin.com En el Nombre del Altísimo
El Gobierno argentino y el caso de la AMIA
El Gobierno de Carlos Menem, presidente de Argentina entre los años 1989 y 1999, no pudo en la práctica llevar el caso de la AMIA a resultados concluyentes. Es más, incluso Menem y algunos altos cargos de su Gobierno fueron llamados a declarar a los tribunales como imputados y/o sospechosos. Los posteriores gobiernos argentinos han sido asimismo incapaces de obtener resultados concluyentes y poder de esta manera cerrar el caso, a pesar de que se ha hecho un seguimiento del mismo. En 2000, durante el gobierno de coalición radical, se formó una comisión especial en el Ministerio de Justicia con el fin de indagar en el caso de la AMIA, comisión ésta la cual, en realidad, se consideró como la manera de que el Gobierno argentino realizase sus propias pesquisas de manera paralela a las que llevaba a cabo el Poder Judicial. Nilda Garré, responsable de la citada comisión, fue obligada a dimitir en 2001 a petición de los fiscales que entonces instruían el expediente de la AMIA (Eamon Mullen, y José Barbaccia, los cuales de por sí también son sospechosos), por revelar los secretos sumariales del expediente. Alejandro Rúa, su sucesor, se ocupó del caso hasta febrero de 2006. Durante los más de cuatro años que Rúa estuvo al frente del caso obtuvo resultados sumamente interesantes que mencionaremos más adelante. Actualmente y desde febrero de 2006 Alejandro Eslocar es el responsable de la Unidad Especial de Investigaciones (UEI) de AMIA en el Ministerio de Justicia. En el período del gobierno de transición del presidente Eduardo Duhalde, y por orden suya, la SIDE elaboró en el año 2003 el primer informe oficial del dossier y lo entregó al presidente y a Galeano. Este informe, al parecer, se convirtió en la principal base de trabajo del juez Galeano. Lo extraño es que a pesar de que el susodicho informe había sido anunciado como secreto, sin embargo, los foros judíos, que habían accedido a su texto, lanzaron las críticas más fuertes contra la SIDE, el juez instructor del caso y el gobierno de Duhalde, rechazando el contenido del dossier al que consideraron carente de credibilidad. Éste informe hablaba de pruebas falsas e información no verdadera en la que Galeano se habría fundamentado para emitir el 5 de marzo de 2003 una primera orden de detención contra los cuatro responsables y ex diplomáticos de Irán (Fallahian, Rabbani, Parvaresh y Balesh Abadi), orden ésta la cual, obviamente, el Gobierno iraní se abstuvo de aceptar.
Después del viaje de Néstor Kirchner, actual presidente de Argentina, a los Estados Unidos y su encuentro con 12 grupos y asociaciones judías norteamericanas en el año 2003, él, quien tuvo muy en cuenta las observaciones del gobierno argentino para conseguir ayuda financiera, se comprometió a cerrar el expediente según el gusto de los sionistas. De esta forma, el juez instructor del caso emite una orden internacional seguidamente a las primeras, para la detención de los 8 diplomáticos iraníes (Soleimanpour, Asghari , Baghban, Amiri , Tabrizi, Molai , Alamolhoda y Monzavizadeh). En la citada orden se alude al lugar de residencia del Soleimanpur, ex embajador de Irán en Argentina, situada en la ciudad inglesa de Durham, y pide al Gobierno británico que le detenga y lo extradite a Argentina.
Detención y confirmación de la inocencia del ex embajador de la República Islámica de Irán
La detención de Hadi Soleimanpour, ex embajador de Irán en Argentina, el 21 de agosto del 2003 en Durham, con una documentación de 6000 folios presentados por el juez argentino, no fue aceptada por los Tribunales ingleses, por lo que el 12 de septiembre del 2003 el Tribunal Supremo de Gran Bretaña emite la orden de que sea puesto en libertad bajo una fianza de 750.000 libras esterlinas. Exactamente dos meses después, el ministro de Interior británico, tras anunciar que no se habían ofrecido suficientes testimonios para confirmar las acusaciones planteadas por parte del juez argentino, emitió una orden de prohibición de busca y captura de Soleimanpour, y, al día siguiente, es decir, el 13 de noviembre del 2003, un tribunal británico emite después de una sesión de 15 minutos un veredicto de inocencia y absolución de Soleimanpour, cerrando el caso oficialmente. Este veredicto del aparato judicial y de un tercer tribunal internacional era un documento explícito y conspicuo que indica lo infundadas y amañadas que estaban las pruebas. Es más, el veredicto de absolución había sido emitido por un Poder Judicial, el del Reino Unido, que a juicio del entonces ministro de Exteriores argentino, Rafael Bielsa, era “el más independiente del mundo.”
Pasados dos años de aquello Irán presentó una denuncia en el Tribunal Supremo de Gran Bretaña por ofensa contra el honor y reclamó una indemnización de 180.000 libras esterlinas por las costas procesales, cantidad que fue pagada por el Gobierno del Reino Unido a Irán. Este nuevo panorama era visto por los medios de información masivos internacionales como una gran éxito logrado por la diplomacia iraní en su batalla librada contra la campaña de acusaciones y descrédito contra la República Islámica de Irán.
CELEBRACIÓN DE UN JUICIO PÚBLICO CONTRA LOS ACUSADOS INTERNOS
El juez Galeano, además de haber emitido órdenes contra los doce diplomáticos iraníes, publicó también otras tantas de detención contra los cuatro oficiales de policía (Ribelli, Bareiro, Leal e Ibarra) y Telleldín (el vendedor que había testificado en falso bajo cohecho), enviándolos a todos a prisión. Estas personas, que son conocidas como los acusados internos, pasaron entre 8 y 10 años entre rejas. Las largas pesquisas llevadas a cabo por la UEI de la AMIA y el sistema judicial argentino así como la celebración de un juicio público al que nombraron como el nº 3, celebrado el 2 de septiembre de 2004, acabó todo con la absolución de dichos acusados.
En esta sentencia del Tribunal Oral Federal nº 3 se hacía referencia a la existencia de una conjura entre Galeano y el gobierno de Carlos Menem, que tenía como objetivo presentar como culpables a personas inocentes. Según esta sentencia, el magistrado Galeano había llevando adelante su actuación de manera ilícita basándose en la hipótesis de la incriminación para atraerse la simpatía, atender a una demanda lógica de la sociedad —que desea la detención de los criminales— y servir a los intereses ambivalentes y oscuros de los estadistas. El tribunal invalidó asimismo las pruebas del hallazgo del motor del Renault que, aparentemente, había sido utilizado para explosionar la sede judía, debido a estar adulterada la lista de los objetos hallados, y, de esta manera, se considera que Telleldín es inocente de la acusación de haber participado en la colocación de los artefactos explosivos. Durante el proceso judicial, Telleldín confesó haber declarado después de que el presidente de turno de la SIDE le hubiese ofrecido y entregado un soborno de 400.000 dólares por testificar en falso.
Los responsables de la SIDE salieron del paso insistiendo en que el asunto se enmarcaba en una acción de información, por lo que consideraba legal el pago de esa suma. El día en que se hizo efectivo el pago de un adelanto de 200.000 dólares a la esposa de Telleldín, apareció en el juzgado, en el pie de una declaración, la firma de ésta que corroboraba la participación de la Policía de Buenos Aires en la venta de una camioneta cuyos restos aparecieron entre los escombros del edificio de la AMIA. Dicha declaración de Telledín y su esposa era un acuerdo preliminar con el juez Galeano y los fiscales que llevaban el caso.
Por otro lado, Galeano también debía responder en cuanto al asunto de Miriam Salinas, a la cual, tras ser detenida, la obligó a aceptar ser testigo oculto para incriminar a los oficiales de policía capitaneados por Ribelli. También tenía que dar cuentas por instigar a Semorile, ex abogado defensor de Telledín, acusador éste de los miembros de la policía.
SE DESCUBREN LOS DESAGUISADOS Y EL CAOS Y ES CESADO GALEANO
Tras descubrirse que las pruebas y la documentación relativas a las investigaciones llevadas a cabo por el juez Galeano fundamentadas en una serie de testimonios eran todas falsas y amañadas, dicho magistrado acabó siendo cesado en agosto de 2005 por numerosas infracciones y desaguisados en el curso de las pesquisas. El cese fue ordenado por el Consejo de la Magistratura de Argentina, y, tras un juicio político, fue suspendido de su cargo.
Poco después de esta sentencia, el Tribunal Oral Federal nº 3 destituyen a Mullen y Barbaccia, fiscales del caso. La destitución de Galeano constituye una prueba y un testimonio de por sí fehaciente que acredita el descrédito, valga la redundancia, de sus autos anteriores junto a otras pruebas por éste presentadas, todo lo cual es avalado por la sentencia de los Tribunales británicos que tachaba de engañosos los alegatos que se habían inventado contra los diplomáticos iraníes, por lo cual el falso expediente de la AMIA es esta vez desbaratado por el mismo aparato judicial argentino y objeto de escándalo.
Con la destitución de Galeano, Claudio Bonadío fue nombrado juez de las investigaciones para poner orden y concierto en el caos del caso de la AMIA, pero, tiempo después, luego de un seguimiento realizado por Ribelli, el oficial de policía que fue absuelto por el Tribunal Oral Federal nº 3, acusó a Bonadío de ser amigo y partidario de Galeano y el ex ministro de Interior, por lo que también acabó siendo destituido del cargo para cedérselo a Ariel Lijo, juez federal argentino. De igual manera, Ribelli presentó una demanda en la que pedía la detención de Galeano, de varios ex responsables de la judicatura, del presidente Menem, de algunos miembros de su gabinete, de ex jefes de la SIDE, del ex presidente de la DAIA, del ex presidente de la Policía Federal, de dos ex fiscales del caso, etcétera.
Visto lo visto, cobró fuerza la sospecha de que las explosiones fuesen en realidad una trama premeditada en la que participarían algunos responsables del Gobierno y de la Judicatura de Argentina en concomitancia con los foros sionistas. Ribelli señala en el escrito de su demanda que dichas personas forman parte de una sociedad ilegal que dieron cobertura a estas operaciones e impidieron ilegalmente y durante años que los acusados fuesen puestos en libertad.
Este asunto fue asimismo revelado por Rúa, ex jefe de la UEI de la AMIA en el Ministerio de Justicia desde 2001 a 2005. En una entrevista que Rúa ofreció al rotativo argentino La Nación el 1 de febrero de 2006, sostiene que tanto el Gobierno como el aparato judicial de Argentina no cumplieron con su deber y sus responsabilidades para con el caso y las investigaciones, debido a presiones políticas. De acuerdo a sus declaraciones, un tribunal independiente (Tribunal Oral Federal nº 3) llegó a la conclusión de que los tres poderes del estado se habían confabulado para alcanzar una solución fraudulenta. Rúa dice sin ambages: “Existe una asociación ilegal que desde 1995 quiere lograr una solución falsa y amañada en este caso, y, por esta misma razón, comete delitos de diversa índole, como presionar a los testigos, echar mano del erario público, realizar detenciones ilegales y manipular la información y los informes.” De manera ambigua, Rúa plantea la posibilidad de que el baricentro de estas relaciones sea el suministro de fondos ilegales a las campañas de las elecciones presidenciales de Menem y el negocio de la venta de armas convencionales y de componentes nucleares a países de Oriente Medio. Según él, el nombre de Hezbolá, de Irán y de personas como Mohsen Rabbani e Ibrahim Husein Berro fueron traídos a colación por cuanto no deseaban que saliera a la luz el baricentro de dichas relaciones. En otras palabras, poner sobre el tapete estos nombres tenía el propósito de confundir a la opinión pública y a la sociedad internacional.
Según declaró Rúa en su entrevista con el corresponsal de La Nación, “con el apoyo de una gran parte de las autoridades de la sociedad judía, el organismo de Seguridad, la Policía y el aparato judicial se fraguó una hipótesis falsa casi imposible de poner en duda o descartar en aquel entonces. No obstante, hubo un tribunal transparente (el nº 3), el cual, con nuestra cooperación, por poner un ejemplo, procedió a elaborar una orden para expedir la pertinente licencia para esclarecer las actuaciones de la SIDE en lo que se refiere al pago del soborno de 400.000 dólares entregado a Telledín para incriminar como acusados a los oficiales de la Policía.”
Sea de ello como fuere, durante el período que duró su cargo y como consecuencia de la celebración del juicio del Tribunal Oral Federal nº 3, Rúa solicitó la incorporación de la UEI como demandante en el expediente abierto contra Galeano y los demás, petición ésta que contó con el beneplácito del ministro de Justicia. De esta manera, el Gobierno de Argentina pasa a ser la cabeza de los demandantes contra personas como Galeano, que alteraron las pesquisas judiciales. A continuación damos los nombres de algunos sospechosos de injerencia o entorpecimiento de las investigaciones del caso de la AMIA o de ser miembros de la trama:
Claudio Bonadío. Juez designado para investigar el desorden y la ética puesta en práctica en el proceso de las pesquisas (2001-06), que fue posteriormente depuesto del cargo acusado de amiguismo y de tomar partido por Galeano y el ministro de Interior.
Asimismo está acusado de no haber hecho nada durante esos seis años para esclarecer el caos del dossier.
Tras las pesquisas realizadas, Nisman anunció haber identificado al terrorista suicida que atentó contra la AMIA y aventuró que esta persona era el mártir Ibrahim Husein Berro, un ex miembro del Hezbolá, algo que dijeron fue corroborado por los mismos hermanos del mártir libanés, que vivían en Detroit, Estados Unidos. Después de lanzar al vuelo estas pretensiones, el Hezbolá libanés anunció que Berro había caído mártir varios meses después del suceso de la AMIA, en una batalla que se libró en el Líbano contra los sionistas, y alegaron que su supuesta participación en las explosiones de la AMIA no corresponde de ninguna manera con la realidad. Los hermanos de Berro, llamados Abbas Berro y Hasan Berro, desmintieron por su parte las tesis del fiscal argentino. Abbas y Hasan revelaron que, efectivamente, habían sido entrevistados por el fiscal, pero que ellos nunca habían dicho tal cosa, es decir, que su hermano Ibrahim hubiese sido el autor material de esos crímenes, sino que había perdido la vida en el Líbano, en su pueblo de Talawza, durante una batalla que había librado para la liberación de su tierra de la ocupación israelí. Llegaron incluso a decir que lo habían visitado en su casa una o dos semanas antes de caer mártir.
Estas alegaciones coinciden también con la documentación que obra en el Ministerio de Justicia de Argentina, que da la razón a los hermanos del mártir libanés. Esta documentación indica que Nisman y Marcelo Martínez Burgos, los dos fiscales del caso de la AMIA, se entrevistaron con los hermanos de Berro en presencia de Barbara MacQuade, fiscal de estado de Michigan, en EEUU. Durante esta entrevista, Hasan y Abbas negaron cualquier relación de su hermano con el atentado suicida. En este documento se ve claramente que Abbas y Hasan aseguraron que su hermano Ibrahim fue martirizado en Líbano por los sionistas luchando con éstos, un 9 de septiembre de 1994, y que sus restos mortales no fueron hallados (probablemente cayeron en manos de los israelíes).
Posiblemente, lo que le empujó a Nisman a mentir con esas fue que después del encuentro producido entre las autoridades influyentes del Comité Judío de EEUU con Kirchner y tras la concesión de un placa de méritos a la esposa del presidente argentino, Kirchner les prometiera hacer un seguimiento serio del caso y que pronto tendrían noticias de la mano de Nisman. Esto mismo haría que Nisman anunciase en una conferencia de prensa que después de enseñar una fotografía a la testigo Nicolasa Romero, ésta afirmó haber un gran parecido entre la foto y el terrorista que ella vio.
CONFERENCIA ANUAL DE LA INTERPOL EXCULPA A LOS IRANÍES
Teniendo en cuenta la emisión de una orden internacional de detención contra los doce ciudadanos iraníes mediante el juez Galeano, que fue validada, a pesar de demostrarse lo falsas y banales que eran las tesis del juez depuesto, en 2004 la República Islámica de Irán remitió a la INTERPOL unos alegatos respaldados por pruebas documentales fehacientes con el fin de solicitar la derogación de dicha orden de detención. Tras estudiar los documentos y los informes remitidos por Teherán, procedieron a suspender la orden, pero, tras protestar por ello Argentina, pospusieron la decisión final para la siguiente conferencia anual de la INTERPOL.
La Asamblea General Anual de la INTERPOL, que se celebró en octubre de 2005 en la capital alemana de Berlín, después de discutir y estudiar la solicitud de Irán, votó finalmente a favor de anular la orden de detención emitida contra los doce ciudadanos iraníes. El presidente de este organismo anunció al final de esta conferencia que el magistrado argentino que emitió dicha orden había cometido un delito en el expediente de la AMIA y que había pagado un soborno a uno de los testigos, haciendo de esta manera en la práctica borrón y cuenta nueva sobre todas las acusaciones y rumores en torno a esos ciudadanos iraníes que incriminaron en los hechos.
Esta medida adoptada por la INTERPOL demostró nuevamente lo insostenibles que eran semejantes acusaciones lanzadas contra la República Islámica de Irán. Todo esto ocurría mientras el gobierno argentino ponía todo su empeño en impedir que este proceso siguiera adelante, tirando la toalla sólo un momento antes del anuncio oficial de la INTERPOL.
LA CORTE DE APELACIÓN DE ARGENTINA CELEBRA UN JUICIO
El 21 de mayo de 2006, se celebra un juicio en la Corte de Apelación de Argentina en el que se estudiaría la querella interpuesta por los demandantes, es decir, la AMIA, la DAIA y un nuevo grupo compuesto por los familiares de las víctimas, que pedían la derogación de la sentencia de absolución de los acusados de participar en las explosiones (entre dichos acusados se contaban Telledín, Ribelli y varios ex oficiales de policía). Los magistrados argentinos, entre los que se encontraban Gustavo Michel, Pedro David y Juan Fégoli, eran los encargados del proceso en el tribunal.
La comunidad sionista esperaba que la Corte de Apelación invalidara la sentencia de absolución del Tribunal Público nº 3. Sin embargo, tras escuchar las alegaciones de los demandantes y de sus abogados, no sólo no se invalidó la sentencia de absolución sino que además se ratificaron los cargos contra el Gobierno de Menem y el juez Galeano por haber transgredido la ley durante las pesquisas. Según la Corte de Apelación, el auto del Tribunal Público nº 3 se fundaba sobre pruebas documentadas. En otras palabras, dicha decisión gozaba de las bases y de los requisitos necesarios según el régimen jurídico como para validar la sentencia que se emitió.
PRESIONES DE LOS FOROS SIONISTAS SOBRE EL GOBIERNO ARGENTINO
Con 250.000 personas, la comunidad judía de Argentina se considera la mayor de América Latina. En este país, en EEUU e Israel, los foros sionistas están obcecados en seguir acusando a Irán de planear este atentado, inventándose para ello ridículas patrañas bajo formas diferentes. Con las últimas declaraciones de Mahmud Ahmadineyad, presidente de Irán, sobre Israel y el haber puesto en entredicho la historicidad del Holocausto, el actual presidente de la AMIA, Luís Grynwald ha aprovechado la ocasión para aventurar nuevamente que los voluntarios kamikaces que explosionaron la embajada de Israel y el centro de la AMIA recibieron instrucción en Irán y que fue el organismo de espionaje de este país el que les ayudó.
Entre los grupos que están haciendo un seguimiento del caso de la AMIA, se encuentra Memoria Activa, las asociaciones de la DAIA y la AMIA y el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales de Argentina, que es una institución influyente sionista. El Congreso Mundial Judío y los círculos judíos de EEUU e Israel también han estado presionando muy fuerte al Gobierno y al aparato judicial argentino para hacer llegar a buen puerto —que es el suyo—, los dos expedientes.
En Washington, las familias de las víctimas han presentado querellas por la ausencia de avances en las investigaciones. Ellos han elevado su demanda contra el Gobierno argentino a través de la Comisión de Derechos Humanos Interamericana, adscrita a la Organización de Países Americanos (OPA). Hasta la fecha, esta comisión ha convocado varias reuniones a las que han asistido autoridades gubernamentales y judiciales de Argentina y familiares de las víctimas. La reunión llevada a cabo en Washington entre los familiares de las víctimas y el presidente Kirchner en febrero de 2006 fue liderada por la OPA y los círculos sionistas estadounidenses con el propósito de intentar distraer la preocupación de los supervivientes en lo que respecta al avance de las investigaciones y para proponer una comisión que estudiara una reforma de todas las leyes nacionales argentinas en materia de terrorismo, propuesta ésta que contó con la aprobación de Kirchner, quien por su parte dio la buena nueva de que el caso seguía avanzando y de que en breve escucharían buenas noticias de boca del fiscal.
Por otro lado, los familiares de las víctimas en Buenos Aires se habían entrevistado en multitud de ocasiones con dignatarios del Gobierno argentino a quienes habían trasladado sus demandas. Cabe mencionar la reunión celebrada entre el ministro de Justicia y deudos de las víctimas de la explosión de la AMIA el 1 de junio de 2006, en el transcurso de la cual el ministro pidió que el caso siguiese adelante. Después de las querellas, el Gobierno de Argentina ha aceptado hacerse cargo de las costas judiciales de los familiares de las víctimas.
EL CASO DE LA AMIA A DÍA DE HOY
Con todas las transgresiones perpetradas, no sólo se han dado por
descartadas todas las acusaciones lanzadas contra los procesados argentinos
a lo largo de estos doce años sino que además cada día cobra más fuerza la
existencia de una trama organizada por los foros sionistas interinos y
varios ex dignatarios. Las nuevas autoridades y dichos ex dignatarios están
a día de hoy ocupados en acusarse mutuamente, hecho que es reflejado a
diario por los medios de información de Argentina. Así, Rúa, ex jefe de la
UEI de la AMIA entre 2001 y 2005 y uno de las primeras personas que
desvelaron el papel de los saboteadores en las pesquisas, se le está
juzgando por haber criticado al actual ministro de Justicia. Él señaló en su
crítica que después de que Alberto Iribarne se hizo cargo de la cartera de
Justicia se ha ralentizado tanto el proceso como las investigaciones que
rodean al mismo. Rúa también ha sido mordazmente criticado por Memoria
Activa, la ONG judía con sede en EEUU. Esta clase de críticas no hace sino
acrecentar las sospechas sobre la implicación del sionismo internacional en
el saboteo de las investigaciones.
Según las leyes argentinas, los expedientes judiciales se cierran automáticamente una vez pasados quince años. No obstante, recientemente el ministro de Justicia ha anunciado que existe en la actualidad una doctrina en virtud de la cual los crímenes en atentado terrorista no prescriben pues son considerados crímenes de lesa humanidad.
La ausencia del presidente de Argentina y su esposa en la ceremonia donde se conmemoraba el duodécimo aniversario del atentado contra la AMIA levantó las críticas de los foros judíos. Un día después de estas ceremonias, Kirchner reaccionó declarando en un tono severo no poder hacer juegos malabares después de un largo tiempo de impunidad. Tras hacer referencia a los pactos que bajo cuerda realizó el ex jefe de la DAIA (Ruben Beraja) con el Gobierno de Menem, la adulteración de las pesquisas judiciales por parte del juez Galeano y la ocultación de pruebas, Kirchner señaló que el Gobierno argentino ha anunciado que estas maniobras “sucias y repulsivas” constituyen delito.
Las declaraciones de Kirchner son un botón de muestra de que el Gobierno ha acabado enterándose de muchas cuestiones que se mantenían entre bastidores y que se esfuerza por mantenerse al margen de estos hechos amañados y repulsivos de estos últimos años. Algunas declaraciones oficiosas que hablan sobre la ausencia de Kirchner en la conmemoración del doce aniversario de la explosión contra la AMIA sostienen que dicha ausencia se debió a que el mandatario argentino no quiere enfrentarse cara a cara a la petición contundente que se le hace de cortar totalmente las relaciones políticas con Irán, de lo que se desprendería que Buenos Aires no desearía ver más deterioradas de lo que están sus relaciones con Teherán. Sin embargo, se debe tener presente que el Gobierno argentino tiene una capacidad limitada para resistir a los lobbyes sionistas.
Fuentes: “Herald” (periódico publicado en Buenos Aires, Argentina), 24 de junio del 2006- 23 de junio del 2006- 23 de marzo del 2006- 15 de marzo del 2006 -7 de marzo 2006. La Nación (periódico publicado en Argentina), 14 de junio del 2006- 18 de mayo del 2006- 14 de mayo del 2006- 28 de abril del 2006- 17 de marzo del 2006- 16 de marzo del 2006- 26 de febrero del 2006. “Clarín” (periódico publicado en Argentina), 6 de junio del 2006- 27 de mayo del 2006- 31 de mayo del 2006- 24 de mayo del 2006- 20 de mayo del 2006- 26 de abril del 2006, 21 de abril del 2006, 6 de marzo del 2006- 3 de marzo del 2006- 11 de febrero del 2006. “El Frontón” (periódico publicado en Argentina), 10 de mayo del 2006 Revista “La familia verde” [en persa, Janavade-ye-sabz], nº 131, abril-mayo 2005, en su artículo “Desde la explosión de la AMIA en Argentina hasta la amante del ministro de Interior del Reino Unido”. (en el portal de Internet de la revista: www.ksabz.net)www.weblog.autbasij.org (25-06-2004) (2-08-2004)
DECLARACIONES DE NISMAN: UNA SECUENCIA MÁS DE UN ARGUMENTO REPETIDO
Mientras que se esperaba que el Poder Judicial argentino pusiera orden y concierto y diese un cambio radical al proceso judicial de la AMIA tras destaparse los desmanes cometidos por Juan José Galeano, el juez anterior que instruía el caso, y se hiciese, esta vez sí, hacer valer los derechos de los familiares de las víctimas que perecieron en aquellas explosiones, el actual fiscal, Alberto Nisman se presentó en una rueda de prensa el pasado 25 de octubre de 2006 para repetir el mismo repertorio de siempre y volver a acusar a los ex responsables de la Embajada de Irán en Buenos Aires y al Hezbolá libanés de haber perpetrado aquel atentado.
Nisman, que se encarga del caso desde que hace dos años fuese destituido Galeano, manifestó en dicha rueda de prensa: “La decisión de volar la AMIA fue tomada en 1993 por las altas autoridades de Irán, quienes encargaron el trabajo a Hezbolá.”
Por este motivo, Nisman le ha pedido al juez federal de Argentina, Rodolfo Canicoba Corral , que dicte una orden internacional de detención contra el ex presidente de Irán, Akbar Hashemi Rafsanyani, el ex ministro de Inteligencia, Ali Fallahian, el ex ministro de Exteriores, Ali Akbar Velayati, el ex comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohsen Rezai, un comandante de las fuerzas Qods, Ahmad Vahidi, el ex consejero cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, el ex diplomático iraní en Argentina , Ahmad Asghari y el jefe de Servicio de Seguridad Exterior de Hezbolah libanés en 1994, Imad Fayez Moughnieh.
El periódico argentino La Nación escribe en su edición del 26 de octubre
de 2006: “Un solo dato indica que habría que tomar con mucha cautela el
dictamen del fiscal Alberto Nisman: los ocho iraníes cuya captura ha pedido
al juez Rodolfo Canicoba Corral ya figuraban en un pedido similar formulado
en 2003 por el propio Nisman al antecesor de Canicoba Corral, el hoy
procesado Juan José Galeano.”
Cuando se trata —añade— de una causa como la de la AMIA, plagada de
mentiras, operaciones periodísticas, falsos esclarecimientos y enormes
déficit de pruebas, la cautela debería extremarse. Y más en este caso cuando
del dictamen no sólo no surge nada novedoso en cuanto a la posible trama del
atentado, y se insiste en dar por probadas hipótesis que no lo están, como
la de Ibrahim Hussein Berro como el eventual conductor suicida”.
Así, podemos ver cómo el informe de Nisman no contiene nada nuevo importante pues se limita a los mismos argumentos que en su día ya dijo Galeano, el juez destituido por numerosas irregularidades cuyas infundadas tesis mucho tiempo hace que han sido descartadas, tal como ha quedado dicho. La ausencia de una base jurídica y argumentada en el informe de Nisman es algo de lo que muchos rotativos se han hecho eco y de lo que no pocos partidos han tenido que admitir. Así, el rotativo argentino Clarín señaló en su edición del 26 de octubre de 2006 que “como el estado argentino es incapaz de hacer inteligencia en el Medio Oriente, tanto Galeano como Nisman se apoyan en informes del Mossad y la CIA y en las declaraciones del llamado Testigo C, en momentos en que Irán vuelve a ser cuestionado por EE.UU por su polémico plan nuclear.” La agencia de noticias Prensa Latina también sostiene por su parte en un extenso artículo la “existencia de abundantes dudas” en cuanto al informe de Nisman, y, los grupos de izquierda, tachan el dossier de este fiscal en una columna de Prensa Obrera de una “nueva artimaña llevada a cabo por EEUU e Israel a través del aparato de justicia argentino.”
Es por esta razón que los musulmanes, las asociaciones de izquierda y muchos librepensadores de Argentina le pidieron al juez federal Rodolfo Canicoba Corral en la manifestación que organizaron el pasado 3 de noviembre frente al Tribunal en Buenos Aires que “no se deje embaucar puesto que el informe de Nisman no es más que un juego político”, y, los grupos de izquierda recordaban que “hoy se reeditan los mismos argumentos, sin fundamento, basados en las pruebas secretas que provocaron la caída de Galeano”. “Todo esto es una gran mentira: primero condenan a Irán y Hezbolá y luego inventan una historia que suene verosímil, pero que como no es real no puede comprobarse y entonces la disimulan tras la llamada prueba secreta", consignaron.
Según opinan los expertos, lo que sí se observa como novedoso en el
informe del fiscal es la nueva trama conspirada por Washington y Tel Aviv
para presionar a Teherán en el tema del pulso nuclear que los iraníes
mantienen con Occidente, sin por ello despreciar el factor venganza, en este
caso, por haberse visto el régimen sionista derrotado ante el Hezbulá en su
embestida contra el Líbano el pasado verano pues, en esta guerra, los
miembros del Hezbolá pudieron, merced a su arrojo, acabar con la fábula del
pretendido carácter invicto del régimen usurpador de Jerusalén, ganándose de
camino el Hezbolá las simpatías de todo el mundo, en especial, de los
musulmanes y de los antiimperialistas.
No en vano, el informe de Nisman ha obtenido sólo la aprobación de aquellos países —EEUU e Israel— que le pidieron a este fiscal que emitiese una orden de seguimiento internacional contra las autoridades iraníes.
REACCIÓN DE IRÁN
En contrapartida, Irán ha reaccionado emitiendo un comunicado en el que
tacha de “infundadas” las acusaciones que le incriminan en las explosiones e
insta al Gobierno de Argentina a que “evite cometer los errores del pasado
y, para mantener su propia reputación, respalde cualquier tipo de declaraciones con las pertinentes pruebas y documentos.”
Asimismo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Ali Hoseini, ha tenido que salir nuevamente a la palestra para recordar las corruptelas de Galeano, la sentencia firme dictada por los tribunales británicos que exculpan al ex diplomático iraní y el dictamen del Consejo Ejecutivo emitido por la INTERPOL sobre la falta de pruebas que respalden los cargos habidos contra los ex diplomáticos iraníes, todo lo cual en su conjunto, e incluso por separado, son una prueba irrecusable de lo infundadas que son las acusaciones del magistrado depuesto sobre cualquier hipotética participación de Irán en las explosiones.
Hoseini advirtió que “la nueva propaganda y la actual atmósfera negativa contra Irán y el Hezbolá libanés se encuadran en objetivos políticos sionistas y se proponen crear una brecha entre el pueblo y el Gobierno argentino así como disipar el ambiente antiisraelí que se ha fraguado en la opinión pública de Argentina a raíz de las agresiones sionistas y la matanza indiscriminada de hombres y mujeres palestinos y libaneses.”
En este mismo comunicado, Hoseini explica cómo la misma República Islámica ha sufrido en sus carnes el terrorismo en sus diversas modalidades, y cómo ha tenido que soportar la pérdida de vidas humanas y gastos materiales por haber sido el blanco de este nefasto fenómeno, por lo que siempre los ha condenado. Por otro lado, el máximo responsable actual de la embajada de Irán en Buenos Aires, Mohsen Baharvand insistió —citando incluso declaraciones periodísticas del ex juez del caso, Galeano— en que lo escrito por Nisman en su informe “es lo mismo de antes y no hay nada nuevo. Lo que han agregado es acusar al gobierno de Irán”. Agregó Baharvand: “No creo que estos reclamos sean
irracionales. ¿Por qué esta causa es tan compleja y nunca se esclarecerá? La
base de estos problemas es que primero se define al responsable y después
buscan las pruebas del crimen. En realidad, ésta es la base de los problemas
entre la Argentina e Irán.” Baharvand expresó que “condena y rechaza” las acusaciones del fiscal federal Nisman, que, como contrapartida, apoyaron los gobiernos de Estados Unidos e Israel. “Vamos a ser sinceros con nosotros mismos y pongamos este informe como una fuente para salvar la opinión pública argentina y a los familiares de las víctimas de este callejón sin salida que representa este terrible hecho”, afirmó Baharvand en un comunicado que envió a Clarín .
PREGUNTA PRINCIPAL
Las pocas novedosas declaraciones de Nisman han servido sobre todo, y quizá exclusivamente, para impactar al público y dar pábulo a la apagada teoría de la implicación de Irán en los hechos, como autor intelectual. Llama la atención el hecho de que el anuncio del fiscal de la AMIA es prolijo en detalles, nombres propios, comunes y en topónimos, precisamente cuando lo más característico de este caso a lo largo de toda esta docena de años ha sido la falta de claridad y la nebulosidad que siempre ha rodeado al mismo. Tal como apunta Roberto Molina desde Prensa Latina, entre los elementos dudosos de sus argumentos están dos de singular relevancia. El primero es la certeza en cuanto al artífice externo del atentado, mientras no hay pistas firmes sobre el nexo interno. También, para el diario página 12 “el grave problema del dictamen y el que afrontan los fiscales es que resulta muy difícil probar quién fue el autor intelectual cuando no hay casi ningún dato sobre los autores materiales.” Según Molina, el segundo es que la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) de Argentina era señalada por el fracaso en sus pesquisas e incluso de perjudicar la investigación, mientras ahora la fiscalía se deshace en elogios porque “se ha manejado con una profesionalidad digna de encomio”. La pregunta que vuela sobre todo este escenario es por qué ahora se lanza una denuncia tan aparentemente reveladora, cuando su contenido no dista mucho de lo divulgado en el pasado, incluido el espinoso asunto de la ausencia de pistas claras sobre la conexión interna, calificada aquí de agujero negro.
También el director de la Mezquita At-Tawhid de Buenos Aires, el sheij Abdul Karim Paz, ha pedido que “queremos que se esclarezca lo que pasó realmente en la Amia, no lo que hace doce años la Cia y el Mossad dicen que pasó, generando un verdadero escándalo en la justicia argentina y en aquellos que están encargados de la ‘investigación’”.
El sheij Paz defiende que “la República Islámica de Irán no tuvo nada que ver en la embajada israelí y en la Amia, y es un insulto a los argentinos y a los familiares de la Amia, desviar la investigación de lo ocurrido siguiendo los intereses políticos imperiales de Israel y Estados Unidos.”
Voces expertas señalan que las experiencias de los lobbyes sionistas en estos casos demuestran que éstos están especialmente dotados para la guerra psicológica y el manejo de expedientes conflictivos, y que, por tanto, las autoridades israelíes, respaldándose en los medios de información judíos de EEUU y Argentina, se han empeñado a lo largo de estos 12 años en aprovechar el caso AMIA para saldar viejas cuentas políticas con sus rivales en Oriente Próximo —Líbano, Siria e Irán— y utilizarlo contra ellos como arma arrojadiza y palanca de presión. Entretanto, a veces, los estadistas de Argentina y el Poder Judicial de este país, ya sea a sabiendas o inocentemente, se han dejado manejar por estos peligrosos devaneos políticos, mas he aquí que el destino que le deparó a Galeano dejó claro para los argentinos que con este tipo de juegos no hacen sino sacrificar y poner en peligro los intereses de la nación y provocar crisis en sus relaciones con el exterior. Muchas son las lecciones que encierran el caso de la AMIA para los argentinos. Una sería en que tanto el pueblo como los gobernantes de este país sudamericano deberían comprender hasta qué punto las asociaciones sionistas han calado en su sistema judicial, de seguridad e incluso en su aparato gubernamental. Por esta misma razón, deberían estar ojo avizor y no permitir a ningún poder ajeno interferir en sus expedientes internos, ni sacrificar sus relaciones exteriores en aras de los juegos políticos de ciertos grupos influyentes.
Tal como ha insistido el encargado de Negocios de la embajada iraní en Buenos Aires, el susodicho Baharvand, “estamos seguros de que algún día se disiparán las oscuras nubes de la conspiración y la incertidumbre en el caso AMIA y que el sol de la verdad alumbrará las verdaderas dimensiones de ese amargo suceso”. Será en ese día cuando, según una expresión persa, se le pondrá la cara negra a quien la tenga manchada.
FUENTES:
- Clarín ,Argentina, 26-10-2006, Daniel Santero :“ Doce años después, la misma pista”- Clarín , Argentina , 2-11-2006 : “Nuevas críticas de Irán por la marcha de la causa” - La Nación, Argentina, 26-10-2006, Jorge Urien Berri :“ El peligro de jugar con fuego”- IRNA, Agencia de noticias de Irán, 26-10-2006: “Irán rechaza las acusaciones de algunos magistrados argentinos en el caso AMIA” - Prensa Latina, Agencia Informativa Latinoamericana, 26-10-2006, Roberto Molina : “Dudas opacan acusación contra Irán”- Prensa Obrera, Argentina, Nº 970(26-10-2006), Alejandro Guerrero : “Amia: Se cierra el encubrimiento judicial” - Télam , Agencia de noticias oficial de la República Argentina, 2 de noviembre de 2006
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