1.
Que una afiliada del Partido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Ivanna García Moreno, afrontó el inicio de una causa penal en el ámbito
de esta Capital por el supuesto delito de imprimir remeras “discriminatorias”.
El proceso fue iniciado por orden del Ministerio de Seguridad a cargo de
la ex terrorista Nilda Garré, a través de la Policía Federal. El
emprendimiento textil de la afiliada imprimía remeras para todo tipo de
negocios y actividades, desde gimnasios hasta bandas de rock, estando
muy relacionada con el ámbito musical. Las remeras cuestionadas,
curiosamente, habían sido pedidas por un anónimo y no pertenecían a
los trabajos habituales de la joven. ¿Quién pidió esas remeras? Un
agente encubierto de la Policía Federal que dio una identidad falsa, y
cuyo nombre real consta en el expediente judicial que se tramita por
ante el Juzgado de Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2 de esta
Ciudad. Es decir, se trató de un operativo armado por la PFA, en base a
una orden directa de Nilda Garré. Llamó poderosamente la atención que
el día del allanamiento llegó junto a los agentes un móvil del canal
ultraoficialista CN23 y cronistas del periódico electrónico
Infobae.com, circunstancia inusual que solamente se explica por el interés
político que se escondía detrás de esta maniobra.
2. Que los libros incautados pertenecen a una amplia biblioteca política
privada de García Moreno, que incluye libros de peronismo, comunismo,
socialismo y de otras tendencias políticas. Sin embargo, por expresas
órdenes del Ministerio de Seguridad, los agentes policiales insistieron
en negarse a hacer un inventario real y completo de dicha biblioteca, y
solamente se limitaron a sacar los pocos libros que les parecieron “útiles”
para armar la causa. Además, ninguno de esos libros está
criminalizado, pues se venden libremente en librerías y quioscos de
todo el país. De existir una normativa con una lista taxativa de libros
“prohibidos”, quisiéramos conocer el decreto o ley que la establece,
y además que se informe a la población cuándo los tribunales
medievales, las hogueras de la Inquisición o los comisarios de
pensamiento de la ex Unión Soviética se hicieron cargo de regir el
destino de nuestros ciudadanos.
3. Que García Moreno aceptó su responsabilidad al imprimir esas
remeras “discriminatorias”, fruto de la trampa gubernamental y
policial mencionada, y es por ello que su abogado defensor, de común
acuerdo con la Fiscalía y el Juez Dr. Carlos Alberto Bentolila,
convinieron en que no se hiciera ningún tipo de juicio y que se
limitara todo a una sanción menor de 3 MESES en suspenso, más la
realización de algunas horas de trabajo comunitario, como se estila en
los casos de faltas menores.
4. Resulta vergonzoso que desde medios del Gobierno y del grupo Clarín
se haya difundido sistemáticamente la falsa información de que dicha
condena fue “de 3 años de cárcel”, lo que delata la mala fe que
los inspira. Asimismo, en un informe especial emitido por el noticiero
telenoche se mostraron imágenes de un allanamiento que no corresponden
a esta causa, lo que demuestra que ya esa mala fe no tiene límites. De
hecho, es además poderosamente llamativo que ningún periodista se haya
contactado con la defensa legal de la Sra. García Moreno, o con la
Secretaría de Prensa o la dirigencia de nuestro Partido, a efectos de
chequear la información o de permitir hacer un descargo. Reiteramos,
con absoluta mala fe, desacreditando el ejercicio de lo que debe ser la
profesión periodística, se limitaron a relatar su versión unilateral
y falaz, una práctica que tiene su antecedente con tiempos
dictatoriales que esos mismos medios afirman repudiar.
5. En términos concretos, no puede ya desconocerse que lo que se ha
desatado es una perversa y maliciosa campaña difamatoria, no sólo
contra una joven patriota y trabajadora, madre de un niño pequeño que
tenía un simple taller de impresión de remeras, sino que estamos en
verdad ante un ataque directo y frontal con el Partido Alternativa
Social, sus dirigentes, militantes y simpatizantes.
6. Que, por si algo faltara, se ha sostenido en un informe televisivo
del Grupo Clarín emitido por Telenoche en el día de ayer y de hoy, la
mentira de que Alternativa Social es en realidad una organización
anterior a la cual se le cambió únicamente el nombre. El Partido
Alternativa Social se fundó el 22 de diciembre de 2008 y participó en
las elecciones legislativas del año 2009 y la elección general del año
2011 en la Ciudad de Buenos Aires, obteniendo miles de votos. Su
personería legal jamás fue cuestionada ni nuestra institución está
imputada en accion judicial alguna, y su financiamiento ha sido en todo
momento correctamente documentado y presentado ante las autoridades
electorales competentes.
7. Declaramos y sostenemos que este ataque, orquestado desde el
kirchnerismo en singular alianza con su supuesto “archienemigo”, el
Grupo Clarín, apunta de manera evidente, obsesiva y discriminatoria
contra la figura de nuestro máximo referente y Líder Nacional, el
Compañero Alejandro Carlos Biondini, a quien incluso desde hace varias
semanas se viene acusando aviesamente desde medios de prensa
oficialistas de ser uno de los impulsores de distintos hechos de
protesta contra el régimen.
8. Alternativa Social reafirma su medular condición de Partido Democrático,
legalmente constituído en nuestro país, sostenedor y defensor de las
banderas históricas del Movimiento Nacional. Reafirmamos, asimismo, que
no cejaremos jamás en esta lucha contra el sistema de corrupción y
dependencia que desde hace tantos años viene agobiando a todos los
Argentinos, y que no dudamos que el pueblo en las urnas, más tarde o más
temprano, terminará dándonos masivamente la razón.