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LA
EXTRANJERIZACIÓN DE YPF
por
Carlos Solivérez * (RIO NEGRO ON LINE)
Con el
asesoramiento del ministro de Economía (1976-1980) José Martínez de
Hoz, las dictaduras militares se abocaron a poner públicamente en
evidencia la 'ineficiencia' de YPF. Se derogó el decreto 632/74 que le
daba el monopolio de la industrialización y comercialización de
combustibles. Se congelaron los sueldos de sus profesionales y los mejores
migraron a las empresas privadas. Entre 1977 y 1982 debió entregar más
de 25 yacimientos en plena producción. Se la obligó a endeudarse (de 350
millones de dólares en 1975 a 4.600 en 1983) con préstamos que no recibió
y a hacer inversiones inmediatamente privatizadas, como el gasoducto
Centro-Oeste. Debió pagar el petróleo de sus contratistas a precios que
en 1982 cuadruplicaban los costos promedio de extracción en el país. Las
petroleras privadas, que en 1976 eran un porcentaje ínfimo, en 1982
alcanzaron el 40% de participación en la industria. El riesgo empresario
fue casi totalmente asumido por YPF, que entre 1977 y 1985 hizo 942 pozos
de exploración contra 18 de las privadas.
La presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) mantuvo esas políticas para
los hidrocarburos. Su Plan Houston licitó, sin intervención del
Congreso, miles de kilómetros cuadrados de cuencas continentales y
plataforma submarina. Redujo al 27% la parte de YPF en la venta de
combustibles; en 1989 los aportes al fisco de YPF y Gas del Estado
igualaban a los de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Cuyo y
Patagonia. Promovió la contratación privada de barcos de transporte en
vez de reparar la flota de YPF. Según el fiscal nacional de
Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas, en 1987 YPF compró más
de ocho millones de metros cúbicos de petróleo a 93 dólares el barril y
vendió a Shell y Esso otro tanto a sólo 45 dólares.
La resultante 'ineficiencia' de YPF sirvió de justificación al
presidente de Carlos Menem (1989-1999) para venderla al capital
extranjero. Aunque violaba la ley de Hidrocarburos 17.319 (1967), legalizó
la entrega con las leyes 23.696 de Reforma del Estado y 23.697 de
Emergencia Económica elaboradas por su ministro de Economía Domingo
Cavallo. En 1990, cuando facturaba unos 4.000 millones de dólares
anuales, el decreto 2.778 transformó a YPF en sociedad anónima bajo la
dirección del ingeniero José Estenssoro, empresario petrolero con
importantes vínculos internacionales. Usando sólo criterios de
eficiencia y rentabilidad, sin tener en cuenta las consecuencias sociales
y geopolíticas, su Plan de Transformación Global vendió o cerró los
sectores de menor valor, poco rendimiento o prescindibles. Esta 'poda
vigorizadora', simultánea a la eliminación de empleados y la
reorganización de los métodos de conducción y trabajo de los que
quedaron, hizo a YPF una empresa vendible en el mercado internacional.
En 1990 YPF era el cuarto mayor empleador del país con el 13% de los
trabajadores públicos: 50.000 empleados de los que 15.000 eran
temporarios, ilustrando el criterio clientelista con que se lo manejaba.
Su número se redujo a 23.000 en 1991, 13.000 en 1992, 9.000 en 1993 y
unos 6.000 en el 2001 como Repsol-YPF El gobierno menemista hizo astutas
maniobras para neutralizar las protestas por los despidos masivos. Concedió
subsidios, contratos y privilegios especiales al Sindicato Unido de
Petroleros del Estado (SUPE). Dio a los 'prescindidos' retiros
'voluntarios' y jubilaciones anticipadas con grandes indemnizaciones que
muchos usaron para comprar, por ejemplo, su propio remise. También
recibieron cursos de capacitación en panadería, computación, pantalonería,
aviación... que tal vez les permitieron competir con ventaja contra los
profesionales universitarios que en la época manejaban taxis y remises.
La ley 24. 145 (1992) otorgó a los cesantes el 10% del valor de venta de
YPF, aún no pagado a la fecha de publicación de este artículo. La
privatización tuvo máximo impacto en los lugares donde la explotación
de hidrocarburos era la principal o única fuente de trabajo, como
Comodoro Rivadavia, Cutral Co, Plaza Huincul, Río Grande, Tartagal y
Vespucio. Es prototípico el caso de Cutral Co, inicialmente un campamento
petrolero de una zona desértica de Neuquén, cuya única fuente de
ingresos era y sigue siendo la actividad estatal. El cese de actividades
afectó tanto a los pobladores que, en 1996, cortaron la ruta durante
varias semanas iniciando el movimiento piquetero que se extendería a todo
el país. Durante esas protestas fue muerta Teresa Rodríguez, hoy emblema
del movimiento.
En 1993 se vendió el 80% de las acciones de YPF por 6.300 millones de dólares,
acciones que en 1998 valían 10.300 millones. Aunque el costo promedio de
producción era muy inferior, las petroleras privadas vendían
internamente el petróleo a precios internacionales (el costo ronda hoy
los 7 dólares por barril, se vende a 47 y el precio internacional excede
los 90). Cuando aumentaba el valor internacional, los combustibles
aumentaban eso y un poco más; cuando en 1998 el precio internacional
disminuyó un 40%, los precios bajaron menos del 3%. Durante todo el período
las petroleras tuvieron irrestricta libertad de remisión de utilidades,
dividendos, regalías y pagos de patentes; de importación de maquinarias,
equipos, insumos y tecnologías aunque existieran en el país; de
transferencia de pagos por supuestos préstamos contraídos en el exterior
con sus casas matrices; de repatriación parcial o total de capitales
cuando lo quisieran. Dejaron de pagar el impuesto al crudo procesado que
financiaba obras hidroeléctricas. El resultado fue que entre 1991 y 1998
sus ganancias aumentaron un 70%, mucho más que el promedio de las 100
empresas más grandes del país. Mientras se exportaba valiosa materia
prima sin elaborar, la industria petroquímica (el valor unitario de cuyos
productos elementales más que triplica el del crudo) producía sólo para
el mercado interno, desmintiendo la supuesta actualización tecnológica
de la industria petrolera.
Durante la Segunda Década Infame, gracias a la Revolución Productiva que
la mayoría de nosotros votó, los argentinos pagamos los combustibles a
precio internacional, hicimos desaparecer nuestras reservas de
hidrocarburos, regalamos renta petrolera al exterior, congelamos el
crecimiento de nuestra industria petroquímica y de fuentes de energía,
redujimos drásticamente el poder de compra de nuestros salarios,
eliminamos millones de puestos de trabajo, condenamos a migrar a
poblaciones enteras y convertimos en desaparecidos sociales a más de
dieciocho millones de nuestros pobres e indigentes.
* Carlos Solivérez es Doctor en Física y Diplomado en Ciencias
Sociales.
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